“La verdadera batalla contra estas compañías no debiera pelearse en la calle sino en el Ministerio de Hacienda o en despachos de fiscalistas”. Así explica el periodista Javier Ruiz lo que se esconde detrás del negocio de las VTC, en un vídeo emitido el pasado martes en el programa ‘Noticias Cuatro 20h’ que ahora se ha hecho viral al ser compartido en Facebook por Spanish Revolution.
En el video, el periodista resume cómo estas compañías se las ingenian para pagar menos impuestos en España: “Deberían pagar en torno a 240 millones de euros en impuestos. Deberían. Uber ni siquiera existe en España«. «En España existe una compañía llamada Uber Systems Spain. Es una compañía que no se dedica al transporte de pasajeros. Se dedica al martketing, asegura. […] Y lo que paga en impuestos es lo que paga una Pyme: 53.000 euros en impuestos. De los 240 que les correspondería pagar”, resume.
El video ha sido compartido miles de veces en Facebook y en Twitter, donde ha generado cientos de reacciones.
El Consell fija un mínimo de 15 minutos para solicitar un servicio de VTC
Los ayuntamientos serán responsables de regular estos servicios en sus municipios
Una decisión similar desencadenó la salida de Uber y Cabify de Barcelona
Valencia pasa la pelota a los ayuntamientos: 15 minutos para reservar un VTC1RAFAEL ALONSO | 5 FEB 2019 – 20:13
La Generalitat Valencia transfiere a los ayuntamientos la responsabilidad sobre los servicios de VTC, como Uber o Cabify, y fija un mínimo de 15 minutos para reservar sus servicios. Se trata de una medida similar a la tomada por el Govern de Cataluña en el conflicto del taxi.
Hoy, el secretario autonómico de Vivienda, Lluís Ferrando se ha reunido con las asociaciones que representan al sector del taxi en la Comunitat Valenciana para abordar el conflicto que supone el auge de las empresas de alquiler de vehículos con conductor –VTC– en Valencia. Por su parte, el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, ha mantenido un encuentro con la entidad que aglutina a las empresas de VTC, Unauto, para comunicarles que trabajan en un decreto que establecerá un mínimo de 15 minutos entre la reserva y el inicio de sus servicios.
Por otra parte, la administración valenciana transfiere las competencias regulatorias a sus ayuntamientos para legislar respecto a los servicios de transporte con conductor en sus municipios, y se reserva el derecho sobre los desplazamientos interurbanos. Una contingencia prevista por el gobierno central el pasado mes de septiembre, cuando habilitó a las autonomías y los ayuntamientos para modificar las condiciones de explotación de las licencias de VTC.
El Consell ha recordado en su comunicado que «el sector de las VTC no está regulado, mientras que el sector del taxi está sometido a fuerte regulación», y ha añadido que su objetivo es «establecer una regulación para que los dos sectores puedan convivir y ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio, sin conflictos que les puedan perjudicar».
La conocida empresa Uber sigue con su intención de ampliar los servicios en Europa. Primero fueron los coches de alquiler con conductor (VTC), después los patinetes Lime, luego vino UberEats, y ahora los camiones. El servicio Uber Freight pone en contacto a empresas entre sí, pero también hace posible que las compañías puedan contratar de forma freelance a un conductor de camión para realizar un pedido en concreto.
En Estados Unidos, este servicio lleva ya funcionado dos años y el resultado es que consigue «conectar a las empresas de camiones de carga de cualquier tamaño, proveer un precio final antes de su contratación, otorgar pagos rápidos y crear la oportunidad de reservar un envío de carga con solo tocar un botón». También da la opción de contactar con transportistas freelance. Para dar más seguridad, el cliente controla con su móvil y a tiempo real el estado de su carga para que no haya problemas.
Por el momento, Uberdesembarcará en Holanda durante «las próximas semanas». Después de asentarse en este pequeño país europeo seguirán introduciéndose en el resto. No se conoce por ahora la fecha prevista para implantación de Uber Freight en España, pero la compañía asegura que será en «un futuro próximo».
Uber sabe que la logística es un sector clave en Europa y con un gran crecimiento. Por ejemplo, España recibió en inversión extranjera en el sector logístico algo más de 14.000 millones de euros. Por eso, la plataforma ha puesto el foco en facilitar la contratación a las empresas. Europa solo está por detrás de China y Estados Unidos en la demanda de transporte en camión.
Tensa relación con Europa
A pesar de las intenciones de Uber, la justicia y la política europea no ven con buenos ojos las iniciativas de esta plataforma. En 2015 el Tribunal Superior de Frankfurtprohibió el servicio UberPOP, que permitía a cualquier persona con vehículo propio trabajar en la plataforma. Además, el conflicto del taxi se ha extendido por toda Europa causando un gran enfrentamiento. De hecho, la compañía americana dejó de prestar servicio en Barcelona a causa de la regulación municipal y regional.
La gerente de Fenadismer, Yolanda Águila, ha sido la primera en reaccionar a esta noticia. Ella cree que el anuncio crea incertidumbre en el sector del transporte por carretera y pide que la llegada de Uber Freight se haga cumpliendo la ley.
Imagen de archivo de un taxi y un VTC del mismo modelo en un semáforo de la capita malagueñal. / SUR
Fomento pone en marcha un registro para verificar que todos los servicios de VTC son precontratados y que el 80% de sus carreras se realizan dentro de su comunidad autónoma
La actividad de los vehículos de turismo con conductor (VTC) estará más controlada a partir del próximo 1 de abril. Ese día está previsto que entre en funcionamiento la web en la que las empresas que operan a través de plataformas como Uber y Cabify deberán registrar todos los servicios que realicen. Este Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor está impulsado por el Ministerio de Fomento, cumpliendo así una de las reivindicaciones de los taxistas.
De este modo, esta herramienta de control permitirá tanto a los ayuntamientos como a las administraciones autonómicas consultar y verificar que todos los servicios que presten hayan sido precontratados (no pueden captar clientes en la vía pública) y que se cumpla la regla de habitualidad 80/20, que establece que un VTC puede trabajar en otra comunidad autónoma diferente a donde se encuentre domiciliada la autorización siempre que no supere el 20% de su facturación por trimeste. Se cumple así una de las reivindicaciones de los taxistas, que llevan tiempo denunciando casos de malas praxispor parte de algunos de estos coches.
Aunque la creación de este registro fue un compromiso adquirido por el Gobierno el pasado verano, no ha sido hasta ahora cuando ha concluido la tramitación para su puesta en marcha. El último paso se ha dado este jueves con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución dictada el pasado día 15 por la Dirección General de Transporte Terrestre por la que se anuncia que el sistema informático de gestión de este registro estará operativo a partir del 1 de abril. Tal y como explica Fomento, con esta medida se pretende «garantizar una competencia leal» entre el taxi y los VTC, facilitando el control del cumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios de los coches de arrendamiento con conductor. A partir de ahora, estos deberán comunicar previamente al registro los datos relativos a cualquier servicio que sea demandado. Para agilizar al máximo la implementación de esta medida se han habilitado dos formas de acceso: una a través de una aplicación web disponible en la sede electrónica del Ministerio de Fomento, y otra mediante un servicio web que permitirá a las empresas integrar esta comunicación en sus propias aplicaciones informáticas.
Más de 100.000 personas ha usado la app en Barcelona en dos semanas
Juan de Antonio, fundador y consejero delegado de Cabify, en Barcelona. / FERRAN NADEU
El fundador y consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio, ha defendido este miércoles en Barcelona que el modelo que usan en la ciudad es “100% legal” al haber optado por operar “como una empresa de VTC como las de los hoteles o las teles”. Además, ha afirmado que más de 100.000 personas han usado Cabify en Barcelona desde su retorno, hace poco más de dos semanas.
De Antonio, en una intervención en el Fòrum Europa, ha defendido que la misión de su compañía es ofrecer “una alternativa de movilidad sostenible”, y que lo que buscan con su vuelta a Barcelona es dar servicio a ciudadanos que buscan “servicios complementarios” al transporte actual.PUBLICIDAD
Por ello, según De Antonio, la compañía decidió, tras abandonar –como Uber- la ciudad por el decreto aprobado para limitar la operativa de las VTC, “adaptarse a la normativa” catalana operando “como una empresa de VTC” como las que tienen los hoteles o televisiones, donde el usuario firma un contrato y después puede usar el servicio. “Ni hay vacío legal ni se está usando”, ha remarcado De Antonio. “Si en algún momento se cuestiona nuestro modelo actual en Barcelona, se estará cuestionando el modelo de las VTC de hoteles o teles”, ha remarcado, aunque ha añadido que se trata de un «modelo temporal» ya que para la empresa lo habitual sería hacerlo con el modelo de plataforma de agencia de viajes.
De Antonio ha explicado que cumplen con la obligación de la precontratación de 15 minutos, pues el usuario, desde que entra en la app y firma el contrato, tiene que esperar ese periodo de tiempo para el primer viaje. A partir de ahí, entienden que el cliente ya ha aceptado trabajar con ellos y que por tanto no es necesario esperar ese tiempo. “La Generalitat nos ha hecho un requerimiento de información; y
nosotros responderemos como hacemos siempre porque no es una excepción, normalmente se nos hace un requerimiento en todos los mercados”, ha destacado.
Además, ha llamado a las administraciones y al sector del taxi a dialogar, pues según De Antonio “hay espacio para todos” y se deben “encontrar fórmulas regulatorias” acordes con la movilidad del futuro, que para De Antonio debe incluir el coche compartido. “Queremos trabajar con el taxi. Ya tenemos países donde los taxis están integrados en nuestra aplicación”, ha remarcado.
De hecho, De Antonio ha remarcado que “Cabify es bueno también para los propios taxistas”. “El taxi es una liado de Cabify”, ha demarcado el directivo, que ha afirmado que entorno al 50% de los servicios que prestan son completados por taxistas”. También ha asegurado que la facturación del taxi ha crecido pese a su presencia.
El fundador de la firma ha remarcado que pagan “todos los impuestos de la operativa local en España”, que ha cifrado en unos 40 millones de euros. “La propiedad intelectual también está en España”, ha agregado.
Sobre la posible salida a bolsa, De Antonio ha asegura que en su “hoja de ruta está la salida a bolsa”, pues les gustaría que cualquier persona pudiese participar en su empresa. “Nos gustaría hacerlo en España, pero también está claro que en la situación de incertidumbre regulatoria actual, no parece el mejor momento”, ha completado.
El Ministerio de Defensa ofrece en su portal de empleo interno para militares puestos de trabajo de «conductor de turismo», mientras el Gobierno del PSOE se inhibe en el conflicto del taxi y las VTC
El Gobierno de Pedro Sánchez se quitó de encima el conflicto entre VTCs y taxis en medio de la huelgas del sector en Madrid, argumentando que el problema era competencia del gobierno autonómico. Ahora, el propio Gobierno ofrece puestos de trabajo como conductores en empresas de licencias VTC a los militares que se ven forzados por ley a abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años de edad.
El ministro de Fomento,José Luis Ábalos,se inhibió durante la crisis del taxiadvirtiendo que si el sector tenía problemas era “responsabilidad” de la Comunidad de Madrid y de su presidente, Ángel Garrido.
Sin embargo, el Gobierno no tiene tantos reparos a la hora de ofrecer a los militares ofertas para trabajar como conductor de transporte privado de viajeros. Según ha podido comprobar OKDIARIO, en el portal de empleo interno del Ministerio de Defensa pueden encontrarse la oferta de diez puestos de “conductor de turismo”.
Todas las ofertas corresponden a puestos localizados en la Comunidad de Madrid. El nombre de la empresa de VTC que los solicita no aparece en la oferta, ya que para conocerla es necesario tener el permiso de seguridad que habilita para consultarla.
Las condiciones laborales de la oferta incluyen un sueldo de entre 15.000 y 18.000 euros brutos anuales, jornada completa y contrato indefinido. Se requiere tener más de 23 años, licencia de conducción con un mínimo de dos años de antigüedad y al menos ocho puntos en el carnet de conducir. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el próximo 31 de marzo.
Estas ofertas están específicamente dirigidas a militares que se encuentren inscritos en el programa ‘Sapromil’ (Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales de Personal Militar).
Esta iniciativa surgió para facilitar la salida de militares profesionales de la escala de Tropa y Marinería -soldados, cabos…- , ya que la Ley de Carrera Militar aprobada por el gobierno de Zapatero en 2007 establece que cuando lleguen a los 45 años de edad deberán abandonar la vida castrense. El Gobierno entiende que llegados a ese punto, sus capacidades físicas para la profesión disminuyen.
El colectivo de afectados por esta medida, formado por decenas de miles de soldados, se ha movilizado en los últimos años para solicitar al Gobierno que busque soluciones. Y una de las propuestas ha sido la creación de esta bolsa de trabajo.
Sin embargo, en los últimos años se han generalizado las críticas entre el personal militar hacia el proyecto. Denuncian, entre otras cosas, que una parte importante de las ofertas buscan candidatos sin apenas cualificación o con sueldos muy inferiores al que perciben en su puesto de las Fuerzas Armadas.
VALÈNCIA (EFE). La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana ha cuestionado la objetividad del informe de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat, que está en sintonía, según la patronal de los VTC, Unauto, con los emitidos por el órgano nacional y los de otros territorios.
La Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat considera que el proyecto de decreto ley de VTC elaborado por la Conselleria de Obras Públicas «restringe la competencia» y supone «un claro perjuicio» para los usuarios, y por ello recomienda eliminar algunos aspectos recogidos en él.
Los taxistas consideran, según indican en un comunicado, que las distintas comisiones de la competencia «están despilfarrando dinero público para beneficiar» a empresas multinacionales «permitiendo y fomentando el monopolio», emitiendo «informes sesgados» y «denunciando» toda regulación del sector de VTC «ignorando sentencias».
Si los gobiernos autonómicos han denegado desde hace años las solicitudes de autorizaciones de VTC por sobrepasar el ratio con el taxi, «ahora no pueden dejar a este sector con la situación de desequilibrio y sin regulación autonómica», según la Confederación.
Alude a informes de movilidad de ayuntamientos con experiencia al respecto como Nueva York o San Francisco o de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, que apuntan a un incremento del tráfico en los núcleos financieros en el primer caso y a que una falta de regulación supuso un aumento de las tarifas y una disminución de la calidad del servicio, en el segundo.
Regulación del servicio de VTC
La Confederación de Taxistas Autónomos, asociación mayoritaria del sector, asegura confiar en la responsabilidad de los legisladores valencianos para que se pongan «al lado de la legalidad, la sostenibilidad y la seguridad» y regulen de forma clara el servicio de VTC.
Por su parte, el portavoz de Unauto Valencia, Ricardo González, ha destacado que el informe de la Comisión de Competencia de la Generalitat «va en sintonía» con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los órganos respectivos en Cataluña y Andalucía en relación a que el proyecto de decreto del Consell «va en contra de los consumidores».
Sobre las declaraciones de la consellera de Vivienda, María José Salvador, que dijo este jueves que el informe «ni es vinculante, ni preceptivo, ni se ha pedido», González ha señalado que la Conselleria ha preguntado a muchos colectivos su opinión sobre el proyecto pero a Competencia, que es un órgano de la Generalitat, «no le ha preguntado».
Ha añadido que, además del informe de la Abogacía de la Generalitat sobre el proyecto de decreto ley, que sí es vinculante, se debería haber solicitado la opinión del Consell Jurídic Consultiu, que también «es un órgano de la Generalitat para estas cosas».
El año pasado, la Dirección General de Tráfico estrenó un nuevo tipo de radar llamado Velolaser. Se trata de pequeños dispositivosportátiles y fáciles de ocultar que se pueden colocar en muy diversas ubicaciones de manera casi imperceptible. La implantación de esta nueva tecnología mejora la capacidad de vigilancia y la seguridad de los conductores.
Su control inalámbrico les permite funcionar de manera autónoma durante 5 horas, vía WiFi o 3G/4G, por lo que no es necesario que haya ningún agente de la Guardia Civil en las proximidades. Pueden actuar en autovías, carreteras convencionales y en zonas urbanas, ya sea colocados sobre un trípode, en los guardarraíles, en un pórtico o cabina lateral, o incluso en los vehículos de las patrullas.
El radar Velolaser es tan pequeño que se puede colocar en múltiples localizaciones (SocialDrive/Todoradares.com)
A pesar de su difícil identificación en las carreteras, las nuevas tecnologías y la aparición de las redes sociales permiten compartir informaciones en tiempo real. Y esto es lo que hacen, por ejemplo, los miembros de la plataforma colaborativa de conductores SocialDrive, quienes desvelan información y la ubicación de los radares a medida que los detectan en las vías por las que circulan. El objetivo es alertar al resto de automovilistas. Éstos son los secretos que la plataforma desvela de los Velolasers:
Su funcionamiento es limitado. SocialDrive y Pyramid Consulting, servicio de gestión de multas de SocialDrive, informaron de que los Velolaser no funcionarían ni con lluvia ni a temperaturas superiores a los 30 grados. Por lo que su operación se verá dificultada en verano y sobre todo en la zona sur y el levante español.
Estos dispositivos están capacitados para trabajar de noche, así que al caer el día no te despistes porque podrían sorprenderte en cualquier punto.
Cada Velolaser le costó 14.339 euros a la DGT (Invia Sistemas)
Su tamaño compacto de 50 centímetros ya hace difícil su percepción, pero además el hecho de que estén 1 hora y 10 minutos de media en cada posición, hace muy difícil que los usuarios se den cuenta de su existencia y puedan comunicarlo al resto. Su uso mayoritario es entre las 8:00 y las 13:00 horas y en un 67% de las ocasiones se instalan sobre un trípode.
Aunque su precisión es muy alta, los Velolaser solo miden la velocidad en el 75% de los casos, es decir, en tres de cada cuatro coches. Lo que significa que hay la posibilidad de que no te llegue la multa aún cometiendo la infracción. Aunque el riesgo existe.
Tienen un margen de error del 5 %. Serán un 2% menos permisivos con los excesos de velocidad que los radares tradicionales. Tenlo en cuenta cuando circules, ya que llegar más temprano a costa de la velocidad puede suponerte graves consecuencias.
La inversión inicial de la DGT fue de un total de 860.310 euros para 60 unidades, es decir, 14.339 euros por cada radar. Un desembolso económico elevado contando que actualmente hay más de 200 Velolasers operando en nuestras carreteras.
Las principales plataformas digitales de ‘delivery’ unen sus fuerzas en un grupo de trabajo que sus iniciativas lleguen con más fuerza a los entes públicos. El objetivo es poder normalizar un negocio que deja de crecer, mientras se estigmatiza por la opinión pública
Uber, Deliveroo y Glovo crean un ‘lobby’ para defender su modelo laboral ante el Gobierno Clara Rodríguez
ALBERTO SANZ
El negocio de las plataformas digitales de delivery no deja de crecer. Aunque la opinión pública siga poniendo en tela de juicio su modelo, sobre todo, en el trato que reciben sus repartidores. Un escenario que ha provocado que las principales empresas del sector abandonen su rivalidad en el mercado y decidan defender su negocio al unísono.
Uber Eats, Deliveroo, Glovo y Stuart ha formado un grupo de trabajo dentro de laAsociación Española de la Economía Digital(Adigital). Esta agrupación tiene como objetivo explica la situación de las plataformas digitales bajo demanda. Además, sus esfuerzos también se concentran en medir su impacto económico y social a través de estudios y actos públicos.
El principal punto de trabajo son las relaciones de trabajo entre plataformas y los trabajadores autónomos. «Ante la falta de políticas públicas e iniciativas regulatorias concretas que permitan definir un marco claro, el grupo está promoviendo propuestas de regulación inspiradas por el modelo legislativo creado en Francia», explican desde el sector.
Caso francés
El proyecto de ley que hay en estos momentos en Francia quiere definir las responsabilidades de cada una de las partes y que las plataformas ofrezcan más protección a los mensajeros aunque sin tener que tengan que ser asalariados. Una forma de proteger su modelo, cargado siempre de polémica, y que ha llegado a los tribunales que han dictaminado en algunos casos que se trataba de falsos autónomos.
El grupo está promoviendo propuestas de regulación inspiradas por el modelo legislativo creado en Francia»
Estas empresas buscan que exista un modelo que este a medio camino entre los autónomos y los contratos labores. Según detallan fuentes del sector, las representantes políticos saben que existe una necesidad de regulación de este servicio pero consideran que es ‘impopular’ hacerlo público.
Este grupo de trabajo lleva, aproximadamente, nueve meses en marcha. Una labor que cuenta con la colaboración de Adigital que lleva dos años realizado informes sobre trabajo y plataformas.
Tres millones de clientes
Las exigencias de Uber, Deliveroo, Glovo y Stuart se basan en la evolución del negocio en España. Según los datos de 2018 de Adigital, estas plataformas acumulan más de tres millones de clientes finales en sólo dos años. Esta cifra supone un crecimiento de casi tres veces desde 2016 con más de 19 millones de pedidos, 10 millones más que en 2016. Esto supone un crecimiento del 106%.
Por otro lado, el informe de Adigital analiza el impacto socioeconómico de las plataformas delivery en comercios y restaurantes. En 2018, los servicios delivery han generado más de 14.000 empleos y el impacto total en términos de aportación al PIB ha sido de 643 millones de euros; para 2020 se prevé que esta última supere los 2.000 millones de euros.
Finalmente, el estudio hace hincapié en la contribución de las plataformas digitales a la hora de mitigar el problema de la economía sumergida: el 92% de los pedidos se realiza por medios electrónicos, lo que garantiza la trazabilidad de las transacciones y de los ingresos de los trabajadores.
El colectivo acusa al regulador, dependiente de la Generalitat, de «fomentar el monopolio de las VTC». La entidad criticó en un informe la regulación que ultima el Consell por perjudicar a los usuarios y favorecer a los taxistas
Una de las concentraciones de taxistas celebradas en Valencia para exigir la regulación de las VTC . JOSÉ CUÉLLAR
A los taxistas no les ha gustado precisamente el polémico informe de la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) sobre el decreto que ultima el Consell para regular la actividad de los servicios de vehículos con conductor (VTC). Como informó ayer este periódico, la entidad, dependiente de la Conselleria de Economía, ha expuesto en un dictamen emitido esta semana que la normativa de la Generalitat -pendiente de ser aprobada- perjudica a las empresas VTC y a los usuarios y beneficia en exclusiva a los taxis. El regulador sostiene en este informe que los requisitos exigidos por parte de la administración autonómica a los operadores (la precontratación del servicio con 15 minutos de antelación, las prohibiciones en materia de estacionamiento y geolocalización y las exigencias relacionadas con la sustitución de vehículos que prestan el servicio VTC) son desproporcionados, injustificados y discriminatorios porque quiebran la libre competencia en el sector y limitan su actividad en la Comunidad.
El taxi no se ha quedado de brazos cruzados y ayer lanzó un ataque en tromba contra el organismo de la Generalitat, tachando de «sesgado» el citado informe y acusando a la entidad de querer «beneficiar a las multinacionales» del negocio VTC. Por su parte, Unauto, la patronal de las VTC, se agarró al informe de Competencia para presionar aún más al Consell y exigirle que retire el decreto que regula su actividad en la región.
A esta presión, pero en sentido contrario, se sumó el taxi, que reclamó al Gobierno de Ximo Puig olvidarse del pronunciamiento de Competencia y meterlo en un cajón.
«DESCARO»
La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana cuestionó «la objetividad del informe» emitido por la Comisión de Defensa de la Competencia. Para el colectivo -la asociación mayoritaria del sector en la región-, «las distintas comisiones de la Competencia están despilfarrando dinero público para beneficiar a empresas multinacionales con todo el descaro del mundo, permitiendo y fomentando el monopolio (que es contra lo que deberían luchar), emitiendo informes sesgados, y denunciando toda regulación del sector de la VTC, ignorando sentencias de tribunales europeos y directivas europeas, ignorando sentencias del Tribunal Supremo y leyes nacionales de transporte y lo que es peor, perdiendo muchas de las demandas en las que intervienen».
Según la confederación, «los gobernantes no pueden permitir que las multinacionales y sus intereses económicos dicten la política de transporte de las ciudades, ignorando y menospreciando las garantías del servicio, las condiciones laborales, la saturación del tráfico y del medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos».
Los taxistas insistieron en que «si los gobiernos autonómicos de toda España han denegado desde hace años las solicitudes de autorizaciones de VTC por sobrepasar el ratio que marca el desequilibrio entre Taxis y VTC (1/30) llegando incluso al Tribunal Supremo, ahora no pueden dejar a este sector tan importante con la situación de desequilibrio y sin regulación autonómica porque lo diga un informe que solo tiene en cuenta un punto de vista de la competencia (el mismo informe en su página 17 dice que no tendrá en cuenta la legalidad del Decreto, ya que su labor es valorar si se trata de una regulación no restrictiva y favorecedora de la Competencia)».
La asociación mantuvo que «confía en la responsabilidad de los legisladores valencianos y que al igual que han hecho Catalanes, Aragoneses, Baleares y Vascos (de distintos y variados partidos políticos) se pongan al lado de la legalidad, la sostenibilidad y la seguridad, y regulen de forma clara a las VTC».
«LAGUNAS»
Desde Unauto VTC, la asociación mayoritaria en el sector de alquiler de vehículos con conducto, se felicitaron por el informe de Competencia. El presidente de Unauto VTC Comunidad Valenciana, Ricardo González, solicitó a la Generalitat que lo «tenga en cuenta» y que «no siga adelante» con un proyecto, que según advirtió, «tiene importantes lagunas».
De lo contrario, se aboca al sector a no poder operar, a pérdidas económicas y a acudir a los tribunales, y la Generalitat se arriesga a tener que pagar «indemnizaciones» a los propietarios de licencias, informa Europa Press. Según González, este informe va «en consonancia» con los que han elaborado los órganos de Competencia de otras CCAA.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más información sobre cookies
