Noticias relacionadas con el sector del taxi
EL PRÓXIMO MARTES A LAS 22:30H, ESTRENO
‘El Jefe Infiltrado’ vuelve a laSexta: “Me voy a ir a la puta calle, ya me lo imagino”
‘El Jefe Infiltrado’ vuelve a laSexta con doble capítulo de estreno el próximo martes. Uno de los jefes, de una empresa de taxis, se tendrá que enfrentar a un empleado que él mismo considera un inepto. “Sé que me robas, coges lo que es mío… ¿A ti eso te parece normal?”. El próximo martes, a las 22:30 horas, en laSexta.
Desde el 1 de septiembre, la velocidad máxima a la que puede circular un vehículo por el centro de Valencia es de 30 km/h. Esta nueva medida responde a la campaña lanzada por el Ayuntamiento de Valencia denominada “El centro ya va a 30” y afecta a todas las calles que forman parte del distrito conocido como Ciutat Vella (ciudad Vieja) tal y como ha dado a conocer la DGT.
El principal objetivo que se pretende con todo esto es ampliar el espacio del peatón, incrementar la seguridad vial, reducir la contaminación acústica e intentar beneficiar el impulso del comercio local.
A la presentación de la campaña acudieron el nuevo alcalde de Valencia, Joan Ribó, junto con el concejal delegado del área de movilidad, el señor Guiseppe Grezzi. “Una pacificación del tránsito rodado en el centro urbano”, con esas palabras quiso definir la medida el alcalde de la capital del Turia, donde también quiso aclarar que el objetivo final es que por el interior del primer anillo de circunvalación sólo transiten vehículos autorizados.
La campaña para dar a conocer esta medida estará presente en el mobiliario urbano, transporte público y en las redes sociales, con el objetivo de que seracionalice el tráfico en el centro de la ciudad y convertirlo en un lugar orientado a los peatones.
El caso es que no se trata de la primera ciudad española que lleva a cabo una medida de estas características, pues este límite de 30 km/h se ha implantado anteriormente en otras ciudades comoBilbao, Pontevedra o Vitoria. Fuera de nuestras fronteras, ciudades tan importantes como París, Londres o Copenhague impusieron esta norma.
Esta medida se suma a otras acciones llevadas a cabo por la Concejalía de Movilidad valenciana como la retirada de las motos de las aceras o la implantación de nuevos aparca-bicis
«Todos los artículos se ajustan a la normativa vigente y no se aprecia vulneración alguna en materia de defensa de la competencia ni de la unidad de mercado ni de libre prestación de servicios». El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), en el que abogaba por una liberalización del taxi a cuenta de la ordenanza del Ayuntamiento de Córdoba ya tiene contestación. El grupo municipal del Partido Popular, que aprobó el texto durante la etapa de José Antonio Nieto como alcalde, ha pedido un informe a la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba sobre este texto y el resultado es contundente: todo se ajusta a la normativa vigente. Así, recuerda que los servicios de interés general no están incluidos en la directiva europea, que excluye al transporte, según una resolución del propio Parlamento comunitario.
El texto firmado por el secretario general, Valeriano Lavela, encuentra «plenamente justificado y motivado el régimen de autorizaciones y licencias contenidas en la ordenanza», además de la «regulación y reglamentación municipal», puesto que el taxi es «un servicio público impropio», según ha reconocido la jurisprudencia de forma reiterada. Precisamente este jueves terminaba el plazo para que el Ayuntamiento pudiese alegar sobre los 14 puntos de la ordenanza en los que se había detenido la CNMC.
Es más, el secretario general cree que si se aceptan los criterios de la Comisión Nacional de la Competencia y se desregulara el sector se produciría un efecto contrario, que es el de que haya fenómenos de monopolio y de concentración de la cuota de mercado por parte de sociedades mercantiles concretas. Profesionales de toda España tienen una cita en Córdoba de protesta para el viernes próximo.
Mientras tanto, UGT ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo para solicitar la impugnación de la nueva ordenanza municipal del taxi de Córdoba. La denuncia se centra en los aspectos propios de una organización sindical: condiciones laborales de los trabajadores asalariados, sus derechos y la participación de los agentes sociales y asociaciones de consumidores y usuarios en la organización del servicio público.
POR MIGUEL
LOS TAXISTAS APRUEBAN EN ASAMBLEA ACUDIR A LA PROTESTA DEL DIA 11
Facua Córdoba ha presentado ante la Subdirección General de Seguridad y Transportes del Ayuntamiento de Córdoba, como parte interesada, alegaciones en relación al informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el que pide la derogación de 14 artículos de la ordenanza del taxi. La asociación de consumidores defiende “un servicio público del taxi regulado y sometido a planificación, con garantías suficientes de información sobre sus condiciones, calidad, precios, seguridad y accesibilidad para que el servicio sea óptimo”. Por ello, no comparte, dice el comunicado, el informe emitido por Competencia, que supone “una auténtica apuesta por desregular el servicio púbico del taxi”, sin que ello necesariamente deba llevar aparejado por sí mismo mayores beneficios para el consumidor.
Por otra parte, el PP pidió ayer al resto de los grupos políticos que apoyen al sector del taxi a través del respaldo a la actual ordenanza. José Antonio Nieto mantuvo ayer un encuentro con el presidente de Auttacor, tras la que reiteró que desde el PP “mantenemos y nos reiteramos en el contenido de la actual ordenanza, puesto que está elaborada a partir de la defensa de un servicio de transporte público en el que ocupa un lugar muy importante el sector del taxi”, dice. El portavoz de la oposición cree que es “clave proteger el trabajo de 600 profesionales que realizan esta tarea de servicio público”.
Por otra parte, unos 300 asociados de Auttacor, la asociación mayoritaria del taxi, aprobaron ayer de manera unánime realizar una manifestación el próximo día 11 de septiembre. La concentración, que tiene vocación nacional, transcurrirá por las principales calles de la ciudad y desembocará en la Subdelegación del Gobierno. El sector quiere visualizar la preocupación de los taxistas por la posible derogación de la norma municipal y piden al Ayuntamiento que la defiendan hasta el final.
Tres conductores de Uber que denunciaron a la compañía ante la Corte Federal de San Francisco por el trato que ésta les proporcionaba, habrían obtenido el estatus de demanda colectiva en el litigio que mantienen para determinar si desempeñan la función de trabajadores o de contratistas independientes.
Esta información recogida por Reuters, puede tener una importante repercusión ya que el modelo de negocio de Uber podría verse amenazado. Junto a esta empresa, otras starups que dependen de trabajadores que ofrecen servicios similares también podrían ver peligrar su manera de desarrollar su actividad.
En la demanda que hicieron los conductores afirmaban que eran tratados como empleados y como tal, tenían derecho al reembolso de los gastos, incluida la gasolina y el mantenimiento de los vehículos.
Edward Chen, juez de distrito en San Francisco, sentenció que los conductores podrían llevar a cabo la demanda colectiva en aras de determinar si efectivamente son considerados meros contratistas independientes o trabajadores de la empresa. El juez, en cualquier caso, instó a los abogados de los conductores a la presentación de más pruebas para un futuro reembolso de los gastos.
La respuesta de Uber no tardó en llegar confirmando a través de comunicado queapelará la decisión. “Esta decisión es una fracción mínima entre los 160.000 conductores que prefieren trabajar de forma flexible”, comunicaron desde la compañía. Uber habría argumentado en la fase anterior del proceso que los conductores no pueden presentarse como una demanda colectiva porque tienen poco en común y se relacionan con la empresa de forma distinta.
Si finalmente se determinase que los conductores son trabajadores y no meras personas independientes, la empresa se vería obligada a tener una serie de gastos que no le permitiría disponer de los preciosque hoy en día ofrece en el mercado.
Conviene recordar que ya en junio, uncomisionado de California dictaminó que el conductor de Uber era un empleado y no un contratista, y que la empresa californiana habría apelado también tal decisión.
También la Confederación del Taxi de España ha manifestado su apoyo al taxi cordobés tras conocerse el informe de la CNMC. Anuncia que, como asociación que ostenta la presidencia de la Sección del Taxi del Comité Nacional de Transportes, “va a luchar con todos sus medios para que Córdoba y en definitiva toda España no pierdan esta batalla”.
Además le brinda su ayuda incondicional en cualquier acto público o judicial que pueda necesitar y confían en que el Ayuntamiento defienda su Ordenanza. Añaden también en un comunicado que no permitirán que “el interés de unas pocas empresas que solo buscan apoderarse de nuestro mercado presionando a organismos públicos y privados pasen por encima de nuestras familias
Imagine que necesita un taxi y que elige al que le cobre menos por la carrera. Al que no tenga bajada de bandera o al que tenga los automóviles más modernos. Pues precisamente ese escenario es el que busca el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en los 14 folios del documento remitido al Ayuntamiento de Córdoba. La aplicación práctica de los criterios pondría del revés la actividad profesional del taxi tal y como se conoce en la ciudad. El Consistorio tiene un mes para anular los artículos señalados o, en su caso, tendrá que enfrentarse a un pleito con Competencia.
Una de las medidas propuestas por Competencia que más han sorprendido en el sector es que se exija poner fin a las tarifas oficiales que aprueba el Ayuntamiento anualmente escuchando al sector. El documento reclama directamente la entrada en vigor de un sistema de libre fijación de precios «fomentando un comportamiento competitivo entre proveedores». En concreto, exige que la ordenanza municipal permita realizar descuentos. Cobrar o no por el tiempo que se tarda en recorrer la ciudad hasta que se recoge el cliente sería cuestión de cada profesional.
La Comisión de la Competencia pone en tela de juicio el actual sistema de licencias locales -que es de uso común- que califica de «injustificado». Así, el dictamen manifiesta que se crean barreras geográficas a la libre actividad económica de forma que, asegura, tendrían que tener un ámbito mayor de forma que un taxista de Zaragoza pudiera operar en Córdoba en pie de igualdad. De hecho, el informe de Competencia propone recortar el poder de las asociaciones gremiales por medio de la anulación de las consultas a las decisiones que le atañen.
Propone acabar con el sistema de máximos de licencia que en Córdoba se calcula con una ratio de 1,55 vehículos por cada diez mil habitantes. El sector ha defendido a capa y espada este sistema e incluso consiguió que se pudiera modificar en función de la actividad económica. A menos usuarios de taxi, menos vehículos en la calle.
Competencia reconoce que es una práctica habitual establecer «numeros clausus» pero afirma que es una «práctica prohibida». «No cabe vislumbrar una razón imperiosa de interés general en que se fundamente la restricción de una actividad económica», afirma el dictamen, en razones de orden público, seguridad o salud de los consimidores.
El dictamen exige que se prohíba la obligatoriedad de que la licencia sea para una persona física o una cooperativa de autónomos. Lo que viene a decir es que se deben poder crear empresas de taxis, que tengan flotas para cubrir este servicio. El artículo de la ordenanza reproduce el decreto andaluz que, a su vez, tuvo un dictamen negativo del Consejo autonómico de la Competencia.
Le reclama, a su vez, que acabe con la norma de que el titular de la licencia tenga que ser conductor. Competencia no entiende por qué alguien no puede tener una empresa de taxis o un solo vehículo y dedicarse, además, a otras actividades económicas. Por último reclama que se elimine todo valor patrimonial de una licencia, que considera «ficticio». Es decir, que no pueda ser alquilada o vendida gracias a la regulación que el propio Ayuntamiento establece. En definitiva, que quien quiera y cumpla las condiciones pueda convertir su automóvil en un servicio de taxi y dedicarse a llevar clientes.
Competencia le dice al Ayuntamiento de Córdoba que establecer requisitos de calidad en el propio servicio no tienen justificación más allá de establecer unos mínimos. Reclama que se anule el artículo que dice que el poseedor de una licencia tiene que ser alguien que ha sido antes conductor durante un tiempo determinado. Exige que no exista un carné municipal habilitante para los profesionales o que se no se tengan en cuenta los cursos gremiales. Por último, considera exagerado que los coches de nuevas licencias no puedan tener más de dos años.
En resumen, se trata de una enmienda a la totalidad de un sistema, que no se quedaría en Córdoba. En todas las ciudades españolas se aplican parecidos criterios y la actividad del taxi se regula más o menos de la misma forma. Si se aplica en la ciudad por orden del Tribunal de la Competencia, el mismo criterio se tendría que aplicar en todas las ciudades y cambiaría así radicalmente la realidad de la profesión.
Fuente: sevilla.abc.es
La Asociación Etaxi de Córdoba llevado al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Sevilla el decreto de la Delegación de Movilidad, Accesibilidad y Transportes del Ayuntamiento de Córdoba por el que se regulza la actividad horaria de los taxis de la ciudad y en el que se establece un periodo máximo de trabajo diario de 18 horas y que incluso marca un periodo vacacional obligatorio de 15 días en el mes de agosto. Etaxi ha recurrido a los juzgados después de que, según afirman, no hayan sido atendidas sus alegaciones al texto y porque “pensamos que se nos coartan nuestros derechos como taxista y empresa y autonónomo”. Añaden que con su reclamación judicial “demostraremos que el Ayuntamiento de Córdoba incumple la tarea encomendada por el reglamento andaluz del taxi, retorciendo cualquier intrepretación del reglamento, a su manera, beneficiando a una sola parte del colectivo en contra del resto”. Etaxi también recuerda que, a instancias de denuncias de otras entidades, la Agencia Andaluza de la Competencia ya contestó a finales de maroz de que “iniciará actividades de mejora regulatoria, centrada en las ordenanzas locales sobre las que se efectuarán recomendaciones para evitar que su redacción ampare trabas u obstáculos. Sobre todo en municipios de más de 50.000 habitantes”. Con esa respuestas como base, la asociación solicitará a la Agencia que “a la mayor brevedad revise las ordenanzas del taxi de Córdoba”.
La asociación ha precisado que ya reclamó al Ayuntamiento de Córdoba esa revisión de la ordenanza, pero que no se atendió su demanda- “Estas situaciones no son agradables para nosotros”, lamenta Etaxi, que añade que la Concejalía de Movilidad que dirige la edil Ana Tamayo “no nos da ninguna salida y ni tan siquiera atienden ninguna de nuestras quejas”. Añaden que situaciones parecidas se han dado en otros puntos de España, como Valencia, donde la Justicia ha dado la razón a los reclamantes.
El secretario de Etaxi, José del Hoyo, insistió a el Día que su colectivo, al que pertenecen 21 autónomos, no tiene “ningún ánimo de conflicto” con la otra asociación, que es la mayoritaria y de la que dijo que “respetamos profundamente a los compañeros; lo único que queremos es que nos dejen trabajar y que podamos atender a nuestros clientes, algo que ahora es imposible porque nos limitan nuestra jornada de trabajo, algo impropio en estos tiempos”. En ese sentido, el dirigente apuntó que “incluso podríamos generar más trabajo y tener más asalariados” si se permitiera la libertad horaria e incluso mostró su temor a que en el futuro se produzca incluso una reducción, “porque ya hay quienes incluso están planteando bajar hasta las 16 horas de trabajo, algo que nos parece desproporcionado; y luego se pedirá llegar a 12”, criticó. “Nos da igual lo que hagan otras entidades, nosotros queremos trabajar, porque somos empresarios autónomos”.
Además, para Del Hoyo el decreto está plagado de incorreciones, ya que apuntó que “ni ha pasado por la Junta de Gobierno Local” ni el reglamenteo lleva incluído el estudio económico que, según Etaxi, es preceptivo para su aprobación.
Para esta asociación, “no tiene sentido” que se produzcan situaciones como las vividas el Domingo de Ramos o el de Resurrección, cuando sólo estaba trabajando la mitad de la flota de taxis de la ciudad y era evidente la falta de vehículos ante la demanda existente, una circunstancia que también se da en feria, en las fiestas de la Fuensanta o en Semana Santa. La asociación defiende además que sus propuestas cuentan con el apoyo de colectivos ciudadanos y de consumidores, así como otras muchas asociaciones de Córdoba.
Fuente: eldiadecordoba.es
Después de años desempeñando el cargo de tesorero en la FAST (Federación Asturiana del Taxi ) y también en la CTE (Confederación del Taxi de España), Luis Fernando Díaz, se encuentra apartado de forma cautelar de todas sus funciones en ambas entidades, tras conocerse sus actividades paralelas en contra de los intereses de las organizaciones a las que estaba representando.
Unas actuaciones muy graves que la semana pasada llegaban a los tribunales con la querella criminal presentada por la Federación Asturiana en contra de Fernando Diaz con acusaciones de falsedad documental, injurias y calumnias. Además de esta acción judicial, como adelántabamos, la organización tiene abierto también un expediente sancionador por todas estas causas. Expediente que desde la dirección de FAST confían en resolver en poco más de un mes, para poder de esta forma poner fin a toda relación con este directivo.
No fue hasta septiembre de 2013 cuando la FAST, presidida por José Artemio Ardura, descubrió que el tesorero había estado trabajando a sus espaldas para cerrar elcall center de Langreo, propiedad de la Federación y que daba servicio a 700 taxis de toda España.
Según la querella, Fernando Díaz, que además de tesorero de la FAST y CTE era gerente de dicha central, habría convencido al proveedor tecnológico Auriga de que la Federación pensaba abandonarles por una empresa de la competencia. Para corroborar sus palabras, siempre de acuerdo a la denuncia, el entonces tesorero habría falsificado un acta de la directiva de la Federación que después habría presentado como prueba ante Auriga. Con la documentación en la mano y la creencia de que iban a cancelar el contrato, la empresa decidió abrir una nueva central en Oviedo.
Una apertura que pilló por sorpresa a la directiva de la Federación, que no entendía los motivos de esta decisión. Fue entonces cuando comenzaron las preguntas y la traición del gerente salió a la luz. Pero para entonces ya era demasiado tarde y la central de Langreo tuvo que cerrar definitivamenteel pasado diciembre
Desde la FAST, su presidente agradece a Auriga la colaboración prestada, puesto que actualmente la flota que trabajaba con el call center de Langreo opera desde la nueva central de Oviedo. Por el camino queda el que fuera “buque insignia” de la Federación, en palabras de Ardura, quelamenta el daño que se la ha provocado a la organización “también en el plano económico”.
POR MIGUEL
Su colectivo mayoritario tilda de «barbaridad» que demande al Ayuntamiento cuestiones como eliminar la tarifas oficiales
v. merino
Taxis en la parada de Gran Capitán
El dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) rechaza de plano la ordenanza municipal del taxi de Córdoba, aprobada en mayo en solitario por el PP que entonces tenía mayoría absoluta, y exige cambios radicales en el sector. Demanda que el Ayuntamiento haga desaparecer las tarifas oficiales -sólo habría precios máximos y cada profesional cobraría lo que considerara sin pasar dicho máximo- o que elimine el límite del número de licencias de este servicio público que puede haber en la ciudad. Si el Consistorio no cambia la ordenanza, la CNMC ha advertido de que puede ir al juzgado.
El presidente de la asociación mayoritaria de taxistas de Córdoba (Auttacor, que tiene 491 licencias de las 509 de la capital), Miguel Ruano, tildó ayer las medidas de Competencia de «barbaridad». A su juicio, de aplicarse, «acabarán con el sector del taxi de nuestra ciudad». Para esta asociación, lo que hace la CNMC es tomar a los profesionales cordobeses como un «conejillo de indias» para luego seguir aplicando la liberalización del taxi en otras ciudades españolas. Denunció que «en ningún país europeo hay libertad de precios» en esta actividad.
Ruano indicó que, con el modelo de sector que plantea Competencia, a «cualquier persona que pidiera una licencia de taxi se la tendrían que dar». «Si ya nos cuesta trabajo vivir con 509 taxis…», lamentó. Añadió que la liberalización que plantea la CNMC supondría, además, que los clientes se «olviden de ningún derecho en cuanto al servicio».
Una visión muy distinta tienen en el otro colectivo del sector, Etaxi Córdoba, que aglutina a una veintena de licencias y se opuso a la ordenanza. Su presidente, José Hoyo, indicó sobre el dictamen de Competencia que el anterior gobierno municipal del PP «sabía perfectamente», porque su colectivo le había advertido, que el articulado de la ordenanza era «ilegal».
La visión de Etaxi Córdoba
En Etaxi Córdoba, medidas como eliminar las tarifas oficiales o el límite de licencias de este servicio público no despiertan el rechazo que sí producen en Auttacor. «No tengo ningún problema en que deroguen los precios mínimos. Lo que tiene que haber es una tarifa máxima que sea una garantía para el usuario», reflexionó.
Respecto a la desaparición del número máximo de licencias, advirtió de que «no es cierto que eso supondría que hubiera 200 taxis más aquí». Defendió que las autorizaciones las seguiría dando el Consistorio y, sostuvo, lo que haría la liberalización, al rebajar las exigencias, es que «todo el mundo» pudiera presentarse para conseguir las nuevas licencias./ABC