Publicadas las tarifas para el 2016 del Área de Prestación Conjunta de Valencia y de otras poblaciones de la Confederación de Autónomos del Taxi.
En cuanto estén disponibles para su instalación os informaremos a todos para su rápida implantación.
Categoría: Comunidad Valenciana
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Transvia participa en la ITV que inspecciona sus autobuses
26/02/2016
VALENCIA. El grupo Transvia, adjudicatario del transporte escolar en la Comunitat, entre otros contratos con la administración, utiliza sus propias estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para pasar las revisiones obligatorias a sus autobuses. El grupo de la familia Catalán Lorente, uno de cuyos directivos está siendoinvestigado por cohecho junto alex vicealcalde de Valencia, es socio de la firma que gestiona las estaciones de ITV de Campanar, San Antonio de Benagéber y Massalfassar. Ésta última, según ha podido saber este periódico, es la escogida para pasar las revisiones obligatorias de la flota de autobuses del grupo.
La normativa autonómica sobre la gestión de este tipo de instalaciones establece una serie de incompatibilidades para las empresas gestoras de estas estaciones, responsables de las inspecciones obligatorias para garantizar que todos los vehículos circulan en condiciones técnicas y de seguridad adecuadas. Entre esas incompatibilidades para los adjudicatarios se encuentra la de no tener intereses en el sector del transporte de viajeros por carretera.
La empresa ITV de Levante, gestora de las tres estaciones de ITV mencionadas, mantiene vínculos societarios con empresas del grupo Transvia. Esta firma, controlada al 50% por Atisae -que acaba de ser adquirida por la firma alemana Tüv Süd– y porTenedora de Acciones de ITV de Levante SL, explota el negocio de las revisiones técnicas en virtud de las adjudicaciones que la Generalitat realizó en 1998 para ceder a empresas privadas la gestión del servicio público de inspecciones técnicas en régimen de concesión administrativa por un periodo mínimo de 25 años.
Uno de los principales accionistas de Tenedora de Acciones de ITV de Levante, con un 12,7% del accionariado, es Garona River SL. Esta firma está participada al 88% la mercantil IBE 97 SL, firma presidida por José María Catalán Lorente, y entre cuyos consejeros se encuentra Urbano Catalán, el empresario investigado por cohecho.
IBE 97 SL es una de las dos sociedades que figura en la cúspide del entramado accionarial del grupo Transvia, la empresa familiar cuya actividad central es el transporte de autobús y los servicios turísticos pero que tiene múltiples ramificaciones en diferentes sectores, desde los concesionarios de coches a las ambulancias, pasando por la restauración (Restaurante Sierra Aitana). Además de la conexión accionarial con ITV de Levante, de esta mercantil cuelgan las participaciones del grupo enAutocares Herca (99,9%),Medtrast-98 SL (93,7%), la mencionada Garona River (88%),Viajes Herca SL (85,8%) o Vedat Valencia SL (75%), concesionario de vehículos con varias marcas.
La otra empresa clave en esa estructura es Vercat 2000 SL, la matriz de Viajes Transvia Tours, la empresa que esta semana fue registrada por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por las sospechas de cohecho. De ella dependen empresas clave del grupo comoTransvia SL (99%), Autocares Buñol SL (99,5%) o Ambulancias Edetanas (55%). El presidente de Vercat 2000 es el propio Urbano Catalán Lorente.
Urbano Catalán, el día del registro de su empresa
El reglamento autonómico sobre el prestación del servicio de ITV establece una serie de incompatibilidades para las personas físicas o jurídicas titulares de las estaciones de ITV, así como para sus «socios, directivos y personal de la empresa y sus parientes hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad».
Entre otras, se determina que «no podrán tener participación alguna en actividades de transporte por carretera, comercio de vehículos automóviles, compañías o mutuas aseguradoras en el ámbito de la automoción u organizaciones involucradas en el diseño, fabricación, suministro, instalación o uso de los vehículos que van a ser objeto de inspección».
Este decreto (157/2002, de 17 de septiembre) actualizaba un decreto anterior (30/1985, de 23 de febrero) que era menos restrictivo sobre el régimen de incompatibilidades, pero que obligaba a los titulares de concesiones a informar sobre situaciones sobrevenidas al respecto con posterioridad a la adjudicación.
En concreto, la norma obliga al concesionario a comunicar a la Dirección General de Industria y Energía la incompatibilidad con el fin de que ésta adoptase «las medidas oportunas, entre las que podrá figurar la prohibición de que los vehículos relacionados con dicha actividad pudieran ser inspeccionados en la Estación afectada».
Según ha podido saber este periódico, es norma en la empresa que los vehículos pasen la inspección obligatoria en la ITV de Massalfassar. Los conductores de los buses de Transvia acuden a las instalaciones identificados con una autorización previa firmada por el jefe de taller de Cave Talleres, firma que también pertenece al grupo.
Un gigante del transporte de viajeros por carretera
El grupo Transvia presume de ser la empresa de transporte «más importante» de la Comunitat. Surgida a finales de los sesenta a partir de Autocares Transvia, con los años ha ido adquiriendo pequeñas empresas del sector hasta configurar un universo de marcas especializadas por segmentos. Algunas de ellas sonHispano Chelvana, GodellaBus,Autocares Hosoju, La Serranica,torrentBus, La Marina Gandiense, StarBus o Herca.
Esta última es una de las marcas más reconocidas en el ámbito del transporte colectivo de pasajeros y una de las más potentes del grupo. Además de la concesión de transporte entre Montanejos y Valencia, explota en concesión las líneas regulares del Perelló, Sedaví, Faro de Cullera, Segorbe o Puerto de Sagunto y presta servicios de transporte escolar, con una importante nómina de clientes institucionales y empresariales. Según los datos de la propia empresa, traslada anualmente a más de un millón de viajeros.
Entre los contratos con el sector privado se encuentra el traslado de empleados de la planta de Forden Almussafes, uno de los contratos de más volumen del sector.
En los últimos años, la oposición al Consell del PP ha criticado de forma recurrente las condiciones en las que las empresas privadas prestan este servicio en la Comunitat, que durante años ha tenido las tasas más altas de España. Les Corts han aprobado recientemente una propuesta del grupo parlamentario Compromís para instar a la Sindicatura de Comptes a que elabore un informe sobre la gestión del servicio de inspección técnica de vehículos.
Contratos polémicos
Tras conocerse la investigación conjunta por cohecho al director general de Viajes Transvia Tours y a Alfoso Grau, que se inició por la denuncia de un particular relacionada con un contrato con el Ayuntamiento de Valencia, la Concejalía de Movilidad ha encargado un informe jurídico para tratar de revocar la autorización de servicio de bus turístico que Transvia presta en la capital desde 1999.
Según denunció el titular del área,Giuseppe Grezzi, la ex alcaldesa Rita Barberá «regaló» el servicio a la empresa, ya que la autorización se le dio «a dedo» y sin que el Ayuntamiento reciba canon alguno a cambio.
No es el único frente polémico relacionado con Transvia. Uno de los contratos más importantes de los que se beneficia el grupo es el de la gestión de las ambulancias de la Comunitat. La compañía es una de las diecinueve que forman parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ambulevante SL, que en 2014 se adjudicó el mencionado contrato por 235,7 millones para cuatro años después de que la Conselleria de Sanidad realizara una segunda licitación tras la anulación de la primera por parte del Tribunal de Cuentas.
Además, la empresa también es una de las adjudicatarias del transporte escolar en la Comunitat. Una concesión que fue prorrogada tras declararse desierto el nuevo concurso, que no estuvo exento de polémica. Desde Compromís, Mónica Oltrapropuso una comisión de investigación sobre el contenido de las cláusulas administrativas por haber “confeccionado un macrocontrato para el transporte escolar por 328 millones de euros bien precocinado, preparando el terreno para la adjudicación a los únicos que se pueden presentar y con el objetivo de beneficiar a unas empresas muy concretas”.
En trámite la Ley del Taxi de la Comunidad Valenciana
Fruto del compromiso del Gobierno autonómico, actualmente se está tramitando una nueva Ley del Taxi en la Comunidad Valenciana que contará con losautónomos como eje principal de la estructura del sector valenciano.
El Consejo del Taxi mantuvo una reunión el pasado 25 de febrero en la que comunicó la situación en la que se encuentra este proyecto, según ha explicado laConfederación de Autónomos de Valencia a través de nota de prensa.
Los objetivos de esta nueva ley, impulsada por la Consellera María José Salvador, una vez acordado el modelo de taxi autónomo por el Presidente de la Generalitat Ximo Puig, están centrados en recuperar la importancia del modelo basado en titulares de una sola licencia, así como mejorar la concepción del taxi como servicio público.
Devolver las competencias a los Ayuntamientos, que podrían cederlas en aras de crear Áreas de Prestación, también es otra de las metas marcadas con esta nueva legislación. Además, también se pretende regular y fomentar los centros de distribución de los servicios, que permitirá mejorar tecnológicamente a todo el sector, modernizando el servicio.
Por último, también se pretende mejorar en los aspectos relativos tanto al control de la oferta y la demanda –pudiendo retirar licencias si fuera necesario-, como alcontrol de la calidad del servicio que reciben los usuarios del taxi –admitiendo la posibilidad de implantar un régimen sancionador añadido al ya existente
Conocidos nuevos detalles de la futura ley del taxi en Castellón
La nueva ley del taxi de Castellón, que aún está en proceso de elaboración, reservará a la administración la facultad de regular el servicio e intentará configurar el taxi como un servicio prestado por personas titulares de una sola autorización.
La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, presentó ayer estas líneas fundamentales del borrador de la ley del taxi ante la Comisión Permanente del Consejo del Taxi. Según recoge El Periódico Mediterráneo, la concejala competente en transportes, María José Salvador, informó en Les Corts sobre los objetivos fundamentales que se pretenden con la aplicación de esta nueva legislación para el sector.
Además de promover y garantizar la eficacia del servicio del taxi de cara a las necesidades de los ciudadanos, con esta ley se pretende que el taxi se configure como un servicio prestado por personas titulares de una única autorización. Esta ley también permitirá a la administración regular el servicio para establecer las medidas necesarias relativas al control de la oferta.
Por último, y en aras de mejorar la imagen y calidad del servicio, se establecerán una serie de obligaciones al taxista para garantizar el respeto necesario no ya sólo a los usuarios, sino al resto de sus compañeros
El ayuntamiento «peatonalizará» el entorno de Serranos en el mes de abril
Será un paso más hacia el «cierre» de Ciutat Vella desde la Ronda Interior, en cuyos accesos se pondrán cámaras de control
Calles señaladas con bolardos.
JOSÉ PARRILLA | VALENCIA La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia tiene previsto cerrar al tráfico la Plaza de los Fueros en el mes de abril y proceder a la «peatonalización» de la calle Serranos. Se trata de una segunda fase del proceso de «pacificación» del tráfico en Ciutat Vella que ya se ha iniciado en el entorno de la Lonja y que debe terminar con la restricción del tráfico rodado en todo el distrito, con control de cámaras incluido.
Según explicó ayer el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, dar una fecha concreta es difícil y puede que equivocada, pero su previsión es que a lo largo del mes de abril se corte el tráfico en la Plaza de los Fueros y se peatonalice la calle Serranos, dejando acceso únicamente para residentes y para el aparcamiento que hay al final de la calle Náquera.
Esta medida, que medio en broma medio en serio le propuso el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a Grezzi el Día sin Coches, es una segunda fase del proceso de «pacificación» del tráfico que ya se ha iniciado en Ciutat Vella con la peatonalización del entorno de la Lonja y el Mercado Central.
Es, además, un paso mas en la restricción del tráfico rodado en toda Ciutat Vella, es decir, de la Ronda Interior hacia adentro, algo que el Ayuntamiento quiere llevar a cabo en el plazo de dos años aproximadamente.
Según explicó Grezzi, con ese plan se permitirá exclusivamente la circulación de residentes, el acceso a los aparcamientos, la parada en carga y descarga y el paso de los transportes públicos. Para los aparcamientos, en concreto, está previsto que se tracen itinerarios de entrada y de salida para evitar la dispersión de la circulación.
Y para llevar a cabo esos controles, la previsión del ayuntamiento es colocar cámaras o postes que registren las matrículas de los vehículos y puedan detectar a los intrusos.
Ésta será, en cualquier caso, la última fase de ese proyecto, pues se trata de un montaje técnicamente complejo y económicamente caro. Ocurre, además, que debe hacerse un concurso público que puede demorarse en el tiempo por esa complejidad y por los problemas, dijo, que hay en el departamento de contratación.
De todas formas, Grezzi no cree que haya problemas presupuestarios. Es más, sospecha que no habrá que esperar a colocar esta partida en los presupuestos municipales del año 2017. Ya en las cuentas de este año, dijo, existe un apartado reservado a «mejoras urbanas» en el que se podría incluir este proyecto.
Lo que sí parece seguro es que tanto para llevar a cabo la peatonalización de Serranos como para acometer la pacificación del tráfico en toda Ciutat Vella se abrirán procesos de participación ciudadana con los vecinos y con los agentes sociales.
Los sistemas de control, los itinerarios interiores o las zonas de carga y descarga, elemento este último fundamental para el mantenimiento de la red comercial de la zona, serán debatidos en distintos foros antes de cerrar Ciutat Vella.
En otras ciudades como Madrid ya existe este tipo de medidas de limitación del tráfico y son, así mismo, algo completamente normalizado en otras ciudades europeas con importantes y amplios cascos históricos
REQUERIRÁ A TRANSVIA QUE ACREDITE QUE NO USA «EMPRESAS PANTALLA»
Industria revisará la concesión a ITV de Levante en busca de incompatibilidades
27/02/2016 –
VALENCIA. La dirección general de Industria, que tiene las competencias sobre las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat, revisará la estructura societaria de la firma ITV de Levante, gestora de tres estaciones, en busca de incompatibilidades camufladas en el uso de «empresas pantalla».
Tal y como publicó Valencia Plaza este viernes, la mercantil que explota desde 1998 las ITV de Campanar, San Antonio de Benagéber y Massalfassar está vinculada con el grupo Transvia, cuya actividad principal es el transporte de viajeros por carretera. La empresa, uno de cuyos directivos está siendo investigado por cohecho junto al ex vicealcalde de Valencia, utiliza una de esas estaciones para realizar la revisión técnica de sus autobuses, algo prohibido por la normativa autonómica, que entre otras incompatibilidades impide que empresas con intereses en el sector del transporte puedan al mismo tiempo gestionar alguna ITV.
«Vamos a requerir a las empresas que demuestren que no existen empresas pantalla para burlar las incompatibilidades», manifestó a este periódico un portavoz de la Conselleria de Economía Sostenible.
La propiedad de ITV de Levante es compartida al 50% entre Atisae y Tenedora de Acciones de ITV de Levante SL. Uno de los socios de esta mercantil, la firma Garona River SL, está participada al 88% por la mercantil IBE 97 SL, empresa presidida por José María Catalán Lorente, y entre cuyos consejeros se encuentra Urbano Catalán, el empresario al que un juzgado de Valencia investiga por presunto cohecho en un contrato con el Ayuntamiento de Valencia.
«Verificaremos que no existen subfirmas que actúen como pantalla para sortear incompatibilidades. Si detectamos esta práctica, actuaremos en consecuencia sobre las concesiones», aseguraron desde la Conselleria. «La Conselleria dispone de certificados de empresas que dicen que no incurren en incompatibilidades, pero se va a revisar todo, reiteró el portavoz de Economía.
Entre las obligaciones para los adjudicatarios recogidas en los pliegos por los que se otorgaron las concesiones está la de «respetar por parte del concesionario, sus socios, directivos, administradores y empleados, así como en su caso, sus respectivos parientes y familiares el régimen de incompatibilidades establecido en la normativa vigente».
El decreto en vigor en el momento de la adjudicación, posteriormente modificado con un régimen de incompatibilidades más riguroso, establecía que los adjudicatarios de la gestión de las ITV «no podrán tener participación alguna en actividades de transporte por carretera, comercio de vehículos automóviles, compañías o mutuas aseguradoras en el ámbito de la automoción u organizaciones involucradas en el diseño, fabricación, suministro, instalación o uso de los vehículos que van a ser objeto de inspección».
En caso de incompatibilidad, esta debía ser comunicada a a la administración con el fin de que ésta adoptase «las medidas oportunas, entre las que podrá figurar la prohibición de que los vehículos relacionados con dicha actividad pudieran ser inspeccionados en la Estación afectada».
Los pliegos también prevén como posibles causas de extinción de los contratos de concesión el incumplimiento de lo dispuesto en el pliego o de la normativa aplicable «siempre que del mismo se derive un perjuicio grave para el servicio».
Los vehículos que inspecciona en la estación en la que participa son utilizados para prestar el servicio de decenas de contratos con administraciones o empresas privadas de los que disfruta, entre otros el del varias líneas de transporte escolar.
Arquitectos critican el modelo de peatonalización de la Lonja
I. DOMINGO
El presidente del Colegio de Valencia lamenta cómo ha intervenido el Ayuntamiento en el entorno y confía en su provisionalidad
Actuaciones con pintura, colocación de unos 40 maceteros y varios bancos y retirada de semáforos. Son las medidas que puso en marcha el Ayuntamiento de Valencia a comienzos de febrero para llevar adelante la peatonalización del entorno de la Lonja y que ayer criticaron los arquitectos.
Fue en el primeros de los encuentros de la seria ‘Debate de ciudad’ organizado por el Colegio de Arquitectos de Valencia y cuyo primer debate estuvo moderado por el director de ‘Levante-EMV’, Julio Monreal. En él, el presidente del colegio, Mariano Bolant, mostró su disconformidad en cómo se ha desarrollado la peatonalización pues «no permite ver el mapa de cómo se hará en el futuro».
Según dijo, «estamos de acuerdo en el concepto pero no en su formalización». De ahí que también reprochará al Ayuntamiento «la falta de sensibilidad arquitectónica, que es calidad de vida para los ciudadanos» y reclamase arquitectos en servicios públicos como en el Ciclo Integral del Agua o Residuos.
A su juicio, Valencia necesita un plan global de intervención en plazas como Reina, Ayuntamiento y San Agustín. En este punto, el arquitecto y asesor de Urbanismo de Alcaldía, Sandro Pons, reconoció que Valencia «no ha acertado con el diseño de las plazas» y defendió como necesaria «la reforma de la plaza de San Agustín a través de un concurso» al tiempo que lamentó que el proyecto de la plaza de la Reina llevara 15 años en el cajón.
Explicó que «es difícil» la inversión directa municipal ya que el Ayuntamiento «ha de ser sensible» con todos los barrios. Sobre el parking de Ciudad de Brujas, Pons aseguró que «la solución teórica era no hacerlo pero hay una inversión». Señaló que en el futuro las bicicletas públicas desaparecerán y los aparcamientos se quedarán únicamente para los residentes. En este sentido, planteó una iniciativa que hace unos días anunció la EMT: limitar el acceso de los autobuses al centro mediante la implantación de lanzaderas en la ronda interior.
Por su parte, la gerente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Julia Martínez, defendió la accesibilidad como «algo fundamental», por lo que reclamó que «antes de reformar las plazas hay que prever la llegada del autobús».
Sobre la desaparición de comercios históricos, Martínez lamentó que la iniciativa municipal de catalogarlos «se haya quedado en una guía y no se haya desarrollado la normativa» para protegerlos.
César Mifsut, arquitecto de la antigua oficina RIVA, lamentó que la intervención en las grandes plazas se haya retrasado por su representatividad y por el coste.
El puerto anuncia un plan para ganar cruceristas tras perder un 88 % en enero
El presidente de la Autoridad Portuaria creará una comisión en la que participen la diputación y el ayuntamiento
20.02.2016 | 04:15
LEVANTE-EMV | VALENCIA El puerto de Valencia ha recibido este mes de enero 1.738 cruceristas, lo que supone un 88 por ciento menos que el mes de enero de 2015, cuando llegaron a la ciudad 14.557 visitantes, un dato que el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, calificó ayer como «preocupante» tras Consejo de Administración de la entidad.
Martínez explicó que el puerto «ya lleva dos años de caídas en el agregado de las personas que lo visitan». «Los responsables, no digo quienes, honestamente no han hecho un esfuerzo de presentar las ofertas de Valencia a los touroperadores y convencerles de las bondades del turismo aquí», apuntó sobre las causas de la caída.
En este sentido, Martínez anunció que la autoridad ha decidido crear una comisión que incluya al ayuntamiento, la diputación y la Generalitat, así como a entidades privadas «que están y que se hayan ido en el puerto», para «coordinar las iniciativas que puedan haber en ese campo y aunque sea solamente tener conciencia de las cosas que hace falta cambiar para que volvamos a ser un destino de cruceristas importante».
Para Martínez, esta pérdida de visitantes se traduce en «un coste económico importantísimo para la ciudad»: «Si cada crucerista, sin contar a los que pernoctan, se gasta 60 euros, si se van los 400.000 que vienen, dejamos de ingresar 24 millones de euros, y con que se vaya la mitad ya es una pérdida considerable de actividad económica que sufre la ciudad, desde los taxis, hasta la restauración y los pequeños productos que compran». Sobre la reducción en escalas de barcos, aseguró que no sabía cuántos dejarán de atracar en la ciudad: «Es fácil que un 10 o un 15 por ciento menos. Prefiero no pensarlo».
Una mujer, atrapada tras chocar 4 vehículos en la calle Yecla
EUROPA PRESSVALENCIA
Según fuentes policiales, al parecer, el conductor causante de la colisión se habría dado a la fuga
Una mujer de 40 años ha resultado herida leve este lunes con contusiones y una crisis de ansiedad en un accidente de tráfico en el cruce de la calle Yecla con Cardenal Benlloch en el que se han visto implicados cuatro vehículos, según han informado fuentes de Bomberos y del CICU.
La coalición se ha producido por causas que se están investigando sobre las 7.20 horas de hoy en el cruce de las citadas vías con cuatro turismos implicados. Como consecuencia del impacto, la mujer no podía salir de su vehículo y tuvieron que intervenir los bomberos.
Asimismo, una unidad del SAMU trasladó a la mujer al Hospital Clínico de Valencia con contusiones y una crisis ansiedad, aunque su estado no reviste gravedad, según las mismas fuentes
El juez embarga a la Marina Real el alquiler que pagan EDEM y Lanzadera
MARINA REALCONSORCIO VALENCIA 2007
Foto: Marga Ferrer
20/02/2016 –
VALENCIA. La realidad sigue apretando la ya más que denostada salud económica del Consorcio Valencia 2007, gestor de las instalaciones de la Marina Real. A día de hoy su situación ya es inviable, pero ahora se ha agravado con la retención por parte de un juzgado del alquiler de EDEM y Lanzadera. 350.000 euros anuales que ya no irán a mantener las instalaciones de la dársena, donde se destina prácticamente la totalidad de lo recaudado por las licitaciones.
¿Y por qué? En las últimas cuentas aprobadas la deuda ascendía a 420 millones de euros, pero que ya se han convertido en 440. 263 millones de crédito ICO, 90 millones con Dirección General del Tesoro por cuotas atendidas del crédito ICO y 67 millones del Banco Santander como consecuencia del contrato de cobertura. Estos últimos 67 millones son los que han provocado el embargo tras iniciar el banco un procedimiento judicial de reclamación en julio de 2014 para recuperar el dinero
Toda una deuda que viene arrastrada por las obras realizadas para la America’s Cup y que, según lleva reivindicando Generalitat y Ayuntamiento de Valencia desde hace años, debería haberla asumido el Estado. Y es que aunque la misión del Consorcio Valencia 2007 era rentabilizar las instalaciones para hacer frente a los préstamos, lo cierto es que sus ingresos están alrededor de los siete millones anuales, sumando las aportaciones de las tres administraciones, y que se destinan prácticamente a mantener la dársena.
En los últimos informes, la misma Intervención del Estado ponía de manifiesto la dificultad del Consorcio de hacer frente a éstadejando su continuidad queda condicionada a las aportaciones que se realicen en el futuro por las Administraciones consorciadas: Ayuntamiento, Generalitat y Estado. De momento, de las grandes adjudicaciones todavía mantiene el club de playa, recién abierto este mismo mes, y por el que ingresa 300.000 euros anuales.
Entre las últimas salidas a concurso se encuentra el Antiguo Varadero a los que se suman otros pliegos que consideran importantes como el de la base del Alinghi que implicará el completar el cluster tecnológico y que tendrá que sacarlo el Ayuntamiento.
También tienen en mente como primordial sacar a licitación la zona industrial para el Varadero y la reparación embarcaciones, el Tinglado 2 para su rehabilitación y explotación, el concurso de paseos en barco y algún kiosco que que pendiente. Tras esto vendría tinglado 4 y 5 y también están trabajando en el pliego para el poblado náutico.
Ahora, a falta de encontrar un líder para el Gobierno de España, la situación sigue empantanada. El ahora ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, ya descartó en numerosas ocasiones perdonar la deuda aunque aseguraba que buscaría fórmulas para su redefinición con el fin de no ser un obstáculo para el desarrollo de la Marina Real. Negociaciones que no han llegado a ningún puerto.
El Ayuntamiento insiste en la condonación
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, exigía este mismo jueves al Estado la condonación de los 370 millones de euros de deuda. Como parece lógico, Ribó insistió en un desayuno informativo en Madrid, que esa deuda es «inasumible» para el consistorio y que su condonación es imprescindible para «garantizar el futuro» de una de las zonas de la ciudad con mayor protección innovadora, empresarial, cultural y de ocio.
Y es que la deuda se incrementa a razón de 20 millones de euros al año por intereses a los que no puede hacer frente. De ellos, el Estado es acreedor de 370 millones a través del ICO y del Tesoro. El alcalde argumentó que lo que pide supone «simplemente exigir al Estado el mismo trato que recibió Barcelona en los Juegos Olímpicos del 92, Sevilla en la Expo del mismo año y Zaragoza en la Expo de 2008», eventos -a su juicio- equiparables, en los que el Estado realizó fuertes inversiones