la nueva Ley del Taxi de la Comunidad Valenciana establece en la disposición adicional cuarta, un plazo de dos meses para que todos los taxis puedan realizar el cobro por los medios telemáticos.
El día 10 de Enero de 2018 todos los Taxis de la Comunidad Valenciana deberán contar con los mecanismos para cobro telemático.
Esta medida es necesaria para llevar al sector del Taxi hacia la modernidad que demanda la sociedad, dotando al sector de las herramientas necesarias para que cualquier usuario de Taxi en la Comunidad Valenciana pueda pagar el servicio aplicando las nuevas tecnologías, demostrando que este sector es dinámico y flexible a los nuevos tiempos y a las demandas de sus usuarios, por lo tanto desde la Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia vemos necesario y positivo estos cambios que permiten mejorar el servicio y dar confianza tanto a nuestros usuarios como a toda la sociedad Valenciana.
A pie del cañón y con Twitter siempre a mano. Así se encuentran casi 800 taxistas en su lucha contra la “competencia desleal” de Cabify, la compañía online de alquiler de vehículos con conductor. A modo de visibilizar los “fallos” de la aplicación, reúnen y comparten las quejas de los clientes y trabajadores de Cabify que estos efectúan a través de las redes sociales. “En seis meses hemos contabilizado más de 1.400 quejas”, cuenta Tito Álvarez, portavoz de Elite Taxi Barcelona, a Metrópoli Abierta. La guerra está declarada y ellos la llaman así: tormenta twittera.
Después de varias manifestaciones y de ganarle al pulso a Uber con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dictaminaba que la famosa app tendrá que acatar la ley, ahora centran sus esfuerzos en derribar a Cabify. El 30 de octubre de 2016, taxistas de Barcelona y otros de Valencia empezaron a recopilar quejas: cuentas bloqueadas, imposibilidad de cancelación, importes que no se corresponden o la gran subida de precio en diciembre son algunas de las más frecuentes que los usuarios de Cabify han compartido en las redes.
Los taxistas celebrando su victoria contra Uber / PAULA BALDRICH
“Nuestro objetivo es dar visibilidad a los problemas y abusos”, cuenta el taxista Carlos Expósito –que también forma parte de la tormenta twittera– a Metrópoli Abierta. No solo quejas de clientes, sino también de los propios conductores de Cabify, que denuncian sus condiciones de trabajo. “Por ejemplo, uno se quejaba que ahora la empresa les obliga a pagar las multas”, añade.
En este sentido, los taxistas rastrean y comparten todas estas quejas de forma independiente, apoyándose los unos a los otros con una doble finalidad que es, según cuenta Carlos Expósito “informar a la gente de lo que pasa con Cabify e informar a la misma vez de nuestro servicio”.
Algunas de las quejas contra Cabify que han recopilado los taxistas
SIN ATENCIÓN AL CLIENTE
Todas estas quejas se canalizan a través de las redes sociales porque la aplicación no dispone de un servicio de atención al cliente directo. “No tienes a nadie fisicamente a quien puedas acudir”, cuenta Carlos indignado, ejemplificándolo con el caso de un grupo de chicos que el conductor echó del coche con insultos homófobos. Debido a la facilidad de formar parte de la aplicación como conductor, estos mismos entran en el equipo sabiendo que es inestable. “Hay mucha rotación de trabajadores por eso no han creado ningún sindicato ni grupo de defensa”, cuenta Carlos Expósito.
LE COBRAN 3.500€ POR UN ERROR INFORMÁTICO
El último caso más sonado ha sido el de un madrileño al que le cobraron ni más ni menos que 3.500€ por un viaje de 20 km. Según Cabify, en la factura aseguraban que el cliente había viajado hasta al golfo de Guinea. El usuario, Emilio Rotondo, impotente por no poder contactar con nadie de Cabify, lanzó un mensaje en su cuenta de Twitter: “Dos reclamaciones y ni una respuesta. Me habéis hecho un daño irreparable”.
Los taxistas, en cuanto supieron del caso, decidieron compartir la injusticia hasta conseguir que 11 días después del viaje y cinco después del cobro, el cliente recuperara el dinero y Cabify le indemnizara con 15€ para gastar en sus servicios. “La empresa no se encarga de nada, si no le damos visibilidad a ese señor, ni se enteran”, cuenta Carlos. Tras el desenlace, Rotondo lanzó un tweet de agradecimiento.
La energía de los taxistas es inagotable. Además de la lucha que mantienen en las redes, a principios de enero un hacker barcelonés toreó a Cabifycreando en menos de una semana más de un millón de falsos usuarios de la aplicación, amenazando con provocar un tremendo cortocircuito en la base de datos de la empresa. Sin embargo, según cuenta Tito Álvarez, el hacker “no ha vuelto porque tiene miedo que lo trinquen”. Si algo está claro es que los taxistas se entregan a la causa. “Somos unos intensos”, dice Álvarez riendo, en clave irónica, sobre ellos mismos: los miembros de la tormenta twittera.
La Junta de Andalucía lleva paralizadas cerca de 1.000 solicitudes, en concreto 992 peticiones, de autorizaciones para vehículos de transporte concertado VTC, en aras de “equilibrar la proporción entre estos vehículos y los taxis”, para lo cual ha ido requiriendo informes a los ayuntamientos, que debían ser denegatorios, una vez recibidas las sentencias favorables a otorgar más licencias de VTC. En concreto, en Córdoba son 35 las licencias paralizadas. Este tipo de autorizaciones son las que usa Uber o Cabify para operar.
El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha explicado a Europa Press que la Junta parte de la premisa y del compromiso adoptado en las reuniones con los taxistas de “ir tomando decisiones que fueran acercando la proporción que dice la ley y que hoy está rota por el agujero y ventana legal que había a falta de una reglamentación”.
Ha apuntado que las decisiones administrativas de la Junta están inspiradas en el hecho de considerar que “se había traspasado el umbral de proporción del 1/30 –un vehículo VTC por cada 30 licencias de taxis–“, pero ha apuntado que “en los tribunales se interpretaba que no, al no estar en vigor la nueva norma”, por lo que los tribunales “merced al agujero legal”, han ido dando la razón a las empresas de VTC y aceptando vía sentencias la autorización de más licencias.
“La conclusión es que, en cumplimiento de las sentencias estimatorias, la administración automáticamente había concedido las licencias, hasta ahora”, ha explicado López.
No obstante, ha indicado que la Junta “en el ámbito de sus capacidades ha actuado para acercarse a la realidad práctica”, de manera que “se debe buscar la manera para que convivan de forma armoniosa los dos subsectores”.
Felipe López ha explicado que la Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto en marcha una serie de medidas para alcanzar un equilibrio entre taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC), entre las que se encuentra la denegación de nuevas autorizaciones de VTC si los ayuntamientos estiman que son necesarias.
En ese sentido, ha explicado que la Junta “ha cambiado el automatismo” ante las sentencias judiciales dictadas que llevaban a retrotraer el expediente y finalmente autorizarlo. “Antes aceptábamos el pronunciamiento de los tribunales y autorizábamos las licencias, pero ahora estamos actuando de una manera que permite cumplir las sentencias pero nos permite regular las autorizaciones de VTC”, ha añadido.
Así, según ha referido, la Junta puede “en base a una disposición de la propia norma”, solicitar un informe municipal, una vez que se haya dictado una sentencia estimatoria de las peticiones de licencias de las VTC, y no “estar en un mero automatismo de aceptar la sentencia”.
La Junta pregunta de esta forma a cada ayuntamiento “si entiende que esta petición es razonable para que le sea concedida y otorgada la licencia, y si el ayuntamiento dice que no, entonces estamos denegando esas peticiones de autorizaciones de VTC”, pero todo ello tras las sentencias estimatorias a favor de las VTC que se vayan produciendo.
La Junta ha decidido solicitar informe municipal a los ayuntamientos para resolver las solicitudes de autorizaciones de VTC, ya que “son las administraciones locales quienes están más cercanas a la realidad del municipio y quienes deben expresar su parecer al respecto”. En caso de que tal informe resultara negativo, la Consejería denegará las autorizaciones de VTC.
Datos por provincias
En concreto, se han paralizado la concesión de 44 autorizaciones de licencias para VTC en Almería –una vez dictadas sentencias estimatorias–; diez en Algeciras (Cádiz); 35 en Córdoba; 35 en Granada; 366 licencias paralizadas en Málaga– a las que se sumarán otras 497 pendientes de sentencia que se prevé que tengan el mismo camino, según el consejero–; y diez en Sevilla.
El consejero ha explicado que en la mayor parte de los casos se han denegado o se van a denegar tras recibir informes municipales negativos. El consejero ha precisado que estas decisiones administrativas pueden ser recurridas por los peticionarios “pero éstos no podrán invocar que hemos denegado las licencias invocando la proporción 1/30, que según los tribunales no estaba en vigor en los años 2010, 2011, 2012 y 2013”.
“Nosotros hemos cumplido las sentencias, y la paralización y denegación se está efectuando en base a ese proceso, otra interpretación contenida en la norma, de que los ayuntamientos pueden emitir un informe sobre la pertinencia o no de que haya más licencias de vehículos VTC; nosotros estamos consultando a los ayuntamientos y, teniendo en cuenta su opinión, decimos que no, pero no hemos traspasado el 1/30”.
El consejero considera que aparte de esas medidas tomadas por la Consejería, “el Gobierno central debe tomar medidas en el ámbito de su responsabilidad para ir a la proporción 1/30”.
“Todas las que nos están llegando las trasladamos al ayuntamiento, que toma una posición y por el momento prácticamente todos han sido pronunciamientos desfavorables”, ha aseverado López, quien ha resaltado que “los ayuntamientos están siendo receptivos”.
“Está dentro de nuestra responsabilidad de cumplir con los compromisos”, ha aseverado López, quien ha rechazado la petición de los taxistas a Junta y ayuntamientos que regulen una licencia para VTC en el ámbito urbano, como en Madrid o Barcelona, toda vez que el consejero considera que “se trata de legislación básica del Estado, por lo que crear esa nueva licencia supondría crear VTC andaluzas”.
“Reglamentar desde aquí sería añadirle otro problema al que ya existe, pues sería una autorización de VTC de ámbito andaluz, y esa frontera no la podemos traspasar”, ha añadido el consejero, quien ha valorado que el Gobierno haya aceptado el planteamiento de la Junta de que el registro telemático sea de ámbito nacional, “pues no sería operativo hacerlo sólo en algunas comunidades autónomas”
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