La firma alega que es un prestador pasivo de servicios y que está exenta de la responsabilidad de los contenidos que aloja
J. B.. | Valencia 24.03.2017 | 15:11
Homeaway recurre la multa de 30.000 euros por los apartamentos ilegales
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La empresa Homeaway ha anunciado esta mañana que recurrirá la multa de 30.000 euros que le ha impuesto la Agència Valenciana de Turisme por los apartamentos ilegales. «Lamentamos la decisión adoptada por la Agència Valenciana de Turisme. A pesar del resultado, HomeAway se mantiene firme en su posición y cree en la legitimidad de su argumentación basada en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y en la Directiva Europea de Comercio Electrónico». HomeAway inisiste en que es un prestador de servicios de la sociedad de la información neutro, automático y pasivo que, según recoge la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI), está exento de la responsabilidad de los contenidos ajenos que aloja, copia temporalmente o enlaza. Según la compañía, no se le puede obligar a imponer un control previo de los contenidos que publiquen sus usuarios, igual que tampoco puede pretenderse que rastree dichos contenidos en busca de publicaciones que presuntamente infrinjan alguna norma.
La Agència Valenciana de Turisme ha resuelto los siete expedientes abiertos a diversas plataformas de alquiler de apartamentos en Internet y, en total, ha impuesto sanciones por valor de 120.000 euros a seis de ellas. En este sentido, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha remarcado que «como administración debemos ser firmes en el cumplimiento de la ley y en la defensa de un modelo turístico basado en la profesionalización y en la calidad».
De hecho, cabe recordar que, desde el inicio de esta legislatura, Colomer ha mantenido una posición contraria «al intrusismo y la competencia desleal, que se traduce en graves perjuicios económicos para el sector y que puede acarrear problemas a los consumidores que hacen uso de este tipo de ofertas», ha afirmado, al tiempo que ha señalado que «no todo cabe en la denominada economía colaborativa».
En este sentido, ha destacado que «el modelo turístico que buscamos es el de la profesionalización, las garantías y el respeto a la ley y a los derechos de turistas y consumidores, por eso no se puede confundir la economía colaborativa y los nuevos modelos de negocio con otras prácticas». Así, ha hecho hincapié en que «sancionamos porque existen leyes que son para todos y que deben cumplirse, porque lo peor sería trasladar una sensación de impunidad que, bajo ningún concepto, nos podemos permitir».
En concreto, Homeaway, Airbnb y Rentalia deberán abonar un total de 30.000 euros de multa por no exigir y reflejar el número de registro que acredita que las viviendas que se anuncian en sus páginas web son turísticas. Estas tres plataformas han recibido la sanción máxima que permite actualmente la ley, una cifra que se endurecerá en el nuevo texto en el que se está trabajando desde la Agència Valenciana de Turisme. En este sentido, Colomer ha destacado que «son plataformas con mucho tráfico y con un volumen económico muy alto, por eso se les ha sancionado con el máximo que, por ahora, nos permite la ley».
Cabe recordar que se en 2016 se abrieron un total siete expedientes a las plataformas Homeaway, Milanuncios, Niumba, Airbnb, Fotoalquiler, Rentalia y Ya encontre-Ya Hetrobat. En concreto, en junio de 2016 se abrió expediente sancionador a tres de ellas, que se han resuelto con multas de 30.000, 6.000 y 20.000 euros. Posteriormente, en diciembre de 2016, se tramitaron los expedientes sancionadores a otras cuatro. En este caso, se ha comunicado una resolución de sanción de 30.000 euros dos de ellas. Por su parte, en otro caso se ha subsanado y la empresa ya solicita el registro a la mayor parte de las viviendas turísticas que comercializa en su portal, por lo que, por ahora, la sanción impuesta es de 4.000 euros. Finalmente, otro de los últimos expedientes abiertos se ha resuelto con apercibimiento después de que hayan regularizado su situación
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