SEÑALAMIENTO 2018/02491.
UN SALUDO.
ASUNTO:
SEÑALAMIENTO 2018/02506.
EL TAXI SE REÚNE CON LA CONCEJALA DE POLICÍA LOCAL
Hoy día 23 de Abril de 2018, se ha mantenido una reunión con la Concejala de
Protección ciudadana, Anais Menguzzato y los responsables de Policía Local de
Valencia para evaluar y contrastar información sobre lo acontecido el pasado día 15
de Marzo con el problema de tarifas, así como todo lo que afecta al Taxi de Valencia.
Sobre el día 15 de Marzo, empezar diciendo que se ha transmitido en todo
momento la frustración y humillación que sintió el sector ese día, que llevando unas
tarifas homologadas por ITV, siendo inocentes e incluso víctimas de la situación, los
taxistas eran multados y perseguidos por la Policía Local como culpables del error.
La Concejala nos ha transmitido, que aunque entiende que la Policía Local
hizo su trabajo no permitiendo que los usuarios pagaran unas tarifas
superiores a las publicadas, también entiende perfectamente que los taxistas
ese día fueron los más perjudicados de la situación, porque además de ser
víctimas del error, la pérdida económica y el perjuicio a la imagen repercute
directamente sobre ellos.
Se ha presentado un informe sobre las denuncias interpuestas y los momentos en
que se pusieron, quedando patente que casi el 90 % de ellas se pusieron por la tarde,
y por la mañana se dedicaron mayormente a informar a los taxistas de la situación.
Sobre el despliegue de controles por toda la ciudad, se ha comunicado al sector
que coincidió con la mayor presencia policial que había en Fallas, insistiendo que
solo se empleó el personal que tenían en la calle ese día para el control de tráfico.
Sobre la falta de control a las VTC también se han presentado datos de las
inspecciones realizadas y se puede constatar que una de cada 3 VTC existentes
en Valencia han sido inspeccionadas en el primer trimestre del año por la
Policía Local.
Hemos insistido en que es necesaria más agilidad cuando se les llama, a lo que la
Concejala ha contestado que hacen lo que pueden con los medios de que disponen,
aunque se nos ha informado que han mejorado mucho los medios técnicos en el
último año, pero consideran que se necesitan cambios legislativos que doten de
mayor competencia a la Policía Local para poder ser más eficaces.
En cuanto al control al sector del Taxi de Valencia, en el mismo periodo solo
se han realizado 22 inspecciones (sin contar las del día 15) y nos comentan que
están esperando a la actualización de tarifas e ITV para empezar una campaña
de inspección, que como novedad a resaltar, se pedirá el horario de inicio y fin
de jornada laboral en los contratos que deben llevar los asalariados del taxi en
el vehículo.
Como resumen decir que es importante entender la labor que hace la Policía Local
en el control del Transporte y que como ha quedado constatado hoy, es muy
importante que periódicamente contrastemos información para que no haya abusos o
malos entendidos por ninguna de las partes, entendiendo también que en todos los
colectivos hay personas que no hacen bien su trabajo.
LAS JUNTAS DIRECTIVAS , USO, ATCV, FEDERACIÓN .
València, 21 abr (EFE).- El director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, convocará «en los próximos días» a las asociaciones del sector del taxi en la Comunitat Valenciana para «estudiar en profundidad la efectividad de las medidas adoptadas» por el Gobierno central sobre el sector del alquiler de vehículos con conductor (conocido como VTC).
La convocatoria responde a que, según ha señalado Domingo en un comunicado, ?todavía no se puede valorar si resuelve el grave problema ya creado ante el avance del número de autorizaciones de VTC o se limita a evitar que el problema se agrave todavía más?.
Desde la Conselleria que dirige María José Salvador han apuntado que estudiarán la nueva normativa junto al sector del taxi, aunque han avanzado que algunos de los aspectos que recoge ?van en la línea de las propuestas elaboradas por este departamento para garantizar mayor seguridad jurídica al sector del taxi ante el avance en los últimos años de los alquileres de vehículos con conductor?.
En ese sentido Domingo ha recordado que en la reunión que el ministro de Fomento mantuvo en junio con las comunidades autónomas para abordar la cuestión, desde la Generalitat se exigió al Ministerio una regulación más concreta de las VTC «para acabar con los problemas de interpretación de la normativa que las regulaba».
Ello porque ?el sector del taxi está muy regulado tanto en las normativas autonómicas como estatal, mientras que el sector de las VTC estaba muy liberalizado, por lo que existía una gran descompensación entre ambos?.
La «confusa regulación» en la materia ha generado en los últimos años una «avalancha de resoluciones judiciales en toda España» que están obligando a la Generalitat al otorgamiento de licencias para este tipo de vehículos «en cumplimiento de esas sentencias judiciales?, ha asegurado.
Ante ello, el Gobierno valenciano «llegó incluso a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJCV que obligaba a otorgar 200 licencias de VTC».
Según el director general, la Conselleria ya había puesto en marcha las medidas oportunas para garantizar la seguridad jurídica del sector del taxi «dentro de sus posibilidades», puesto que hay que las competencias en la materia «son exclusivamente del Estado».
Entre estas medidas están las pegatinas identificativas de los vehículos con conductor o la creación de mesas contra el intrusismo en las tres provincias de la Comunitat.
Además, dentro de la Ley del Taxi recientemente aprobada «y con la finalidad de establecer al máximo la situación dentro de los límites que la normativa estatal permite», se introdujo una disposición adicional tercera que incluye en el ámbito de la Comunitat «limitaciones cuantitativas para el otorgamiento de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor». EFE
Publicado por la Vanguardia.
Comprar una licencia de VTC en España para poder trabajar con Cabify o Uber puede llegar a costar actualmente más de 60.000 euros. El precio se ha triplicado en poco más de dos años -a finales de 2015 valían apenas 20.000 euros- y se sitúa así ya en la mitad prácticamente de lo que cuesta una de taxi. La patronal de las VTC lamenta que Uber esté a favor de una «desregulación incondicional» en el sector
Aunque en los últimos días ha habido casos en los que, ante el temor de que el Tribunal Supremo decretara la liberalización del mercado, se han vendido licencias a precio de saldo, lo lógico es que los precios vuelvan a subir y se estabilicen una vez que el Gobierno ha establecido por ley la limitación de una licencia de VTC por cada treinta taxis. La escalada de precios responde a que el mercado está cerrado.
Las organizaciones de taxistas responsabilizan directamente a Cabify del fuerte encarecimiento experimentado. Según las fuentes consultadas por este periódico, «esta compañía se ha dedicado en los últimos años a impulsar la creación de empresas que han ido aglutinando decenas de licencias y que luego han ido vendiendo de acuerdo con sus intereses, fomentando la especulación y provocando una burbuja en el mercado».
De acuerdo con los datos que figuran en el Registro Mercantil, la sociedad Maxi Mobilty Spain, que gestiona en España el servicio de Cabify, es accionista de Vector Ronda Teleport, una empresa que controla a su vez decenas de compañías de transporte. Es el caso, entre otras muchas, de Cab Car Madrid, Majoalmi, Global Merlini, Global Meleto, On VC Fiesta Omnibus o Yirmi.
En una conversación con elEconomista, Mariano Sylveira ha asegurado de forma tajante que «Cabify no es el propietario de estas compañías», aunque sí que admite que tiene una participación es Vector Ronda, con lo que de forma indirecta, controla también todo el entramado creado en torno a las licencias de VTC. Cab Car Madrid tiene 57 licencias asociadas mientras que otras, que son de reciente creación, de momento, solo tienen el objeto social de «alquiler de vehículos con conductor» y están preparadas para recibir cientos de licencias cuando sean liberadas vía ejecución de sentencia.
En los últimos años, Cabify ha ido vendiendo o dando entrada a distintos inversores en las firmas que creó para albergar licencias VTC. Es el caso por ejemplo de Moove Cars Sustainable. A mediados de 2015, Cabify creó Yirmi UC Fiesta Omnibus y el verano pasado, cuando ya tenía unas 76 licencias asociadas en Madrid y Barcelona se la vendió a Jaime Castellanos y Jon Riberas, entre otros, que le cambiaron el nombre a Moove Cars. Las licencias operan con Cabify.
Cabify ofrece dos vías distintas de trabajar con la compañía. Una de ellas es ser autónomo y otra trabajador por cuenta ajena para una de las empresas que tienen flotas de vehículos con licencia VTC.
En este segundo caso, los salarios se elevan a poco más de 900 euros, con jornadas de 10 horas y media durante seis días a la semana.
Los conductores, según denuncian varios de ellos, pueden ser despedidos además en cualquier momento en el caso de que la valoración de los usuarios en la aplicación sea baja.
La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) se ha desmarcado de la otra patronal del sector, Fedetaxi, al considerar que las medidas aprobadas por el Gobierno sobre los vehículos de alquiler con conductor (VTC) constituyen un «parche» que «no ofrece soluciones reales».
«El Ejecutivo no ha tenido en cuenta aspectos fundamentales como el establecimiento de criterios firmes para la transmisión de autorizaciones VTC o el papel de las comunidades autónomas en su gestión», indicó el presidente de Antaxi, Julio Sanz, en un comunicado.
«No es más que un nuevo parche que no soluciona el conflicto y que solo va a conseguir que se vuelvan a judicializar las normas que regulan la actividad de 100.000 familias», advirtió sobre el Real Decreto Ley aprobado en Consejo de Ministros.
«Se trata de un acuerdo de mínimos, con actores minoritarios, que olvida aspectos que harían que el sector cuente con una seguridad jurídica con la que ahora mismo, y como consecuencia de una cadena de malas decisiones por parte del Ministerio de Fomento, no cuenta», añadió.
Artículo original: www.expansion.com
La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha dicho que el real decreto-ley aprobado hoy por el Gobierno, para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), no ofrece soluciones reales y no ha tenido en cuenta a casi la mitad del colectivo del taxi.
En un comunicado, esta asociación de taxistas, formada por diez de toda España y que aglutina a más de 15.000 profesionales del taxi, afirma que la normativa no tiene en cuenta aspectos fundamentales como el establecimiento de criterios firmes para la transmisión de autorizaciones VTC o el papel de las comunidades autónomas (CCAA) en la gestión de las autorizaciones de VTC.
El presidente de Antaxi, Julio Sanz, ha dicho que el real decreto-ley es un «nuevo parche» que no soluciona el conflicto y que sólo va a conseguir que se vuelvan a judicializar las normas que regulan la actividad de 100.000 familias.
Ha añadido que la norma es «un acuerdo de mínimos con actores minoritarios», que olvida aspectos que harían que el sector contase con una seguridad jurídica que ahora no cuenta, de lo que culpa a las «malas decisiones» del Ministerio de Fomento.
Antaxi ha denunciado que el texto no les ha sido facilitado ni por la Administración ni por los partidos políticos, y no se les ha tenido en cuenta para elaborarlo.
Esta asociación ha recordado que este real decreto-ley se ha aprobado sólo tres días después de la vista oral en el Tribunal Supremo por la demanda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres (ROTT), que establecía la proporcionalidad de una autorización VTC por cada treinta taxis.
Por eso, expresa su preocupación por el futuro de las miles de solicitudes VTC que se han hecho desde noviembre de 2015 y se pregunta qué ocurrirá con ellas hasta que entre en vigor la nueva norma, en caso de que el Supremo estime la demanda interpuesta por la CNMC.
Artículo original: www.finanzas.com
Artículo original: antaxi.es
La Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI) denuncia que el Ministerio de Fomento haya aprobado una nueva norma en forma de Real Decreto Ley para regular la actividad de las autorizaciones VTC que no ofrece soluciones reales y que no ha tenido en cuenta a casi la mitad del colectivo del taxi, uno de los principales afectados.
Así lo ha expresado nuestro presidente, Julio Sanz, tras conocer que el departamento dirigido por Iñigo de la Serna ha sacado adelante esta normativa en la que “no ha tenido en cuenta aspectos fundamentales como el establecimiento de criterios firmes para la transmisión de autorizaciones VTC, o el papel de las Comunidades Autónomas en la gestión de este tipo de autorizaciones.
Y es que esta normativa no responde a las demandas de modificación que desde ANTAXIy el resto del colectivo llevan haciendo desde 2009 y “no es más que un nuevo parche que no soluciona el conflicto y que solo va a conseguir que se vuelvan a judicializar las normas que regulan la actividad de 100.000 familias”.
“Entendemos que el Gobierno puede ejercer la capacidad de legislar, pero al ser uno de los principales implicados en el conflicto, no puede obviar los intereses de la mayoría del sector del taxi formado por autónomos, como ha hecho en este caso”, ha subrayado Julio Sanz.
En este sentido, el presidente de ANTAXI ha mostrado la preocupación del sector con el futuro de las miles de solicitudes VTC que se han hecho desde noviembre de 2015 y se pregunta “que ocurrirá con ellas hasta que entre en vigor esta nueva norma, en caso de que el Tribunal Supremo estime la demanda interpuesta por la CNMC”.
Artículo original: antaxi.es
COSTA FAVOLOSA Sábado 21/04/18
Muelle previsto: CRUCEROS DOS
Hora de atraque prevista: 13:00
Hora de desatraque prevista: 19:00
Previsión de pasajeros en tránsito: 3138 pasajeros
Previsión desembarque: No
Previsión embarque: No
Idiomas mayoritarios: Italiano, Francés y Alemán
——————————
MEIN SCHIFF 3 Domingo 22/04/18
Este crucero no estaba previsto, se trata de una escala de última hora
Muelle previsto: CRUCEROS DOS (PENDIENTE DE CONFIRMAR EL SABADO 21/04/18 POR COMISARÍA A.P.V.)
Hora de atraque pevista: 09:00
Hora de desatraque prevista: 19:00
Previsión de pasajeros en tránsito: 2601 pasajeros
Previsión desembarque: 11 pasajeros
Previsión embarque: No
Idioma mayoritario: Alemán
COSTA NEORIVIERA Domingo 22/04/18
Muelle previsto: PONIENTE (PENDIENTE DE CONFIRMAR EL SABADO 21/04/18 POR COMISARÍA A.P.V.)
Hora de atraque prevista: 14:00
Hora de desatraque prevista: 22:00
Previsión de pasajeros en tránsito: 1173 pasajeros
Previsión desembarque: 3 pasajeros
Previsión embarque: No
Idioma mayoritario: Francés
SEVEN SEAS EXPLORER Domingo 22/04/18
Muelle previsto: TRANSVERSALES (PENDIENTE DE CONFIRMAR EL SABADO 21/04/18 POR COMISARÍA A.P.V.)
Hora de atraque prevista: 08:00
Hora de desatraque prevista: 18:00
Previsión de pasajeros en tránsito: 721 pasajeros
Previsión desembarque: No
Previsión embarque: 3 pasajeros
Idioma mayoritario: Inglés
Esta restricción establece la concesión de una licencia VTC para el alquiler de vehículos con conductor -usadas por las plataformas digitales- por cada 30 de taxi. El Gobierno busca adelantarse con esta maniobra a la sentencia del Tribunal Supremo que juzgará si el ratio 1/30 y otras restricciones aprobadas por Fomento en 2015 sobre el sector son legales. Se prevé que la resolución del Alto Tribunal se conozca en las próximas semanas tras la vista de conclusiones celebrada el pasado martes. De la Serna ha advertido a sus interlocutores de que una sentencia desfavorable del Supremo podría conllevar como consecuencia la autorización de miles de nuevas licencias VTC, propiciando el hundimiento del valor de las de taxi y arruinando al sector.
Además del límite en las licencias, el Supremo deberá pronunciarse sobre la restricción a la circulación de los vehículos VTC entre autonomías -la norma actual establece que un 80% de los recorridos debe realizarse en la región donde obtiene la licencia- y la obligación de contar con una flota mínima de 7 vehículos de gama media para obtener el título.
La estrategia de Fomento ha sido bien aceptada en un primer momento – «a falta de conocer la letra pequeña del decreto», aseguran fuentes parlamentarias- por todos los grupos políticos con amplia representación en el Congreso. PSOE, Ciudadanos y Podemos están de acuerdo en apoyar la convalidación de la nueva Ley con el fin de crear un «periodo de transición ordenada» hacia un nuevo modelo de movilidad en el que convivan taxis y VTC.
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El partido que dirige Pedro Sánchezse muestra partidario de apoyar el 1/30 siempre y cuando se abra luego un debate sobre la modernización del sector, tal y como ya ha intentado promover a través de una iniciativa parlamentaria. Coincide en este punto con Ciudadanos, que dará su apoyo a la convalidación con el compromiso de que Fomento reúna a la mesa sectorial del transporte para iniciar la reforma del taxi. El partido naranja apunta en sus propuestas de reforma del taxi a la flexibilización de las tarifas -permitiendo precios fijos para servicios precontratados, como los VTC- y la supresión de restricciones territoriales.
Uno de los primeros apoyos que dejó encauzado De la Serna ha sido el de Podemos, partido que incluso ha participado en sus protestas en la calle. «Nos han tendido la mano conocedores de nuestra férrea defensa de los taxistas. A la espera de conocer el texto, creemos que un acuerdo puede ser muy positivo para todo el país», explican desde esta formación.
El director general de Transporte de Fomento, Joaquín del Moral, había trasladado en distintos encuentros con el sector la voluntad del Gobierno para aprobar un real decreto-Ley que blinde la normativa del taxi. No obstante, fuentes oficiales de este departamento dijeron la pasada semana desconocer estas intenciones a preguntas de este medio.
El Gobierno tendrá que justificar a través de esta figura su «urgente y extraordinaria necesidad». De hecho, todavía quedaría margen para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -que pide la liberalización del sector- interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional. Precisamente, una de las últimas veces que el Gobierno utilizó esta vía fue para aprobar la indemnización a la plataforma de gas Castor en Castellón, que el pasado mes de diciembre fue anulada por el tribunal constitucional al no estar argumentada su «urgencia»
