El ministerio público advierte de la corresponsabilidad por parte de usuarios, vendedores y ayuntamientos
Lourdes BarragánBarcelona – Lunes, 09/09/2019 – 19:36
Tres usuarios de patinete eléctrico, en el paseo marítimo de la Barceloneta. / FERRAN NADEU
La circulación “alegal” de patinetes eléctricos en las ciudades se ha colocado en el punto de mira de la Fiscalía. Y es que el aumento de atropellos causados por ciclistas y por usuarios de los llamados Vehículos de Movilidad Personal -o VMP, entre los que se enmarcan los patinetes o ‘scooters‘ eléctricos- han sido uno de los puntos tratados en el informe anual de la Fiscalía General del Estado.
Aunque el escrito del ministerio público comienza, al hablar de los VMP, reconociendo que son nuevas “soluciones de movilidad”, sí advierte que existe cierta “alegalidad” en el panorama actual.
A finales del 2018 se habían registrado nada menos que 273 accidentes causados por este tipo de vehículos en 44 ciudades del país. En estos datos, en manos de la Fiscalía, figura además que en 203 casos hubo algún tipo de responsabilidad por parte del patinador, aunque advierte de que se trata de cifras que son estimaciones y que pueden ocultar un número mayor de atropellos.
Concluye con una visión general de los problemas que ha acarreado la irrupción “abrupta” de los patinetes eléctricos y da luz a posibles soluciones para no prescindir de esta opción alternativa de movilidad.
Un triángulo de obstáculos
Los riesgos por la circulación de patinetes son consecuencia de la falta de coordinación de usuarios, comerciantes y ayuntamientos. A los primeros -también incluye a los ciclistas- les achaca no respetar las normas de seguridad que los limita a circular por unas vías acotadas.
A los segundos, no facilitar la información y documentación necesarias al comprador e incluso, en ocasiones, vender ciclomotores con los que el usuario podrá modificar fácilmente la velocidad de su patinete tras un rápido vistazo en internet.
Y a los terceros, les atribuye no contar con suficientes normativas municipales. Pero ni una respuesta a estos tres planteamientos sería suficiente sin el paraguas de una legislación estatal que también plantee responsabilidades a vendedores y ayuntamientos, y no solo a los patinadores.
No es un juguete
Vistos los riesgos de un mal uso de este tipo de vehículos la Fiscalía concluye, por tanto, que no son “un juguete”, sino vehículos que deben someterse, como tales, a las normas de seguridad vial.