Podemos prepara un duro ataque contra Cabify: “Nueve meses después, vuestra sede sigue en Delaware”

Responderá a la empresa que se comprometió en julio a trasladar su domicilio fiscal a España. La compañía acusó a Pablo Iglesias de mentir en el debate de Atresmedia

Pablo Iglesias, en la plaza del Reina Sofía.

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Hace una semana, Cabify emitió un inusual comunicado en el que acusaba al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de mentir en el debate televisado por Atresmedia al atribuirle que no pagaba sus impuestos en España. Ahora, la formación morada prepara la respuesta a la multinacional.

“La empresa española cumple al 100% con sus obligaciones fiscales en España y paga el 100% de los impuestos que genera su actividad en nuestro país”, aseguró la multinacional en el comunicado.

La empresa llamó a Iglesias a la responsabilidad: “Cabify considera que sería un signo de responsabilidad pública e iría en beneficio del emprendimiento y la economía nacional evitar declaraciones que no se ajusten a la realidad de una empresa que es un referente en el ecosistema emprendedor español, como Cabify, ya que si se hace se estaría cuestionando al propio emprendimiento español y su imprescindible aportación a la sostenibilidad de la economía nacional”.

Cabify lamentó “las dudas generadas” por Iglesias y aseguró que “las aportaciones estimadas a las arcas públicas en 2018 por la actividad generada en España por Cabify fue de 40 millones de euros”. “A título individual, la aportación de Cabify para el mismo periodo asciende a 8 millones de euros (IVA, IRPF y cotizaciones)”, añadió.

Podemos prepara la respuesta

Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a la dirección de Podemos, Pablo Iglesias no está dispuesto a dejar pasar esta oportunidad para volver a cargar contra la compañía y reiterar el mensaje que ha mantenido en los últimos meses.

La cúpula de la formación prepara un contundente comunicado similar al que lanzó el pasado mes de julio, en plena guerra con el sector del taxi, y en respuesta a otra carta de uno de los fundadores de Cabify, Juan de Antonio.

“Vuestra sede sigue en Delaware”

Según las fuentes consultadas, el eje central del documento de respuesta que prepara Podemos será reprochar que, nueve meses después, la sede de Cabify siga en Delaware y de que utilice técnicas de elusión fiscal para pagar menos impuestos en España.

Le afeará también que intente “censurar” la opinión de Podemos sobre el negocio que desarrollan las empresas de VTC. Y mostrará su asombro porque una multinacional con sede en un paraíso fiscal considere que puede impedir expresar su postura a una fuerza política que representa a casi cuatro millones de personas.

Cabify se comprometió a trasladar su sede

Pese a las explicaciones ofrecidas por la compañía, lo cierto es que Cabify mantiene efectivamente su matriz en Delaware, un territorio en Estados Unidos que es considerado un paraíso fiscal de facto por su ventajoso sistema tributario.

El pasado mes de julio, en la primera gran batalla de la guerra del taxi, Cabify se comprometió a trasladar a España su sede fiscal, algo que todavía no ha sucedido. “Ya no nos van a poder acusar de estar en un paraíso fiscal. Es algo que ya teníamos previsto, pero que hemos querido adelantar para cerrar de una vez esta discusión”, explicó entonces en una entrevista a El Independiente, Mariano Silveyra, country manager en España.

El directivo de Cabify ya advirtió de que este cambio es “complejo y lleva su tiempo”, pero el partido de Pablo Iglesias le recordará ahora que ya han pasado nueve meses desde aquellas palabras y todavía no se ha completado el traslado.

El principal atractivo de Delaware es que concede una exención de impuestos para todas las compañías que coloquen entre sus fronteras su residencia fiscal, sin importar su procedencia, siempre y cuando no operen dentro de su territorio. Es decir, una empresa española podría establecerse allí y ahorrarse los impuestos siempre y cuando su actividad se limite a nuestro país.

Un enfrentamiento que viene de lejos

Podemos y Cabify mantienen desde hace tiempo un enfrentamiento a costa de la actividad de la empresa de coches de alquiler con conductor. La firma defiende que tributa en España y que cumple con todos los requisitos legales, mientras la formación política la acusa de elusión fiscal y explotación a sus trabajadores.

Tanto Iglesias como otros líderes de Podemos, entre ellos la portavoz y número dos, Irene Montero, el portavoz de la Comisión de Fomento, Rafa Mayoral, el secretario de Organización y Programa, Pablo Echenique, o el fundador y ex dirigente Juan Carlos Monedero, se han mostrado siempre públicamente a favor del sector del taxi.

Publicado por El Confidencial.

Garrigues avisa a las VTC: sus licencias “son papel mojado tras la expropiación encubierta de Fomento”

Un coche con licencia VTC circula por una céntrica calle madrileña. ALBERTO DI LOLLI

Considera que el decreto aprobado por el Ejecutivo supone una “expropiación encubierta”

Los dueños de las licencias VTC amenazan a Ábalos con un pleito de 3.785 millones si limita su actividad

¿Qué son las licencias VTC y cómo funcionan?

Un informe jurídico del despacho de abogados Garrigues realizado para la empresa Vector Ronda, propietaria de cerca de 2.000 autorizaciones VTC (vehículo de alquiler con conductor) para transporte de viajeros con conductor, advierte a la compañía y al resto del sector de que sus actuales licencias quedarán reducidas a “papel mojado”, literalmente, dentro de cuatro años cuando su uso quede limitado a trayectos interurbanos, tal y como establece el real decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 28 de septiembre para regular al sector. El Pleno del Congreso decidirá el jueves si convalida o deroga el Real Decreto Ley.

El despacho considera que limitar la validez de estas autorizaciones para sacarlas de los trayectos urbanos -que quedarán limitados a los taxistas salvo que ayuntamientos y CCAA utilicen sus nuevas competencias para aprobar nuevas licencias- supone una “expropiación encubierta” por parte del Gobierno, ya que el 90% del uso de las actuales autorizaciones es utilizada hoy para realizar recorridos dentro de una misma ciudad bajo plataformas digitales como Uber y Cabify.PUBLICIDAD

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En este sentido, el informe advierte del daño que genera esta medida sobre la seguridad jurídica del país. “Al dejar de ser efectivas para prestar el tipo de servicio de las mismas para el que fueron solicitadas, éstas se convertirán, en su gran mayoría, en simple papel mojado con un valor próximo a cero”, avisa el texto al que ha tenido acceso EL MUNDO.

Esta conclusión supone un auténtico mazazo para sus actuales propietarios que amenaza cualquier proyecto de futuro de las compañías. Algunas como Cabify, que combina la titularidad de autorizaciones con el desarrollo de su plataforma digital, estaban incluso sondeando su salida a Bolsa el próximo año.

Nueva normativa

La nueva normativa de Fomento supone hoy por hoy una gran victoria de los taxistas al poner fecha de caducidad a sus rivales sobre el asfalto. No obstante, el decreto deja a modo de “indemnización en especie” un plazo de cuatro años para que los actuales titulares de VTC recuperen sus inversiones.

El plan de estos grupos es aprovechar este tiempo para crecer y extenderse por nuevas ciudades de la geografía española, casi duplicando el número de vehículos que tienen ahora mismo en operación. Uber, por ejemplo, prepara su desembarco en Bilbao y Valencia de la mano de Moove, propietaria de miles de autorizaciones. No obstante, entes locales y autonómicos ya pueden regular sus condiciones de circulación y contratación para aproximarlas a la de los taxistas en lo que se refiere a horarios, características de los vehículos…

Las empresas ya están analizando las vías para hacer llegar al ministro José Luis Ábalos sus reclamaciones por vía administrativa, en las que se argumenta que el plazo dado es insuficiente y reclaman una prórroga adicional de dos años que viene estipulada en el decreto. Si Fomento rechaza el nuevo plazo o no se pronuncia, las empresas podrán acudir a la vía judicial.

Indemnizaciones

“El sistema indemnizatorio previsto parece muy alejado del poder establecer un verdadero equilibrio entre los daños provocados por la expropiación y la indemnización planteada. En ningún caso podrá alcanzar el valor real de los derechos expropiados”, establece Garrigues.

Este informe se suma al realizado por el abogado especializado en transporte José Andrés Díez para la patronal Unauto dentro de la ofensiva legal que pretende activar el sector de las VTC si esta semana se convalida en sede parlamentaria el real decreto-ley. El Gobierno aún no ha logrado el apoyo a su texto normativo tras anunciar hace unos días el PDeCAT que genera “enormes incertidumbres” para la Generalitat. Las regiones han pedido a Fomento un compromiso por escrito de que la habilitación competencial no supondrá una oleada de reclamaciones contra las propias autonomías para exigir una indemnización próxima a los 3.750 millones.

Ambos textos jurídicos concluyen que la nueva normativa viola varios artículos de la Constitución al no estar justificada la “urgencia y necesidad” requerida para ser tramitado por la figura del real decreto-ley. Además, insisten, supone una “modificación encubierta” del régimen competencial de las autonomías, por lo que debería haber sido tramitado como ley orgánica.

El sector está buscando apoyos entre los grupos parlamentarias y las comunidades autónomas para lograr un recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque fuentes del sector creen que la vía más favorable para tratar de torpedear la nueva regulación se producirá por la consulta de un tribunal ordinario al Constitucional.

Publicado por El Mundo.