Mes: febrero 2017

Cuando decimos que el TTIP y sus primos, el CETA (con Canadá) y el TiSA (acuerdo para liberalizar servicios entre más de cincuenta países), cambiaría la forma en que vivimos y trabajamos, sólo repetimos las palabras de Michael Forman, Representante de Comercio estadounidense, al anunciar el lanzamiento de las negociaciones entre la Comisión Europea y los EEUU.

Y no le falta razón. Hay sectores en los que son evidentes las consecuencias negativas que el TTIP les traería, como la agricultura o las empresas de propiedad estatal, como Correos, Renfe o Navantia. Pero existen otros sectores económicos y laborales en los que esta afectación será igual de dañina, pero muy poco conocida.

Uno de estos sectores es el del taxi. Los taxistas ya están viendo y sufriendo lo que supone la entrada de multinacionales como Uber oCabify, que, amparados bajo el lema de implantar lo que llaman ‘economía colaborativa’, lo que realmente hacen es reventar un mercado a base de precariedad laboral y elusión fiscal.

Esa es la idea base del libre mercado que nos traerían estos nefastos acuerdos. La competencia total como modelo económico sólo aporta beneficios a estas enormes empresas transnacionales y a nadie más, gracias a la explotación de los supuestos trabajadores, que no son tales, pues no son empleados, sino ‘colaboradores’, con lo que no están amparados bajo el paraguas de la protección laboral que otorga un contrato laboral decente.

El segundo pilar de sus enormes ganancias se debe a la facilidad para eludir sus obligaciones fiscales, ya que no tributan en España, sino en diversos paraísos fiscales, como Holanda o Delaware, en EEUU. Debemos ser conscientes de que, bajo este modelo, se potencia una economía extractiva, sustrayendo riqueza producida en nuestro país para esconderla en paraísos fiscales. Es piratería en toda regla, por muy legal que sea.

El colmo de la injusticia es que una de estas empresas, Cabify, llegó a recibir más de medio millón de euros en concepto de préstamos públicos a través del Ministerio de Industria, presidido entonces por el ex ministro Soria. Es completamente incomprensible que una multinacional que no tributa en nuestro país se vea privilegiada de este modo con fondos públicos. Es más fácil de entender cuando nos enteramos de que el principal accionista de esta empresa es un fondo de capital riesgo, Seaya Ventures, fundado y dirigido por la hija del Presidente del BBVA, Beatriz González. Todo queda entre amigos.

Esta es la situación actual, pero ¿acaso el TTIP puede empeorarla? Desgraciadamente, sí.

Porque el TTIP, entre otras medidas, impediría que un nuevo Gobierno, decidido a poner orden en esta jungla, pudiera sacar adelante una nueva normativa en relación a estas empresas-sanguijuela, y por ejemplo, obligarlas a pagar sus impuestos en España. Este tratado establece unas medidas muy concretas para facilitar que un Estado sea demandado por una empresa extranjera (ojo, sólo extranjera), si ésta considera que una ley perjudica sus expectativas de beneficio económico, y pedir una indemnización pagada, cómo no, con fondos públicos, con el dinero que es de todos.

A este nuevo Gobierno le quedarían dos opciones: dejar las cosas como están, permitiendo que sigan importando precariedad laboral y exportando recursos económicos; o cambiar la legislación e indemnizarles por proteger a los trabajadores y a toda la ciudadanía, que es la verdadera dueña de esos impuestos que se llevan a esconder a un agujero.

Otra de las medidas que establecería el TTIP es la eliminación de barreras no arancelarias. Y en el sector del taxi y los transportes en general, las licencias son consideradas barreras al libre comercio. Cualquier multinacional podría, de nuevo, denunciar a España por la existencia de esta obligación, que seguiría siendo aplicada a los ciudadanos de nuestro país pero no a los norteamericanos. Si un Gobierno decidiera eliminar la exigencia de licencias en todos los casos, la competencia desleal sería abrumadora, pues miles de taxistas que en su día cumplieron con la normativa deberían seguir pagando a los bancos la deuda que contrajeron para comprar dicha licencia, que puede llegar a los ciento cincuenta mil euros. Las licencias VTC, que son las usadas por los conductores de Cabify, cuestan unos veinte mil. La diferencia es notable, la desigualdad evidente.

Ni Cabufy ni Uber contratan a sus conductores bajo el régimen general de la Seguridad Social, a pesar de que la legislación para solicitar esa licencia VTC lo exija. Así que, además de no pagar impuestos y degenerar las condiciones laborales del sector, tampoco pagan las cuotas a la Seguridad Social. Todo un negocio redondo que les permite tener unas ganancias abrumadoras, eso sí, fuera de nuestras fronteras.

Si esto no es robar, si esto no es ser pirata, sanguijuela y parásito, entonces deberíamos cambiar el diccionario. O bajarnos de este mundo terriblemente desigual y salvaje que algunos están construyendo.

fuente: elperiodico.com