Imagen de una protesta de taxis en el centro de Valencia. Foto: EFE/KAI FÖRSTERLING21/10/2020 –
VALÈNCIA. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Valencia ha desestimado un recurso de la empresa Ares Capital contra la resolución de la Generalitat Valenciana de no otorgar la prórroga en 200 licencias VTC que le habían sido concedidas por sentencia judicial.
Todo comenzó en 2013, cuando la mercantil solicitó a la Administración 200 licencias para vehículos en régimen de arrendamiento con conductor. La petición fue inicialmente desestimada por silencio administrativo y, más adelante, de forma expresa. Fue entonces cuando Ares Capital acudió a los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana le dio la razón.
La Generalitat presentó un recurso ante el Supremo contra la sentencia, que le fue desestimado en 2018. Como consecuencia de ello, ese mismo año la Conselleria de Obras Públicas y Vertebración del Territorio dictó una resolución de ejecución de las sentencias mediante la cual requería a la empresa para que en el plazo de tres meses acreditara el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley. Entre ellos, el de disponer de 200 vehículos dedicados a esta actividad y domiciliados en la provincia de Valencia.
Esta comunicación fue recibida por Ares Capital el 26 de noviembre de 2018, y el 25 de febrero del 2019, a pocos días de expirar el plazo, presentó una solicitud de prórroga. La Generalitat se la denegó y archivó el expediente de licencia.
La nueva sentencia ahora conocida se ha centrado en determinar si la administración estaba o no obligada a conceder esta prórroga. El juez concluye que no, puesto que, “contrariamente a lo que pretende” la empresa, la ampliación de los plazos tiene “carácter discrecional” por parte de la Conselleria según está expresado en el precepto con las expresiones “podrá” y “excepcionalmente”.
No se justificó lo suficiente
El magistrado considera que el único documento que presentó Ares Capital en justificación de su petición fue una factura proforma relativa a la adquisición en diciembre de 2018 de los vehículos y un certificado sobre la fecha prevista de entrega para febrero de 2019 (que finalmente se demoró hasta marzo). “Se trata de documentos privados que no acreditan lo suficiente los requisitos que había de cumplir la empresa ni la petición de ampliación del plazo”, indica.
Por todo ello, desestima el recurso de la mercantil y le impone el pago de las costas a las que ha tenido que hacer frente la Generalitat.
La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, parte codemandada en este asunto, ha agradecido a la Generalitat que “siga en su política de denegar VTC” y ha destacado que el territorio sigue los pasos de otros como Baleares.
“El sector del taxi tiene que estar de enhorabuena, porque haber perdido este juicio hubiera puesto 200 VTC más en la calle en unas semanas, y mirar para otro lado como hacen otras asociaciones del sector supone un peligro demasiado grande que no podemos permitirnos”, han expresado en un comunicado.