CÉSAR URRUTIA  Madrid

El sector del taxi y las más de 60.000 licencias con las que opera en las principales capitales y municipios españoles recibirán en breve un importante apoyo por parte del Ministerio de Fomento. La dirección de Transporte Terrestre del ministerio dirigido por Ana Pastor tiene ya listo un proyecto de Ley y una orden ministerial con las que restituirá las exigencias para operar con licencia a las empresas de alquiler de coches con conductor (VTC), un negocio que compite con el taxi y que ha crecido a gran velocidad en el último año.

La regulación sobre este tipo de servicios fue liberalizada en 2009, aunque posteriores regulaciones en 2010 que fueron anuladas parcialmente por el Tribunal Supremo en 2014 y que la CNMC recomendó retirar. Solo en 2014 el número de licencias para este tipo de negocio se triplicó en Madrid, mientras que en otras capitales, fundamentalmente turísticas, aumentó a ritmos elevados. En total el número de licencias de alquiler con conductor de carácter nacional asciende a 3.536, 20 veces menos que las de taxi.

Por si no bastara, los VTC son una de las alternativas que se ha planteado Uber para sortear la prohibición del juez de operar en España desde el pasado diciembre. A diferencia de lo que sucedió con los conductores particulares que eran la base deUberPop, con esta licencia el negocio de transporte urbano del grupo californiano sí estaría sometido a una regulación.

Pero la empresa puede encontrarse con que la vía alternativa para operar en las ciudades se complica. Con el nuevo proyecto y su desarrollo a través de una orden ministerial, estas empresas deberán elevar su flota a un mínimo de siete vehículos con unas características determinadas. Además, su oferta local quedará limitada a una proporción máxima de un vehículo por cada 30 taxis; se les impedirá aguardar o circular por las vías públicas en busca de clientes o recogerlos si no han contratado previamente el servicio y no podrán realizar más del 20% de sus servicios en una localidad ajena a la que estén domiciliados, según recoge el proyecto de Real Decreto para modificar el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) distribuido ya por Fomento entre distintos órganos consultivos.

Algunas de estas exigencias -número de vehículos, número de conductores por vehículo, local específico…- fueron anuladas por la sala de lo Contencioso Administrativo en 2012 y refrendadas por otra sentencia posterior de 2014. La CNMC, por su parte, elaboró un contundente informe en el que criticaba la reintroducción de la capacidad limitadorade la actividad de la Administración en el sector y, valorando “el impacto negativo de la norma desde la perspectiva de la competencia”, recomendaba “modificar las restricciones”.

Por tratarse de un transporte público, el sector del taxi está sometido a una estricta regulación por parte de los ayuntamientos, que establecen sus tarifas y un número máximo de licencias por ciudad. Pero la misma regulación que les plantea exigentes requisitos, supone una barrera para servicios privados alternativos. Éste es el motivo por el que hacerse con una licencia de taxi puede costar hasta 300.000 euros, dependiendo de la capital. Aun así, en los últimos años las empresas de taxis se han visto sacudidas por iniciativas que desafían esas barreras gracias a internet móvil

Publicado por el Mundo.