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MALLORCA – El Govern aprueba el proyecto de ley de Transportes Terrestres urbanos e interurbanos que regula los servicios de vehículos, autobuses y trenes

Virginia Eza. Palma El Govern aprobó ayer el proyecto de ley de Transportes Terrestres y Movilidad de Balears, que entre otros aspectos incluye medidas para el transporte en taxi, como el aumento a siete del número de plazas que podrá tener cada uno frente a las cinco actuales, salvo los vehículos destinados a transportar personas con movilidad reducida cuya capacidad máxima será de hasta nueve plazas, de las cuales dos deberán estar habilitadas con mecanismos para sujetar sillas de ruedas. Asimismo, se establece la limitación a un máximo de dos licencias de taxi por titular y una tercera en el caso de transporte de personas con movilidad reducida, además de las que se puedan recibir por transmisión en virtud de herencia, jubilación forzosa o incapacidad total del titular anterior.

El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, resaltó que se trata de un proyecto de ley “muy debatido y que se ha estado consensuando con el sector desde abril de 2012″. No obstante, admitió que en el caso del sector del taxi los intereses son muy dispares y es difícil alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos. Otra de las medidas que afecta a este ámbito es que se abre la posibilidad de que los ayuntamientos puedan otorgar licencias de taxi de carácter temporal cuando lo consideren oportuno para satisfacer un incremento de la demanda en alguna época del año.

El proyecto de ley regula, además del transporte discrecional en autobús y taxi, el transporte ferroviario y en tranvía, el ferrocarril de Sóller de manera específica y los trenes turísticos. Company resaltó que se trata de “la primera regulación autonómica del transporte terrestre adecuada a las particularidades territoriales de las islas”.

En cuanto al transporte discrecional, destacó la posibilidad de contratar anticipadamente por plaza, con pago individual por asiento, en los transportes turísticos y discrecionales con origen o destino en los puertos o aeropuertos de Balears, siempre que la contratación se haya realizado antes de llegar a las islas. La intermediación quedará reservada a quienes tengan una licencia o autorización de transporte de viajeros, agencias de viajes, intermediarios autorizados o cooperativas de transporte y sociedades de comercialización, por lo que los hoteles no podrán realizar esta mediación.

Además, se establecen multas de entre 400 y 6.000 euros por el uso incorrecto del servicio público de transporte, tanto por parte del prestatario como del usuario, y de entre 6.000 y 12.000 euros para infracciones graves y muy graves en taxis.

En cuanto al transporte ferroviario, se establece la posibilidad de autorizar el uso de instalaciones de la SFM, que en la actualidad no se utilicen, para actividades diferentes al servicio de tren con el fin de obtener ingresos para mantenerlas.

Además, las grandes infraestructuras de transporte que representen un coste superior a los 10 millones de euros deberán someterse a un estudio de viabilidad tanto económica como de demanda que justifique su necesidad./Diario de Mallorca

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