Un informe demoledor reclama libertad de tarifas, que no haya licencias locales y que pueda haber empresas con flota
Noticia original del 29/08/2015
Imagine que necesita un taxi y que elige al que le cobre menos por la carrera. Al que no tenga bajada de bandera o al que tenga los automóviles más modernos. Pues precisamente ese escenario es el que busca el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en los 14 folios del documento remitido al Ayuntamiento de Córdoba. La aplicación práctica de los criterios pondría del revés la actividad profesional del taxi tal y como se conoce en la ciudad. El Consistorio tiene un mes para anular los artículos señalados o, en su caso, tendrá que enfrentarse a un pleito con Competencia.
Una de las medidas propuestas por Competencia que más han sorprendido en el sector es que se exija poner fin a las tarifas oficiales que aprueba el Ayuntamiento anualmente escuchando al sector. El documento reclama directamente la entrada en vigor de un sistema de libre fijación de precios «fomentando un comportamiento competitivo entre proveedores». En concreto, exige que la ordenanza municipal permita realizar descuentos. Cobrar o no por el tiempo que se tarda en recorrer la ciudad hasta que se recoge el cliente sería cuestión de cada profesional.
La Comisión de la Competencia pone en tela de juicio el actual sistema de licencias locales -que es de uso común- que califica de «injustificado». Así, el dictamen manifiesta que se crean barreras geográficas a la libre actividad económica de forma que, asegura, tendrían que tener un ámbito mayor de forma que un taxista de Zaragoza pudiera operar en Córdoba en pie de igualdad. De hecho, el informe de Competencia propone recortar el poder de las asociaciones gremiales por medio de la anulación de las consultas a las decisiones que le atañen.
Sin licencias máximas
Propone acabar con el sistema de máximos de licencia que en Córdoba se calcula con una ratio de 1,55 vehículos por cada diez mil habitantes. El sector ha defendido a capa y espada este sistema e incluso consiguió que se pudiera modificar en función de la actividad económica. A menos usuarios de taxi, menos vehículos en la calle.
Competencia reconoce que es una práctica habitual establecer «numeros clausus» pero afirma que es una «práctica prohibida». «No cabe vislumbrar una razón imperiosa de interés general en que se fundamente la restricción de una actividad económica», afirma el dictamen, en razones de orden público, seguridad o salud de los consimidores.
El dictamen exige que se prohíba la obligatoriedad de que la licencia sea para una persona física o una cooperativa de autónomos. Lo que viene a decir es que se deben poder crear empresas de taxis, que tengan flotas para cubrir este servicio. El artículo de la ordenanza reproduce el decreto andaluz que, a su vez, tuvo un dictamen negativo del Consejo autonómico de la Competencia.
Permisos sin valor económico
Le reclama, a su vez, que acabe con la norma de que el titular de la licencia tenga que ser conductor. Competencia no entiende por qué alguien no puede tener una empresa de taxis o un solo vehículo y dedicarse, además, a otras actividades económicas. Por último reclama que se elimine todo valor patrimonial de una licencia, que considera «ficticio». Es decir, que no pueda ser alquilada o vendida gracias a la regulación que el propio Ayuntamiento establece. En definitiva, que quien quiera y cumpla las condiciones pueda convertir su automóvil en un servicio de taxi y dedicarse a llevar clientes.
Competencia le dice al Ayuntamiento de Córdoba que establecer requisitos de calidad en el propio servicio no tienen justificación más allá de establecer unos mínimos. Reclama que se anule el artículo que dice que el poseedor de una licencia tiene que ser alguien que ha sido antes conductor durante un tiempo determinado. Exige que no exista un carné municipal habilitante para los profesionales o que se no se tengan en cuenta los cursos gremiales. Por último, considera exagerado que los coches de nuevas licencias no puedan tener más de dos años.
En resumen, se trata de una enmienda a la totalidad de un sistema, que no se quedaría en Córdoba. En todas las ciudades españolas se aplican parecidos criterios y la actividad del taxi se regula más o menos de la misma forma. Si se aplica en la ciudad por orden del Tribunal de la Competencia, el mismo criterio se tendría que aplicar en todas las ciudades y cambiaría así radicalmente la realidad de la profesión.
Fuente: sevilla.abc.es
