Reino Unido amenaza a Uber con una multa de 1.184 millones por una deuda fiscal

La Hacienda británica decidirá si la considera una tecnológica intermediaria o una empresa de transporte, en cuyo caso tendrá que considerar como trabajadores a los conductores y abonar los impuestos correspondientes, que ahora no paga.

Visitantes de la feria VivaTech en París entran en las oficinas de Uber en París, el pasado jueves. CHARLES PLATIAU REUTERS

La empresa estadounidense de transporte Uber está siendo investigada por una posible deuda con la Hacienda británica (HMRC) que podría rondar los 1.184 millones de euros, según ha informado el diario The Times. De esta forma, Reino Unido vuelve a plantear si los conductores de la multinacional son empleados fijos de la compañía o si por el contrario trabajan como autónomos.

De confirmarse, la diferencia para Uber, y por extensión para sus usuarios, podría ser abismal. Si finalmente el organismo considera que la función de la plataforma es mayor que la de actuar como un mero intermediario digital entre sus 60.000 conductores y los pasajeros podría verse obligada a pagar el 20% de IVA que marca la ley. Un sobreprecio que, si llega a producirse, podría terminar afectando directamente a las tarifas aplicadas al consumidor, aunque Uber no ha querido hacer comentarios al respecto.PUBLICIDAD

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“El HMRC se asegurará siempre de que cualquier empresa, sin importar su tamaño, pague todos los impuestos que marque la ley británica sin conformarse con menos”, ha reconocido un portavoz del organismo en declaraciones recogidas por The Times. Mientras, Uber sostiene que “cumple y seguirá cumpliendo con las obligaciones impositivas de los países en los que opera”.

Desde la empresa estadounidense aseguran que sus conductores, como ocurre con los tradicionales taxis negros, no llegan a los alrededor de 95.000 euros anuales a partir de los cuales se comenzaría a pagar impuestos, pero lo que está planteando el HMRC es si Uber debería ser considerada impositivamente como una compañía de transporte en sí misma.

Este anuncio se enmarca dentro de la intención del Gobierno británico de empezar a endurecer su posición con respecto a las compañías digitales estadounidenses que operan en el país sin apenas pagar impuestos, agarrándose a unos resquicios legales que el Reino Unido está dispuesto a eliminar.

Uber ya ha tenido problemas en las islas en el pasado, e incluso estuvo a punto de perder su licencia para operar en Londres, y si finalmente esta sanción se confirma podría suponer la primera gran multa para un gigante tecnológico en el país gobernado por Theresa May.PUBLICIDAD

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De hecho fue en la capital donde Uber, valorada en cerca de 70.000 millones de euros, podría haber empezado a perder esta batalla después de que los tribunales, auspiciados por la demanda presentada por dos de sus conductores, obligasen a la compañía a reconocerlos como trabajadores de la empresa, asegurándoles vacaciones pagadas y salario mínimo.

Además, Uber es consciente de que si recibe una sanción de este tipo en el Reino Unido otros países podrían seguir su ejemplo. Su salida a la Bolsa americana a principios de este mes ha sido mucho más tibia de lo esperado, y en los documentos publicados para ella se ven obligados a admitir que las autoridades británicas podrían “pedirnos que paguemos el IVA (20%) del total de los viajes tanto de forma retroactiva como proactiva”. De hecho ya hay un magistrado trabajando sobre el caso, y con intención de hacer oficial el proceso esta misma semana, que asegura que la Hacienda británica podría pedir unos 296 millones de euros por cada uno de los cuatro años anteriores, alcanzando ese total que podría rondar los 1.184 millones.

Publicado por El Mundo.

Más de 2.000 taxistas ultiman una querella contra Uber y Cabify.

Barcelona, 20 may (EFE).- Más de 2.000 taxistas de toda España interpondrán una querella contra Uber y Cabify, entre otras empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), por ocho delitos que van desde la estafa masiva hasta el blanqueo de capitales.

Los demandantes son taxistas profesionales coordinados por la asociación Plataforma Integral del Taxi (PIT) y están representados por el exjuez y abogado Elpidio Silva.

Estas demandas se interpondrán de forma individual contra Uber y Cabify, las principales plataformas de intermediación que operan en España, pero también contra “un entramado de sociedades que manejan la mayoría de las VTC en todo el territorio nacional”, ha explicado a Efe Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi.

Los taxistas darán así un paso más en su particular batalla contra el sector de los VTC, después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite el pasado abril una demanda colectiva contra Uber, Cabify y otras tres empresas por competencia desleal.

En este caso, las demandas, de ser finalmente admitidas a trámite, no tendrán un recorrido civil, sino penal, pues los taxistas atribuyen a las compañías VTC delitos como la alteración de precios mediante engaño, administración desleal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y contra el derecho de los trabajadores.

Además, “todos estos delitos se están produciendo de forma continuada”, ha destacado Álvarez.

El abogado Elpidio José Silva, acompañado de miembros de la Plataforma Integral del Taxi y Élite Taxi Barcelona, tiene previsto presentar en Barcelona esta nueva acción judicial contra las plataformas de alquiler de vehículos con conductor el próximo jueves 23. EFE

Publicado por La vanguardia.

Denunciado un conductor por realizar servicios de taxi con su vehículo particular

Rotonda de Cuatro Caminos, Santander | Foto: Google Maps
 Rotonda de Cuatro Caminos, Santander | Foto: Google Maps

ELDIARIOCANTABRIA30/03/19 

La Policía Local de Santander ha denunciado al conductor de un turismo por realizar servicios de auto-taxi con su vehículo particular, cobrando por ellos.

El conductor fue localizado a las 2.50 horas del pasado viernes en la rotonda de Cuatro Caminos e identificado y denunciado por una infracción al reglamento del servicio de taxi.

Por otra parte, durante los pasados jueves y viernes, la Policía Local auxilió a nueve personas que resultaron heridas como consecuencia de cinco accidentes de tráfico.

Entre ellos, el atropello de un camión a un peatón en la zona 30 de la calle Marcelino Sanz de Sautuola; la colisión de cuatro vehículos en la avenida Parayas, en la que resultaron heridas cinco personas; y el atropello a una persona que cruzaba por un paso de peatones de la avenida Candina por una furgoneta.

Además, se detuvo a la conductora de un turismo por negarse a realizar la prueba de alcoholemia y a otra por carecer de permiso de conducir.

En otro orden, durante las tardes y noches del jueves y del viernes, a requerimiento de los vecinos, la Policía Local estableció 14 controles y formuló 65 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública.

En el mismo periodo de tiempo, también fueron denunciadas siete personas por miccionar en la vía pública en distintas calles de la ciudad; e identificadas nueve personas por tenencia de drogas.

Publicado por El Diario de Cantabria.

La Consejería suspende 30 licencias VTC y sanciona tres veces a un vehículo Cabify en dos días

Uno de los vehículos de Cabify que operan ya en Murcia./Javier Carrión / AGM
Uno de los vehículos de Cabify que operan ya en Murcia. / Javier Carrión / AGM

El sector del taxi exige a la Comunidad una regulación «urgente y específica»

DANIEL VIDALJueves, 7 marzo 2019, 13:46  

La «desagradable sorpresa» que la llegada de Cabify a Murcia ha supuesto para los taxistas de la Región desembocó en la mañana de este jueves en una reunión en la Consejería de Fomento Infraestructuras entre los principales representantes del sector y el titular del departamento, Patricio Valverde. «Estamos haciendo una vigilancia exhaustiva a raíz de los hechos de los últimos días», dejó claro el consejero.

Así, en la reunión se puso de manifiesto que la Consejería ha suspendido en los últimos días 30 autorizaciones VTC. La razón, según Valverde, es que los vehículos que se nutrían de esas licencias «no están matriculados en la Región ni la empresa tiene sede en Murcia», como exigen los requisitos. «La empresa, que no es de la Región, tenía esas licencias en un cajón y ahora es cuando ha decidido utilizarlas», señaló Valverde. Además, las inspecciones realizadas en los últimos días han dado como resultado tres sanciones a un mismo vehículo (de Cabify) por diferentes motivos, entre los que están no portar el distintivo obligatorio y ocupar una zona reservada a los taxis.

El secretario general de la Federación del Taxi de Murcia, José Corbalán, exigió a la Comunidad una regulación «urgente y específica» para proteger a un sector que «no puede competir en igualdad de condiciones» con plataformas como Cabify. Según Corbalán, «es muy difícil competir desde un sector archiregulado, como el taxi, con otro sector sin regular. No hay igualdad de condiciones». Dijo Corbalán que el sector lleva «llamando a la puerta de la Consejería desde hace mucho tiempo» para buscar una solución a la llegada de estas empresas. «Hemos convivido sin problema con las VTC. Lo que no podemos consentir es que la movilidad urbana sea suplantada por empresas gestionadas por fondos buitre. Hoy será el taxi, mañana será otra cosa», indicó.

Publicado por la Verdad.

La Audiencia tumba la querella de la VTC contra el taxi por organización criminal

No acepta la competencia para estudiar la denuncia que presentaron las empresas del sector en plena crisis de la ‘guerra del taxi’.JESÚS MARTÍNEZ, GEMA HUESCAJueves, 07 Marzo 2019, 14:10Actualizado: 07/03/2019, 14:49

Taxistas en la Castellana

Paro de taxistas en el Paseo de la Castellana/ EFE

La Audiencia Nacional no estudiará la querella interpuesta por las empresas del sector de la VTC contra los taxistas por organización criminal y otros delitos relacionados con las férreas protestas que tuvieron lugar el pasado mes de enero en el país. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, no admite a trámite la denuncia al entender que este órgano carece de competencia para estudiar su contenido. 

La presentación de la querella, adelantada por este diario, se trató del primer movimiento judicial que los empresarios de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) tomaron contra el sector del taxi a principios de febrero. Los denunciantes consideraron que la actuación de dicho sector era constitutiva de los delitos de organización criminal, además de desórdenes públicos y coacciones, entre otros y así lo plasmaron en su escrito, que entró en dicho juzgado el pasado 1 de febrero. 

No obstante, el magistrado instructor adopta el criterio de la Fiscalía y expone en un auto con fecha de este miércoles que no es procedente aceptar su competencia, sin entrar a analizar el fondo del asunto. Cabe destacar que este juzgado es el mismo que instruye causas de gran calado en la Audiencia Nacional tales como el caso Tándem, relacionado con las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo, o las tramas Lezo y Púnica, entre otros.

Fotografía de taxistas quemando contenedores en Fitur.

Mira tambiénLa VTC lleva a los taxistas a la Audiencia Nacional por organización criminalPUBLICIDAD

La interposición de la querella se enmarca en los altercados que tuvieron lugar durante esos días. Solo en la capital madrileña la cifra de coches atacados fue de 150 según reportó Unauto, patronal de sector y firmante de la querella. De hecho, los incidentes en cuestión derivaron en la salida de Uber y Cabify de Barcelona si bien esta última ha reculado y ha anunciado que volverá a operar en la ciudad condal. Eso sí, en su retorno advirtieron que sólo cumpliría con la precontratación de 15 minutos en el primer servicio al cliente. Los siguientes se podrán ejecutar de manera instantánea.

Pero no solo en Cataluña ha habido cambios legales en torno a esta cuestión. El Gobierno madrileño también modificó la normativa del taxi equiparando en cierto modo sus condiciones a las de la VTC. De esta manera, los taxistas de Madrid podrán realizar trayectos contratados previamente y con un precio cerrado, similares a los que ofrecen los vehículos de alquiler con conductor para plataformas como Uber y Cabify, y ofrecer también ‘carreras’ compartidas por varios viajeros. 

El conflicto sigue vigente

Los términos de esta nueva regulación se conocieron apenas días después de que el sector pusiera fin al paro indefinido que secundaron durante 16 días tras el referéndum convocado por el sector que terminó con un un 53,9% a favor de desconvocar la huelga. Su decisión vino influida por la negativa de la Comunidad de Madrid a regular las VTC apelando a que la tramitación ordinaria podría tardar años en salir; movimiento que fue entendido como un “insulto” y un “desprecio” a los taxistas de la Comunidad.

Conviene recordar que la presentación de la querella por parte de las VTC ante la Audiencia Nacional se produjo el mismo día en que se conoció el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid en el que descartaba que Cabify fuera competencia desleal frente al taxi, al entender que únicamente funciona como mediadora entre usuarios y conductores. Se trata de un capítulo de la guerra que ganó la startup española aunque todavía cabe recurso contra el Tribunal Supremo.

Publicado por Información.

Multas de hasta 6.000 euros por incumplir el reglamento de VTC en Barcelona

El Área Metropolitana de Barcelona aprobará mañana este nuevo reglamento que sancionará a quien no respete la hora de antelación mínima

Vehículos VTC en su reciente protesta en Barcelona (Archivo)
Vehículos VTC en su reciente protesta en Barcelona (Archivo) / Europa Press

+EFEBarcelona25/02/2019 – 15:34 h. CET

El nuevo reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sobre licencias de vehículos de alquiler con conductor, los llamados VTCprevé multas de hasta 6.000 euros para quienes incumplan la nueva normativa, que obliga a contratar estos servicios con una hora de antelación mínima.

El ente supramunicipal prevé aprobar este martes el documento, al que ha tenido acceso Efe, que se acoge a los supuestos que fijó la Generalitat catalana -medioambientales, de congestión y de seguridad- para elevar el período de contratación contemplado en la norma autonómica, de quince minutos hasta la hora.

En caso de que se incumpla este punto, el más controvertido de la norma y el que provocó la marcha de Uber y Cabify de la capital catalana, las sanciones oscilarán entre los 301 y los 1.400 euros, al considerarse una “infracción grave”.

En el mismo epígrafe se recogen prácticas como la captación de clientes en la calle o en puntos reservados para taxis, incumplir los dos días de descanso obligatorios y no disponer de una póliza de seguro en los parámetros exigidos. Como infracción “muy grave” y, por lo tanto, sancionado con hasta 6.000 euros, se contempla la prestación del servicio sin inscripción previa en el Registro de Vehículos o poner en riesgo la seguridad del pasaje, entre otros.

Precisamente, el Registro de Vehículos es una de las claves del nuevo reglamento, ya que los VTC deberán hacer constar en él todas sus carreras: “el día y la hora prevista de recogida, el origen y destino y los recorridos mínimos y máximos previstos”. Asimismo, “los vehículos afectos a los servicios urbanos deberán disponer de un dispositivo homologado que permita acceder a los trayectos realizados y puntos de estacionamiento, de forma georeferenciada y con horarios de prestación”.

Gracias a toda esta información, se podrá fiscalizar que los VTC cumplan con las restricciones que les impone el nuevo reglamento metropolitano, que ha provocado el rechazo del sector incluso antes de salir a la luz. Además de obligar a contratar con un mínimo de 60 minutos de antelación, el reglamento también fija dos días de descanso obligatorio -uno entre semana y otro en fin de semana- para los conductores de VTC, que no podrán captar a pasajeros en la calle y tampoco podrán usar la geolocalización para que los usuarios sepan por dónde están circulando.

En este sentido, la norma subraya que “si el vehículo está circulando sin pasajeros, el conductor tendrá que justificar la inscripción del servicio en el registro de servicio correspondiente o, si es el caso, que se dirige a su lugar de estacionamiento”. A los vehículos inscritos en el registro se les entregará una acreditación, consistente en un adhesivo identificativo que se tendrá que poner en un la parte inferior derecha de la luna delantera del vehículo.

Con todo, en el preámbulo del reglamento el AMB incide en que el objetivo del mismo es garantizar la convivencia “proporcionada” entre taxis y VTC, a partir de la premisa de que prestan servicios “diferentes”

Publicado por la cadena Ser

Reclamación colectiva, afectados 15 de marzo.

RECLAMACIÓN COLECTIVA

AFECTADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2018

El pasado día 15 de Marzo de 2018, cientos de compañeros perdieron un día de trabajo, por un error en la programación de Tarifas de Taxímetros.

En la Asamblea de Federación celebrada el 26 de Septiembre del 2018, se pospuso la decisión de impulsar acciones judiciales para intentar conseguir una compensación a los afectados, a la espera de algún gesto por parte de instaladores y fabricantes de los programas de tarifas.

En breve cumplirá el plazo de un año de la citada fecha, por lo que el Abogado de la Federación nos aconseja no dejar pasar ese plazo para que cualquier compañero no pierda el derecho a presentar una reclamación colectiva para reducir los costes, ya que hacerlo por separado es inviable.

Todos los compañeros afectados, que estén interesados en formular la reclamación colectiva tendrán de plazo hasta el próximo día 5 de Marzo de 2019, personándose en las oficinas de la Federación con su DNI para firmar la autorización.

Las Condiciones son:

  • 25 €/Afiliado a Federación.
  • 35€/No Afiliado a Federación.
  • Para mantener estos precios es necesario que se apunten mínimo 100 compañeros (en caso de ser un número inferior habrá que consultar el precio por persona al Abogado).

La Junta Directiva de Federación sigue negociando con las entidades instaladoras y fabricantes de programas de tarifas una compensación a los compañeros afectados, como alternativa a estas reclamaciones, que sabemos son perjudiciales para el sector y para nuestras entidades.

                                                                       LA JUNTA DIRECTIVA

FACUA presenta una batería de denuncias contra Cabify ante las cinco comunidades autónomas donde opera

FACUA-Consumidores en Accion ha presentado una batería de denuncias contra Cabify ante las cinco comunidades autónomas en las que opera en España al entender que la empresa vulnera tanto la legislación de defensa de los consumidores como la que regula a las agencias de viajes.

En los últimos meses, la asociación ha planteado a Cabify la existencia de una serie de irregularidades en sus condiciones contractuales para que procediera a corregirlas. La empresa ha rectificado algunas de ellas esta semana, pero ha mantenido las que FACUA entiende de mayor envergadura, por lo que ha procedido a interponer denuncias ante los organismos competentes en el control del cumplimiento de la legislación a la que está sometida.

FACUA considera que las condiciones contractuales de la filial española de Cabify (Maxi Mobility Spain SL) sitúan a los usuarios en una situación absoluta indefensión en caso de que se produzcan irregularidades en los servicios contratados, como que los transportistas se retrasen o no lleguen, cargos superiores a los ofertados, deficiencias en la calidad y prestaciones de los vehículos o daños por accidentes.

Las denuncias por el posible incumplimiento de la normativa de protección al consumidor han sido remitidas este viernes a las autoridades de consumo de Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia. Asimismo, FACUA ha interpuesto otra denuncia ante la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, donde Maxi Mobility Spain SL tiene su sede social. En la actualidad, Cabify opera en España en A Coruña, Alicante, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia.

Una “agencia de viajes” que se desestiende de sus responsabilidades

En sus “condiciones generales de uso”, la empresa advierte de que opera en España como “agencia de viajes” al estar registrada como tal. Sin embargo, FACUA denuncia que en esas mismas condiciones la compañía afirma que sólo “actúa en calidad de intermediario” y que su actividad está sometida, entre otras normas, a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (Lssice).

FACUA señala en sus denuncias que si estuviera regida por la Lssice, Cabify podría intentar acogerse al régimen de reponsablidad específico que recoge esta normativa para no tener que responder ante los usuarios por cualquier clase de daño o perjuicio sufrido en la prestación de los servicios que oferta. Pero lo cierto es que las características de los servicios de este tipo de plataformas impiden que puedan considerarse prestadores de servicios de la sociedad de la información, como puso de manifiesto la sentencia contra Uber dictada en 2017 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Aparenta que es un mero intermediario

Cabify pretende aparentar que es un mero intermediario, obviando sus obligaciones como agencia de viajes y como si no hiciese otra cosa que poner en contacto a un usuario con una empresa para que contrate sus servicios. Pero lo cierto es que cuando se solicita un transporte a través de la app de Cabify, toda la contratación y pago se lleva a cabo de forma directa con esta empresa, sin que ni siquiera se informe de cuál es la titular de la licencia de Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) para la que trabaja el profesional que llevará a cabo el servicio. Resulta obvio, advierte la asociación, que sin la plataforma de contratación de Cabify, los consumidores no podrían o tendrían muchas dificultades para contratar de forma directa con las licenciatarias de VTC que prestan sus servicios a través de Maxi Mobility Spain SL.

En el apartado 8 de sus condiciones contractuales, dedicado al “régimen de garantías y de responsabilidad”, la empresa afirma que “la prestación final del servicio de transporte quedará a discreción del tercero transportista” y que “el usuario renuncia y exonera a Cabify de cualesquiera obligaciones, reclamaciones o daños surgidos como consecuencia de la relación con el tercero transportista”.

Legislación de consumo y agencias de viajes

FACUA considera que con estas prácticas, la multinacional vulnera en España tanto la normativa de consumo como la que regula las obligaciones de las agencias de viajes. Así, el Decreto 99/1996, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de las Agencias de Viajes de la Comunidad de Madrid establece en su artículo 22 que éstas “vienen obligadas a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados con las condiciones y características estipuladas”. La asociación argumenta en su denuncia que Cabify no puede por tanto desentenderse de sus responsabilidades con los usuarios si se produce cualquier irregularidad en la prestación de los servicios.

En lo que se refiere a la legislación de defensa de los consumidores, tanto la ley estatal como las autonómicas plantean como infracciones la aplicacíon de cláusulas abusivas en los contratos. Y el intento de Cabify de exonerarse de cualquier responsabilidad ante incumplimientos de las condiciones de los servicios contratados a través de ella podría constituir una cláusula abusiva por causar “un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes”, argumenta FACUA en sus denuncias.

Publicado por Facua.

El sector del taxi anuncia demandas y querellas contra Uber, Cabify y el Gobierno para defenderse de las VTC .

La Plataforma Integral del Taxi ha anunciado que presentará una demanda civil y una querella criminal contra Uber y Cabify, así como una demanda por daños patrimoniales contra la Administración central para defender los derechos de los taxistas en el conflicto por el uso de las licencias de VTC, que podría derivar en indemnizaciones millonarias para los taxistas. El coordinador de Élite Taxi, Alberto Álvarez, ha adelantado este martes esta batería de medidas ante la justicia española durante una conferencia de prensa para explicar la estrategia del sector ante la expansión de operadores como Uber y Cabify, que actúan con las licencias de los vehículos de transporte con conductor, los VTC. La primera de las actuaciones que emprenderán los taxistas es la interposición de una demanda civil contra Uber y Cabify por competencia desleal, a la que seguirá una querella criminal contra “los responsables de la trama” que pretende, según Álvarez, acabar con el sector del taxi. La querella criminal se presentaría por los posibles delitos de manipulación para alterar el precio de las cosas, estafa masiva, fraude de ley y blanqueo de capitales. “Hay pruebas de que se está montando una trama y que hay personas que están impulsando que se liquide un sector protegido por directivas europeas. Nos quieren quitar del medio, pero no nos dejaremos”, ha dicho Álvarez. Para un poco más adelante, el sector llama a los taxistas a unirse para presentar demandas por daños patrimoniales contra la administración central, a la que acusan de “mirar para otro lado” durante años, permitiendo la actual situación, pese a existir una directiva de la Comisión Europea de 2006 que “preserva” el sector. Según el abogado que ultima la demanda, Elpidio José Silva, “desde hace 9 años el Estado español sólo ha hecho que incumplir frontalmente las directivas comunitarias que dicen que si quieres hacer de taxi debes tener una licencia de taxi y que preservan el sector de la liberalización”. Si estas demandas fueran aceptadas por los tribunales, Álvarez y Elpidio José Silva han asegurado que la administración española se enfrentaría al pago de indemnizaciones millonarias, que podrían llegar a un cómputo total de más de 25.000 millones de euros. Según ellos, esta cantidad saldría de multiplicar las 70.000 licencias de taxi que existen en España por unos 400.000 euros de indemnización por cabeza para compensarlos por el dinero que han dejado de ganar durante los últimos años en que han tenido que competir con los VTC. En principio, las demandas y querellas deberán presentarse de manera individual por los taxistas ante la justicia española aunque la Plataforma Integral del Taxi (PIT) está coordinando las iniciativas y el asesoramiento legal necesario, que corre a cargo del exmagistrado Elpidio José Silva. En estos momentos, forman parte de la Plataforma unos 1.500 taxistas de Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga y Valencia, entre otras ciudades, aunque se espera que este número crezca en las próximas semanas y meses.

Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3536926/0/taxi-demanda-vtc-gobierno/#xtor=AD-15&xts=467263

INFORMACIÓN DE SITUACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LAS VTC

En los últimos meses se ha intensificado la lucha judicial en toda España por parte de la Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI) y las Asociaciones Territoriales que la componen, entre ellas la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana (CTACV), ampliando la inversión en la contratación de abogados, y multiplicando el trabajo para conseguir el equilibrio entre los dos sectores Taxi/VTC.

Fruto de este esfuerzo, se están recogiendo algunos resultados positivos, como es el acierto de nuestros abogados en la última sentencia del Supremo sobre el Rott, o el Recurso de Casación aceptado por el Supremo de 200 VTC por solicitudes masivas (único recurso aceptado en toda España por solicitudes entre 2013 y 2015).

La Confederación va a seguir luchando en la Comunidad Valenciana para conseguir una modificación normativa con rango de Ley para limitar el número de VTC que pueden prestar servicio con origen y destino dentro de la Comunidad y paralelamente va a seguir luchando en los Juzgados para que las miles de VTC solicitadas no salgan a la calle, pase lo que pase con las decisiones de la Consellería.

INFORMACION DE VTC SOLICITADAS 2012-2015

(SEGÚN LISTADOS PRESENTADOS POR LA CONSELLERIA DE TRANSPORTES)

Se han solicitado unas 4811 VTC en la Comunidad Valenciana desde 2012 a 2018, aunque las solicitudes posteriores al Rott (2015) no van a prosperar.

Solo peligran unas 1600 VTC solicitadas entre 2012 y 2015 en Valencia y Alicante (cifras aproximadas, porque aún estamos en proceso de contrastar listados con la información que nos llegan de los juzgados).

En Castellón, al parecer no hay VTC solicitadas anteriores a la modificación del Rott.

La Plataforma contra el intrusismo (todas las asociaciones) está personada (a través de la Federación Sindical del Taxi de Valencia) en 13 procesos judiciales, que suman 483 VTC, de estos, solo 3 procesos son anteriores al Rott y suman 260 VTC.

No estamos personados en unos 50 procesos, que suman unas 1300 VTC.

La Confederación se ha personado en 3 procesos, que suman unas 50 VTC.

La Confederación se va a personar con urgencia en 15 procesos con solicitudes de VTC muy numerosas, anteriores al Rott (2015) que suman 951 VTC, y seguidamente nos personaremos en el resto de procesos judiciales que suman unas 300 VTC con solicitudes menos numerosas (menos de 15 VTC cada proceso).

Todas estas cifras son aproximadas y poco a poco irán siendo más exactas, una vez que vayamos conociendo con más detalle la información de los procesos judiciales, ya que hay sentencias firmes que no se pueden recurrir y hay empresas que no han recurrido en tiempo y forma las denegaciones efectuadas por la Generalitat.

 

LA JUNTA DIRECTIVA