El autor analiza la situación del taxi tras la propuesta de la app de liberalizar el sector.
Emilio Domínguez del Valle 16 octubre, 2019 14:47
La semana pasada la nueva cúpula de FreeNow (Daimler/BMW) se estrenaba presentando un estudio en el que aseguraba que la existencia de un número limitado de licencias de taxi supone una pérdida de 214 millones de euros para los bolsillos de los usuarios y, en consecuencia, abogaba por la completa liberalización de este servicio.
Hasta la fecha la plataforma había evitado entrar en conflicto con los taxistas. Es más, había aparentado ser su adalid, la cara amable del mundo de las plataformas digitales para los taxistas. Pero con este cambio de discurso FreeNow (indistinguible de Uber, Cabify o cualquier otra con vocación multimodal) asesta un golpe que la desenmascara en sus intenciones de monopolizar la movilidad multimodal en nuestro país.
La excusa es la tecnología, como si la sociedad tuviera que pagarla con la supresión de los servicios públicos y el paso al oligopolio de las plataformas digitales, bajo el principio de “el más grande se queda con todo el mercado”.
No obstante, la antigua Mytaxi tiene como principal inconveniente para que prospere su discurso que el citado estudio llega cinco años tarde en sus postulados. Uber, Cabify, la patronal Unauto VTC, la CNMC y el Ministerio de Economía, en época de Luis de Guindos, ya intentaron intensamente y durante cuatro años liberalizar las licencias de taxi, bien sea por vía directa o por la indirecta de liberalizar el mercado de las VTC.
Ya fueron el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (S. 20.12.17)y el Tribunal Supremo (S.4.6.18) quienes les cerraron la puerta, ratificando el sistema de licencias limitadas. También el Consejo de Estado en varios dictámenes ofreció argumentos sobre las bondades de la gestión municipal y regulada del taxi como “servicio público de interés general” para la ciudadanía
Este sistema, además de estar amparado en las leyes vigentes y ratificado por la jurisprudencia, requeriría de un impagable proceso expropiatorio para ser revertido. Parece además que ha quedado claro que ningún taxista de España va a ceder sin contraprestación ni compensación económica el derecho legal y legítimo a su licencia municipal.
Sin embargo, para las plataformas digitales eliminar las garantías de servicio público que el sistema proporciona a los ciudadanos resulta un caramelo muy jugoso, y el dinero de FreeNow va moviendo hilos para ver si consigue reabrir el debate tanto en España como en Bruselas.
Para que triunfe el plan, de su particular “proces de liberalización”, primero deben eliminar el sistema de licencias que permanecen en manos de trabajadores autónomos en vez de en manos de sus multinacionales. Luego, arruinarlos para llevarlos a ser proveedores cautivos y en exclusiva de sus redes comerciales, fijando sus costes y los precios del servicio, para después, usurpar todos los márgenes económicos de la actividad.
Más tarde irán empaquetando sus servicios dentro de otros de carácter multimodal mediante los que el ciudadano -sí, a ese al que habían engañado diciendo que ahorraría millones si apoyaba sus plataformas- pase de usuario de servicio público a mero abonado por cuota recurrente de su oligopolio privado. Por último, no quedarían otros servicios en el mercado y la clientela cautiva sea derivada a sus futuras flotas de taxis autónomos y demás servicios enlazados.
Fin de un servicio público de interés general. Y todo esto con el impresentable aplauso y la inestimable colaboración la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que de este modo se auto-justifica y recuerda que fue quien irresponsablemente inició este discurso del presunto ahorro a los usuarios, descolgándose con un estudio de cuño propio en el que aseguraba, allá por 2016, que “la pérdida en el bienestar de los consumidores derivada de las restricciones en la normativa de vehículos de alquiler con conductor (VTC) se estima en un mínimo de 324 millones de euros al año”. Que son 110 millones más de los 214 que ahora alega FreeNow, y prácticamente la mitad de los 603 millones de euros que aseguraba como ahorro el estudio que realizó en 2017 para Uber la consultora española AFI, sosteniendo aquel que “en un escenario de liberalización completa de las VTC, la tarifa media ponderada de los servicios de taxi y VTC descendería en un 35% sobre los precios actuales”.
El estudio que ahora presenta FreeNow, está confeccionado por aquella firma cuyo nombre se le atragantaba en la dicción a Pablo Iglesias. O sea, Price Waterhouse Coopers (PwC). La misma que tiene cuatro de sus principales directivos en España condenados por fraude fiscal, fue sancionada en la auditoría del Banco Popular, condenada por sus auditorías a AENA y al Grupo Torras, y tiene empleados condenados por filtración de los documentos del caso Luxleaks, sobre elusión fiscal.
A la vista de todo esto, que el público juzgue la última maniobra de FreeNow.
Emilio Domínguez del Valle. Secretario Técnico de la Federación Española del Taxi (FEDETAXI).
