Un juzgado de Madrid dirime si suspende cautelarmente la aplicación como pide una asociación del taxi madrileña
RAMÓN MUÑOZ Madrid
Juan Ignacio García Braschi, director general de Cabify España.
Cabify ha pedido al juez que no suspenda su actividad cautelarmente porque sus conductores no son taxistas encubiertos sino autónomos que ejercen como chóferes con vehículo propio, que trabajan exclusivamente para la plataforma, que es la que se encarga de contactar con los usuarios finales, la mayor parte de ellos empresas.
El juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid celebró este miércoles la vista sobre la petición de suspensión cautelar de la actividad de Cabify a demanda de la Federación Profesional del Taxi, al considerar que esta firma de Internet ejerce una competencia desleal en su sector.
Esta asociación de taxistas exige la paralización de Cabify porque entiende que su actividad supone una intromisión desleal en su sector, puesto que los conductores de la plataforma prestan el mismo servicio de recogida de pasajeros en trayectos urbanos que los taxis, sin atenerse a las limitaciones que impone la reglamentación de transportes a las licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC), figura administrativa bajo la que trabajan los conductores de Cabify.
La principal de esas limitaciones es que los conductores que operan con licencia VTC deben regresar a su lugar de estacionamiento habitual tras llevar al pasajero que les contrata un servicio, en lugar de circular continuamente por la ciudad hasta que se les asigna una nueva recogida como hacen los de Cabify, según alegó ante el juez esta asociación de taxistas.
Los taxistas se amparan el artículo 182 del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) que “el servicio de arrendamiento de vehículos con conductor deberá contratarse previamente en las oficinas o locales de la empresa arrendadora. (…) En ningún caso podrán los correspondientes vehículos aguardar o circular por las vías públicas en busca de clientes, ni realizar la recogida de los que no hayan contratado previamente el servicio”.
La defensa de Cabify refuta este argumento asegurando que, a diferencia de los taxistas, los conductores asociados a la plataforma solo tienen un cliente, la propia Cabify, que es la que se encarga de contactar con los viajeros y facturarles el trayecto, por lo que no incumplen ninguna de las dos limitaciones que marca la normativa para los VTC y cuya prerrogativa se reserva exclusivamente para los taxistas: recoger a pasajeros en la calle y tener paradas fijas de recogida. Además, indicó que el Tribunal Supremo derogó parcialmente la normativa que exigía tener un lugar de aparcamiento habitual a los chóferes autónomos.
Según la defensa, los conductores de Cabify —alrededor de 400— son autónomos con licencia VTC que, tras pasar un proceso de selección muy riguroso, firman un contrato con la plataforma de dedicación exclusiva durante su horario de trabajo y, por tanto, no tiene nada que ver con otros proyectos como Uber o BlaBlaCar, que funcionan entre particulares, actuando la firma de Internet como intermediaria únicamente.
Cabify indicó al juez que, a diferencia de estas iniciativas, la firma siempre ha cumplido con la normativa vigente, y cuenta con todos los permisos de los organismos que regulan la actividad de transporte, desde los ministerios de Fomento y Economía, hasta la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid. A consultas de estas instancias, cuando comenzó a operar en 2012 se sacó la licencia de agencia de viajes para poder contratar a los conductores.
El funcionamiento de Cabify es distinto del de Uber o BlaBlaCar porque factura directamente. Los clientes se ponen en contacto con la plataforma vía online y contratan un servicio, cuyo precio es fijo para cada trayecto, independientemente del tráfico u otras circunstancias, y un 15% de media más barato que si se contrata el mismo servicio de un taxi, según la empresa. Los viajeros pagan con su tarjeta de crédito a Cabify que, a su vez, abona la retribución a los conductores, descontándoles una comisión del 20%.
No es la primera vez que un proyecto empresarial relacionado con el transporte y la economía colaborativa se enfrenta a los tribunales. Uber, la plataforma de transporte privado urbano entre particulares, fue declarada ilegal en toda España en diciembre de 2014 por un juzgado mercantil de Madrid. Por su parte,BlaBlaCar, la aplicación que sirve para compartir coche en viajes interurbanos, está a la espera de que un juzgado madrileño dilucide sobre la demanda de la patronal de transporte de viajeros por autobús (Fenebus), que también pidió su suspensión cautelar. Se espera que el fallo se dé a conocer durante el presente mes de noviembre.
Pero Cabify quiere distanciarse de estas iniciativas de la llamada economía colaborativa. La mejor prueba de esa actitud es que han contratado como asesor jurídico a José Andrés Díez, que ejerció como asesor pero de la parte acusadora en los procesos celebrados contra Uber y BlaBlaCar contratado por la Asociación Madrileña del Taxi y Fenebus, respectivamente.
Los conductores de Cabify son profesionales –muchos incluso son extaxistas- que deben pasar requisitos como un test de drogas, certificado de penales, examen de conocimiento de la ciudad, test psicotécnico. Deben poseer además un vehículo de gama media o alta, pintado de negro, de antigüedad menor a los seis años, y deben ir uniformados.
La plataforma trabaja fundamentalmente con empresas, segmento al que está ligado dos tercios de su facturación, desde grandes multinacionales como FCC o Securitas a pequeños y medianos negocios. Cuentan con 500.000 usuarios en las 14 ciudades en las que opera (Madrid, Barcelona, A Coruña, Málaga, Valencia, Bilbao, Vitoria, Tenerife, Santiago de Chile, Lima, Bogotá, México D.F., Querétaro y Monterrey), aunque más de 150.000 están en España.
Juan Ignacio García-Braschi, director general de Cabify en España, confía en que la justicia les dé la razón, “porque su actividad se ajusta perfectamente a la legalidad