Considera que no se ha acreditado la existencia de un grupo para controlar la actividad del sector
La Justicia no encuentra pruebas de la existencia de una supuesta mafia para controlar la actividad del taxi en el aeropuerto. La juez de Instrucción número 13 ha archivado la denuncia por los ataques y amenazas a taxistas en el aeropuerto de San Pablo, que fueron denunciados por la Fiscalía de Sevilla en enero de 2013.
La instructora llegó a imputar en la causa a nueve taxistas, entre ellos el presidente de la asociación Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras, pero ha decidido archivar la causa al considerar que no se han acreditado los hechos investigados, en relación a las supuestas coacciones y amenazas.
Fuentes del caso han explicado que los taxistas que comparecieron en el curso de la investigación como testigos matizaron los hechos y las supuestas coacciones, llegando a asegurar que el trato que recibieron de Filgueras fue siempre correcto e insistiendo en que la situación respecto a la actividad en el aeropuerto se ha “normalizado” desde que se denunció el caso, a mediados de 2012.
En este contexto y, después de tomar declaración a los testigos y a los nueve taxistas imputados, la juez ha dado carpetazo a la investigación, un archivo que ha recibido el visto bueno de la Fiscalía, que no ha recurrido el auto.
Los hechos fueron denunciados en el juzgado por la Fiscalía de Sevilla, tras analizar la denuncia que había presentado el presidente de Foro Taxi Libre, Juan Martín Caparrós. La Fiscalía llevó el caso a los juzgados para tratar de determinar si existía realmente un monopolio para controlar el servicio del taxi en el aeropuerto de Sevilla, después de los últimos incidentes que se registraron en el verano de 2012, en el que al menos cuatro vehículos sufrieron pinchazos en sus ruedas y arañazos cuando se hallaban en la terminal del aeródromo sevillano, en un gesto que la mayoría de los taxistas interpretaron como un boicot de sus compañeros que prestan servicio en el aeropuerto.
La Fiscalía no apuntaba expresamente en su denuncia a la existencia de una mafia del taxi en el sector, pero sí hablaba del intento de “controlar la actividad” del sector en el aeropuerto por un grupo de personas de este colectivo. El Ministerio Público entendía que había indicios de delitos de amenazas o de coacciones, lo que motivó que descartara a priori el archivo de la investigación y presentara la denuncia en los juzgados de Sevilla, cuyo archivo ha acabado ahora avalando el propio Ministerio Público.
El presidente del Foro Taxi Libre, Juan Martín Caparrós, que denunció el caso en la Fiscalía, lamentó ayer el archivo de la causa y opinó que el Ayuntamiento de Sevilla se debería haber “personado en esta causa” para investigar la existencia de esas amenazas y agresiones en el aeropuerto. Según explicó Caparrós, el Consistorio “ha estado permitiendo los abusos y ha hecho dejadez de funciones en el aeródromo en relación con un servicio público que es esencial”. Foro Taxi Libre no se personó, añadió el representante de la asociación, por falta de medios económicos. “Cumplimos con nuestro deber al denunciarlo en la Fiscalía, pero el Ayuntamiento ha permitido los abusos”, insistió Juan Martín Caparrós.