El nuevo Espai Sanitari Campanar-Ernest Lluch empieza a ser ya una realidad. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, visitó este martes las instalaciones del remodelación servicio de Urgencias recayente a la calle Joaquín Ballester y ha anunciado que el próximo jueves entrará ya en servicio para dar cobertura a cerca de 200.000 vecinos del entorno.PUBLICIDAD
El recinto cuenta con una superficie de 650 metros cuadrados repartidos en dos plantas y estará atendido por 22 facultativos, 27 enfermeros, dos técnicos especialistas en radiodiagnóstico, seis celadores, siete auxiliares de enfermería y siete administrativos. Estos profesionales serán los encargados de atender las cerca de 47.000 urgencias que se registran al año en esta zona.
Paralelamente, según informó la consellera, se están terminando las obras de desamiantado del edificio de rehabilitación, que acabarán en julio, y en los próximos meses empezarán las del pabellón central y el de enfermería, Estos inmuebles se derribarán para poder construir las nuevas instalaciones, mientras que el antiguo edificio de investigación se rehabilitará para albergar el futuro servicio de emergencias sanitarias.
En esta línea, a finales de 2019 -al menos, durante el último trimestre- arrancarán las obras del centro de salud y especialidades, «el de mayor dimensión de toda la Comunitat, con más de 20 especialidades, resonancias magnéticas, TAC, rayos, etc. El 80% de las consultas podrán ser atendidas aquí sin necesidad de desplazarse al nuevo hospital», resumió.
Con todo ello «empieza la ordenación de los espacios, que estamos pendiente de presentarlo al Ayuntamiento de Valencia para que apruebe toda la ordenación», indicó Barceló, quien cree que «vamos a poder culminar todo este espacio, esperemos, esta legislatura».DAMIÁN TORRES
El número de licencias VTC se dispara en la región de Andalucía, donde operan ambas plataformas y han incrementado el número de v
Barcelona, 10 de junio de 2019 (04:55 CET)
Uber y Cabify siguen expandiéndose en España. Las plataformas de movilidad han encontrado un nuevo punto en el que explotar sus servicios con más intensidad más allá de Madrid, la zona que más licencias VTC (permisos que necesitan las plataformas para prestar su servicio) están activadas.
La información del Ministerio de Fomento, que recoge mes a mes en qué zonas y en qué modo evoluciona el número de vehículos VTC, revela que el sur de España es la zona que más crece de toda la geografía nacional en lo que va de año.
Comparando una comunidad autónoma y otra se observa más claramente el cambio. Desde febrero, mes en el que entró en vigor el decreto anti-Uber de Cataluña, 317 vehículos VTC dejaron Cataluña (Barcelona, sobretodo), mientras que otras 306 se incorporaron a Andalucía.
Fuentes del sector matizan que el trasvase no corresponde a un movimiento de las empresas, que mueven los vehículos de una región a otra — el ratio de territorialidad impide que se haga en más de un 20% — , sino a la activación de nuevos permisos que se han ido introduciendo en el mercado, mientras que las licencias en Cataluña se han ido desactivando.
La región es ya la segunda zona de España con más licencias VTC, con 2.294 licencias activas, el 15,47% del total de ellas (14.827). Números que se concentran en pocas ciudades, como Málaga, donde operan más de la mitad de coches VTC que hay en toda Andalucía.
No es casualidad que en Andalucía tanto Uber como Cabify hayan ido aterrizando desde su nacimiento. La compañía española entró en 2016 en Málaga y Sevilla, mientras que la californiana no llegó hasta 2018, con su aterrizaje en Sevilla y Córdoba y con el lanzamiento en Granada para este año.
No obstante, la Comunidad de Madrid sigue siendo la región de España que más permisos VTC atesora. Concentra ya 7.662 licencias, más de la mitad de las que hay en toda España (51,76%).
Una decena de empleados han denunciado a Costa Fleming y otras operadoras de Cabify y tienen juicios pendientes en Valencia por ser despedidos tras denunciar ante la Inspección de Trabajo
El conductor de VTC readmitido percibe 1.113,31 euros brutos mensuales (890 euros de salario base y 222,66 euros de pagas extras prorrateadas) por 40 horas, pero realizaba 60 durante seis días a la semana
Uber saldrá de Valencia por la nueva legislación autonómica y sus chóferes se están yendo a sociedades que trabajan con Cabify
El juzgado de lo Social número 12 de Valencia ha condenado a la empresa Costa Fleming Sociedad Cooperativa de Madrid -empresa que usa los servicios de Cabify- a readmitir a un chófer al que despidió por reclamar una condiciones laborales «dignas y acordes a la legislación vigente». La multinacional Cabify también estaba codemandada en esta causa por una posible insolvencia de la primera, pero no ha sido condenada al no haber relación directa con el conductor.
El conductor de Costa Fleming y Cabify y otros 12 compañeros tenían contratos de 40 horas semanales por los que percibían al mes 1.113,31 euros brutos (890 euros de salario base y 222,66 euros de pagas extras prorrateadas). Los trabajadores, visto que semanalmente realizaban más de 60 horas y trabajaban seis días seguidos, algunos de noche, acudieron a la empresa a presentar «una queja por las condiciones laborales abusivas».
Al no encontrar respuesta en la empresa, este chófer y otra docena acudieron a la Inspección de Trabajo de Valencia para denunciar la situación. Los conductores, denuncian además que desde agosto de 2018, cuando entraron 35 conductores, solo quedan cuatro, algo que achacaron a las condiciones laborales. Tras esta acción, el conductor fue despedido por teléfono el pasado 11 de febrero de 2019 sin firmar ninguna documentación y la empresa alegó que no había superado el periodo de prueba.
La jueza concluye, en una sentencia fechada el pasado 23 de mayo y ganada por el despacho valenciano Legem Abogados, que el despido por periodo de prueba no se podía contemplar porque el conductor ya tenía experiencia como chófer en la empresa, uno de los motivos por los que no se puede aplicar este condicionante.
Por su parte, la jueza considera nulo el despido según la documentación aportada porque «supuso una represalia directa por haber ejercido el actor junto a sus compañeros el derecho a reclamar unas condiciones laborales dignas, respetuosas y acordes a la legislación vigente, considerando que la decisión empresarial es consecuencia de haber reclamado en la Inspección de Trabajo».
Y prosigue: «A la vista de la prueba practicada consideramos que la extinción del contrato por no superación del período de prueba en fecha 11 de febrero de 2019 se realiza como consecuencia de la comunicación interna a la empresa del malestar que estaban sufriendo los trabajadores y como consecuencia de la iniciativa de acudir a la Inspección de Trabajo, puesto que 13 trabajadores que ratificaron la denuncia».
Por ello, añade la magistrada, «entendemos que la petición de nulidad del despido debe prosperar, al suponer una represalia directa por haber ejercido el actor junto a sus compañeros el derecho a reclamar unas condiciones laborales dignas, respetuosas y acordes a la legislación vigente», explica la sentencia.
Esta semana otro juzgado de lo Social juzgará otro despido de Costa Fleming, lo que puede convertir la semana en una verdadero quebradero de cabeza para Cabify. Máxime cuando desde el pasado 1 de junio Uber ha dejado de operar en Valencia y está asumiendo todos los conductores con licencia VTC de su competidora.
A la vista de la propuesta de las asociaciones de taxistas de Orihuela y Torrevieja, y de los acuerdos al respecto de los ayuntamientos de Orihuela y Torrevieja.
De conformidad con el punto 3 del artículo 21 de la Ley 13/2017, de 8 de noviembre, del taxi de la Comunitat Valenciana y con la autorización expresa de los ayuntamientos de Orihuela y Torrevieja permitiendo la realización de transporte dentro de su término municipal a taxistas de otro municipio, en ejercicio de las competencias delegadas mediante Resolución del director general de Obras Públicas, Transportes y Movilidad de 8 de mayo de 2017, publicada en el DOGV de 31.05.2017, resuelvo:
Primero
Autorizar que los vehículos turismo con autorización de transporte VT en base a licencia de taxi de Orihuela puedan realizar servicio con origen en las siguientes paradas ubicadas en el municipio de Torrevieja:
Paseo de la Libertad
Polígono Industrial
Terminal de Autobuses
Hospital Público
Segundo
Autorizar que los vehículos turismo con autorización de transporte VT en base a licencia de taxi de Torrevieja puedan realizar servicio con origen en las siguientes paradas ubicadas en el municipio de Orihuela:
El Banco Sabadell quiere trabajar en PRO del taxista. Por eso la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana mantiene un acuerdo de colaboración para ofrecer a sus afiliados ventajas exclusivas en la contratación de productos financieros.
Este es solo un ejemplo, pero hay muchos más. Llama al 900 500 170, identifícate como miembro de su colectivo profesional y organiza una reunión.
Respecto a la ordenanza vigente, está el caso por ejemplo de que ya no se podrá circular por el carril EMT/TAXI. El anterior gobierno municipal del PP incluyó ese permiso, con el fin de favorecer este medio de transporte en situaciones de atascos, un beneficio que desaparecerá.PUBLICIDAD
«Existen estudios técnicos que no recomiendan que los ciclomotores y motocicletas hagan uso del carril bus por el riesgo de incrementar la accidentalidad en número y en gravedad. A su vez, la circulación de estos vehículos por el carril bus supone un perjuicio para el correcto servicio de la EMT y el taxi, por lo que se considera que debe desestimarse la alegación», respondió la concejalía de Movilidad a la enmienda presentada por el propio grupo popular antes de que la ordenanza pasara por el pleno.
Los motoristas no podrán dejar sus vehículos en zonas peatonales si tienen a 50 metros plazas señalizadas
No en vano, en los últimos años no se ha repintado la señal que permitía la circulación de las motos por este carril reservado. El PP denunció incluso que la pintura era borrada a propósito, lo que no fue confirmado por el gobierno municipal.
Esa circunstancia, la circulación por el carril EMT/TAXI será lo primero que cambie para los motoristas, aunque también sucederá algo parecido con los estacionamientos en las aceras. Sobre el papel cambio poco, pero ese matiz es decisivo. Hasta ahora, los motoristas puede dejar sus vehículos en las aceras de más de tres metros de anchura y bajo unas determinadas condiciones.
Las motos deben estar paralelas al bordillo, dejando una distancia mínima de 50 centímetros para permitir la apertura de puertas de los coches estacionados. La novedad menor es que el espacio hasta el paso de peatones más próximo pasa de dos a tres metros, mientras que con un carril ciclista, los usuarios tendrán que dejar un metro, lo que no ocurría hasta ahora.
Pero la incorporación más importante es que sólo estará permitido estacionar cuando no existan plazas de estacionamiento para hacerlo en calzada, ocupadas o no, a una distancia mínima de 50 metros y en «ningún caso si está expresamente prohibido mediante señalización». Para la portavoz de la Plataforma de Motoristas por la Seguridad Vial, María José Alonso, se trata de un «artículo trampa», debido a que con la creación de estacionamientos los últimos años, sin ir más lejos los realizados para el anillo ciclista, inutiliza cualquier opción de dejar la moto en la acera en todo el recorrido.
Ya en febrero de 2017, el Consistorio anunció la puesta en marcha de aparcamientos para motos en la calle Colón, lo que «liberaría definitivamente del tráfico y el aparcamiento unas aceras por las que diariamente pasan miles de personas». Esa intención se ha traducido en la ordenanza de manera oficial, con lo que la Policía Local tendrá la potestad de sancionar a cualquiera que deje estacionado su vehículos en esas nuevas condiciones.
Otras novedades de la ordenanza que deberán tener en cuenta los motoristas es que no podrán estacionar en la acera, pese a que cumpla con todos los requisitos, si eso supone hacerlo junto a una zona de carga y descarga, para garantizar el acceso adecuado a las camionetas. Por último, las motos y ciclomotores no podrán acceder con el motor encendido, sino que desde el bordillo tendrán que arrastrarlas hasta el lugar de estacionamiento.
Se mantiene igual la prohibición de estacionar junto a las fachadas, lo que se agrava si obstruye el acceso a un edificio. Sigue también la imposibilidad de encadenar o amarrar vehículos en farolas, árboles o cualquier otro elementos del mobiliario urbano. Las bicicletas sí que podrán hacerlo en todos los casos salvo en el arbolado.
Las sanciones oscilarán entre los 400 y los 800 euros.
EP
02/06/2019 11:19
Las sanciones oscilarán entre los 400 y los 800 euros.
Las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) como Uber y Cabify se enfrentarán a multas de hasta 800 euros en el caso de que no den cuenta de todos sus servicios al registro público ‘online’ que el Ministerio de Fomento puso en marcha el 1 de abril o en el supuesto de que se detecten infracciones en los datos que ofrezcan.
Este registro comienza a servir como instrumento para inspeccionar, controlar y sancionar al sector de los VTC desde este sábado 1 de junio, dos meses después de su puesta en servicio.
Las comunidades autónomas serán las encargadas de realizar las labores de inspección y control de las comunicaciones de las VTC al registro y de los datos que remitan, según detallaron fuentes del Ministerio de Fomento.
Así, a partir de ahora, los servicios de inspección del transporte de las distintas regiones o la Policía Municipal podrán sancionar a un conductor de VTC al que le pidan documentación acreditativa de haber comunicado un servicio al registro y no la tengan o no la hayan realizado correctamente.
En este caso, las empresas del sector afrontarían una multa de entre 401 y 600 euros, tal como establece la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT).
Las sanciones serán de entre 601 y 800 euros en el supuesto de que, a la luz de los datos remitidos al registro, se detecte que un VTC excede el límite de viajes que pueden hacer fuera de su comunidad, fijado en el 30% de sus servicios totales.
Con la puesta en marcha de este registro el Gobierno busca garantizar que el servicio de los VTC cumple las características fijadas en la ley con el fin último de atajar el conflicto abierto entre este sector y el del taxi, que le acusa de intrusismo y competencia desleal.
Para ello, los titulares de licencias VTC están obligados a inscribir en el registro ‘online’ cada viaje que realicen para transportar viajeros, detallando el lugar y fecha en que se contrata, y la fecha y la hora en que comienza y termina el servicio.
También deben especificar la matricula del coche y al arrendatario el mismo, esto es, si se contrata mediante una empresa intermediaria como las plataformas Uber y Cabify.
Nuevas regulaciones
El registro comienza a funcionar como instrumento de control y sanción coincidiendo con la aprobación por parte de algunas comunidades de normativa para regular este nuevo tipo de transporte urbano en sus territorios.
Cataluña, Valencia, Baleares, Aragón y el País Vasco son las cinco regiones que ya han regulado el sector, en todos los casos introduciendo un tiempo mínimo de antelación para contratar estos coches. En el caso de las dos primeras, ha supuesto que Uber deje de operar en ellas y Cabify cambie su modelo de negocio.
Al cierre de abril, las VTC contaban con 14.177 licencias en todo el país, más de la mitad (7.375 autorizaciones) en Madrid. Después se sitúan Barcelona, con 1.934, pese a perder 350 desde que entró en vigor la nueva norma, Málaga con 1.418, Alicante (296 VTCs), y Sevilla y Baleares, con 213 en cada caso.
VALÈNCIA. Adiós a Uber en València. La firma se despide de la ciudad ante la entrada en vigor este sábado de la obligación de contratar los servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC) con una antelación mínima de quince minutos como recoge el decreto aprobado por la Generalitat Valenciana. En cambio y ante el mismo escenario, Cabify ha optado por sortear la norma valenciana utilizando la misma argucia que ya usó en Cataluña, es decir, aplicando la precontratación solo en la primera reserva.
El decreto ley del Consell que regula este servicio fue convalidado por Les Corts el pasado once de febrero, pero se fijó una moratoria de dos meses para la precontratación. Una decisión que permitía a la Generalitat tranquilidad en las campañas electorales que tenía por delante al evitar cualquier tipo de movilizaciones de taxistas y empleados de VTC.
De hecho, las VTC aprovecharon esa ‘prórroga’ para postergar la decisión sobre su futuro en la Comunitat por si el tablero político les era más favorable, tras los resultados electorales, y, en caso de ser así, derogar, por un lado, el decreto que impulsó el Ministerio de Fomento y que faculta a las comunidades autónomas a regular este servicio y, por otro, el texto valenciano.
Transcurrido ese plazo de dos meses y ante la inminente aplicación de la restricción de la precontratación, las dos principales plataformas online de transporte de viajeros han tenido que tomar una decisión. Cada una lo ha hecho bajo un prisma diferente, pero con los mismos reproches hacía la administración valenciana por su «restrictivo decreto ‘antiVTC'».
Desde Uber lamentan la decisión adoptada que supondrá la suspensión de sus servicios en la capital del Turia en la madrugada de este sábado.“Queremos ser un aliado a largo plazo de las más de 600 ciudades en las que operamos en todo el mundo, y València no es una excepción. Pero para contribuir a la vida de una ciudad, necesitamos que exista una regulación justa”, afirmó la compañía americana en un comunicado.
A su juicio, la norma supone «una restricción incompatible con la inmediatez» de su servicio. En el escrito, firmado por el director de Uber España, Juan Galiardo, asegura que su «compromiso con la Comunitat Valenciana permanece intacto» y sigue «a disposición de la Generalitat para trabajar en una regulación justa para todos». «Tanto Valencia como Cataluña necesitan una regulación que tenga en cuenta a los conductores y usuarios de VTC, que hoy ven desaparecer su medio de vida y su libertad de elegir cómo se mueven por su ciudad», aseguró.
Además, en un comunicado dirigido a sus clientes y difundido en sus redes sociales, Uber recordó que hace unos meses llegó a Valencia «con el compromiso de ofrecer una nueva alternativa de movilidad cómoda y segura». «Desde entonces, –añadía–, muchos de vosotros nos habéis elegido para moveros por vuestra ciudad y cientos de conductores han encontrado en Uber una nueva oportunidad profesional».
Adaptación de Cabify
Por su parte, la española Cabify seguirá operando en València y Alicante aplicando la misma fórmula que ya usó en Cataluña cuando la Generalitat aprobó su normativa en la que también exige una precontratación de 15 minutos para el servicio de VTC. ¿La fórmula? Operar como una empresa de transportes como las contratadas por hoteles y otros servicios similares del sector VTC tradicional y no como una agencia de viajes, que es como venía funcionando hasta ahora, lo que le permitirá un contrato anual con el usuario.
Con esta solución, la contratación tendrá lugar la primera vez que un usuario pida un coche de VTC y acepte los nuevos términos y condiciones en la aplicación, momento en el tendrá que hacerlo con la nueva antelación de quince minutos. A partir de entonces ya no tendrá que esperar ese tiempo, dado que se estima que se trata de un servicio ya contratado del que se piden nuevos recorridos. No obstante, este ‘truco’ podría costarle a la compañía multas de hasta 54.000 euros en Cataluña después de la decisión del gobierno catalán de abrir cuatro expedientes sancionadores a Cabify y estudiar otros 50 más al considerar que la empresa «no se adapta al decreto».
Pese a su decisión de seguir en la ciudad, en donde operará a través de su filial Miurchi Car SL, Cabify mostró su disconformidad con la regulación valenciana «altamente perjudicial para la movilidad y para la libertad de elección de los usuarios». Señaló que la regulación es «contraria al interés general» porque supone «una restricción que en nada beneficia a la ciudadanía». «Esperamos que muchos valencianos sigan viajando con nuestra aplicación y, al hacerlo, reivindiquen su derecho a elegir entre distintas alternativas de movilidad», afirmó la compañía.
En cualquier caso, manifestó su «convencimiento» de que la situación será «transitoria» y «el decreto aprobado por la Generalitat Valenciana será declarado inconstitucional y revocado por los tribunales en un futuro próximo en beneficio de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana». Asimismo, trasladó su deseo de «encontrar en el futuro una voluntad de diálogo y trabajo entre todos los actores que pueda construir una movilidad mejor que atienda al bien común y no exclusivamente al interés particular de unos pocos que se oponen a la innovación y la libertad de elección».
Indemnizaciones por 166 millones
Por su parte, la patronal de VTC Unauto lamentó que la Generalitat «haya cedido a las presiones e imposiciones del sector del taxi» que «lo único que busca es eliminar al resto de alternativas de las calles para perpetuar su monopolio».
«València se ve obligada a renunciar a las ventajas de la tecnología y los nuevos modelos de movilidad, de los que sí disfrutan otras comunidades como Madrid o Andalucía», subrayó. A su juicio, «añadir un tiempo adicional de espera no busca diferenciar el taxi de la VTC, sino dificultar y restringir la actividad de las VTC a favor del taxi».
Además, cifró en 166 millones de euros las indemnizaciones que la Generalitat Valenciana podría tener que afrontar por las restricciones en su actividad, calculados en base a un informe elaborado por Ernest & Young.
En protesta por la muerte de un trabajador de la empresa en BarcelonaEFE – 30/05/2019
Momento de la protesta. EFE / Ana EscobarEl colectivo Riders x Drets, junto a Intersindical Valenciana y No + Precarietat, se concentró ayer miércoles ante las oficinas de Glovo en València, que han empapelado con carteles, y quemó varias mochilas de reparto en protesta por la muerte de un trabajador de la empresa en Barcelona.El representante de Riders x Drets Carlos Iglesias, extrabajador de la empresa Glovo, denunció que Glovo se está «enriqueciendo» a costa de los empleados y los está «matando», porque el sistema en sí es «asesino» y porque no aplican la prevención de riesgos laborales.Alrededor de 30 personas acudieron ayer a las puertas de las oficinas de la empresa para manifestar «el mal trato» que sufren los repartidores de estas empresas y recordar que el de Barcelona «no es un caso aislado».Según manifestó, en el mundo las empresas de reparto de comida acumulan 14 muertes. «No son números, son personas, y es lo que estamos recriminando», aseguró.Los participantes en la concentración pidieron explicaciones a Oscar Pierre, fundador y CEO de Glovo, y al Gobierno que haga cumplir la prevención de riesgos laborales en estas empresas.Para Marco Antonio Llerena, de la Intersindical Valenciana, se trata de un trabajo «absolutamente irregular, que se salta el estatuto de los trabajadores y los convenios laborales».
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