Protesta de taxistas en París contra la plataforma de transportes Uber EFE
Un órgano consultivo de la UE aprueba un dictamen en el que pide a la comisión la regulación de este modelo.
Por primera vez un organismo de la Unión Europea (UE) se ha posicionado formalmente acerca de la economía colaborativa. Así lo señala el lobby del sector -Sharing España- en referencia a un dictamen aprobado este mes por el Comité de las Regiones (CDR). El documento elaborado por este organismo consultivo de la UE arroja luz sobre asuntos ampliamente debatidos acerca de este modelo económico y sus características y de cómo debe abordarse su regulación.
«Es un dictamen muy interesante que, entre otras cosas, hace una composición de lugar de las tipologías de servicios que puede abarcar la economía colaborativa», señala Miguel Ferrer, abogado experto en asuntos públicos y asesor de Sharing España.
Las modalidades a las que se refiere son cuatro, según el CDR: la «economía de acceso», que abarca «aquellas iniciativas cuyo modelo de negocio implica la comercialización del acceso a bienes y servicios, no su tenencia»; la «economía de los trabajos ocasionales», que promueve «trabajos esporádicos cuya transacción se hace a través del mercado digital»; la «economía inter pares», que «implica a los usuarios en el diseño del proceso de producción o convierte a los clientes en una comunidad», y la «economía de puesta en común», para iniciativas de propiedad o gestión colectiva.
Según el CDR, las cuatro tipologías tienen en común que «utilizan el mismo paradigma social: el acto de compartir, colaborar y cooperar». Sus principales agentes «ya no son los consumidores que desean poseer algo», sino ciudadanos «que desean acceder a un servicio para satisfacer determinadas necesidades», aclara el organismo.
Cuestiones estratégicas
Ferrer destaca que el documento también prevé «cuestiones estratégicas, como la relevancia de la reputación y de la confianza en estas plataformas, y con ellas la de la portabilidad de los datos por parte de los usuarios». Tal y como lo expresa el CDR, «los datos constituyen la materia prima de la economía colaborativa y, en la medida de lo posible, en algunos casos deben ofrecerse en código abierto».
Añade que «se debería pedir a las plataformas que incluyan mecanismos para facilitar datos públicos y relevantes, siempre que no sean confidenciales ni estratégicos, a los entes locales y regionales». Ferrer cree que esto «es positivo para la transparencia y para que haya menos monopolios digitales».
En este sentido, el comité de las regiones sostiene que «es preciso garantizar el acceso libre al mercado para los nuevos participantes en él» y pide a la Comisión Europea «un enfoque coordinado para la regulación de la economía colaborativa».
Entre otras cosas, porque «dada la pluralidad de entes europeos que están trabajando en el enfoque de este modelo de forma no transversal, existe un riesgo claro de descoordinación», explica Ferrer.
Coordinar esfuerzos
El CDR pide a estas instituciones de la UE que coordinen esfuerzos mediante una agenda de política pública sobre esta economía que permita plantear el modelo colaborativo «como un fenómeno económico, político y social» que implica «cambios potenciales sobre los actuales sistemas económicos». También contempla la posibilidad de la autorregulación mediante evaluaciones y órganos independientes de calificación entre pares que «podrían asegurar la confianza».
El CDR propone la creación de un «ecosistema institucional colaborativo» bajo la premisa de que «las iniciativas de este modelo, además de fomentar el desarrollo de las economías locales, pueden ser un instrumento para favorecer la promoción y regeneración de los denominados bienes comunes, como la movilidad, el bienestar, el paisaje urbano y el medio ambiente». Para Ferrer, «es importante que las administraciones locales asimilen que este modelo puede ser para ellas un revulsivo dinamizador».
El CDR identifica los aspectos negativos asociados a la economía colaborativa. Es crítico con las iniciativas que se ponen la etiqueta colaborativa para beneficiarse y «falsear los mercados preexistentes sin hacer frente a unos costes fijos similares».
Aspectos negativos
Subraya que este modelo «puede tener un efecto negativo en las relaciones laborales» e insta a la Comisión a «estudiar en detalle las condiciones de empleo de los trabajadores de la economía colaborativa, para determinar si es necesaria una actuación reguladora en este ámbito».
El CDR apostilla que «la economía colaborativa podría crear una nueva clase social, que necesita garantías sociales y económicas». También habla de «una nueva identidad económica»: la de la persona que no desea actuar sola y que, «en vez de guiarse por el ansia de maximizar sus propios intereses materiales, acompaña su comportamiento económico de un compromiso con la comunidad, actúa en la escena pública y entabla una relación con sus conciudadanos para velar por el interés común y general».
En opinión de Ferrer, todo esto deberá ser objeto de debate en la elaboración de la estrategia del Mercado Único Digital en Europa, al que está sujeto este modelo. El CDR manifiesta su sorpresa por el hecho de que la Comisión «haya acordado una importancia tan marginal a la cuestión de la economía colaborativa» en su propuesta inicial para ese Mercado Único Digital, e insta a la institución a tener en cuenta este modelo «a fin permitir que las iniciativas fructíferas de este tipo se propaguen fácilmente de un país a otro».