La dificultad de detectar una prestación de servicios remunerada hace casi imposible identificar a estos colectivos. Las empresas que operan sin licencia o con menos de las necesarias sí que se someten al yugo policial.

Por Carles Huguet en Barcelona

El método siempre es el mismo. Aprovechan el tumulto del aeropuerto. El taxista ilegal divisa a un compatriota que acaba de aterrizar en el El Prat. Le aborda y, aprovechando la confianza que genera el ser camarada, le ofrece llevarlo al hotel por un precio teóricamente más barato. Identificar la relación contractual entre ambos, una quimera para los Mossos d’Esquadra.

“Sobre todo son chinos y rusos”, explica Andreu González, subjefe de la División de Tránsito. “Es muy complicado dirimir si son dos conocidos o si se trata de un vehículo sin licencia”, prosigue. Los conductores aleccionan a los clientes sobre cómo reaccionar en un control policial: “Somos amigos”, les insisten mientras les recogen. Siempre al volante de transportes de gran capacidad, las Mercedes Vito son la estrella, y automóviles de alta gama.

El timo de la estampita

Además, el trayecto acostumbra a resultar más caro que el coste de un taxi con licencia. “En el viaje encima les incluyen gastos por hacer de guía turístico”, ilustra González. La vinculación no acaba en la llegada al hotel. Muchas veces les ofrecen llevarles a Montserrat al cabo de un par de días o guiarles por los principales rincones de la ciudad condal.

Los Mossos d’Esquadra descartan, eso sí, la pertenencia a mafias o a grupos organizados. “Trabajan individualmente, a veces con algun compañero si vislumbran un pico de mucho trabajo”, apuntan desde el  cuerpo. 

Refuerzo del dispositivo

El dispositivo policial se ha intensificado para la campaña de verano. Agentes vestidos de paisano y de uniforme patrullan por la Terminal 1 muchas veces con mayor éxito que los grandes controles. “Aproximadamente el 5% de los coches que detenemos son taxis ilegales”, cuantifica González. En el porcentaje se incluyen tanto los particulares como las compañías que actúan de forma fraudulenta; ya sea por no respetar el ratio conductores – vehículos o por no contar con el mínimo de licencias.

Los chóferes multados se exponen a una multa de 4.000 euros y la inmovilización del transporte. Antes de sancionar, se les toma decaración, se comprueba si existe una licencia y se comprueba si existen facturas. “Somos muy cuidadosos para no ser injustos”, sentencia. Practicamente cada día se realizan operaciones de este tipo.

Solamente se castiga al conductor, aunque con la ley en la mano se podría castigar también al pasajero. “Entendemos que muchas veces no sabe que está cometiendo un delito”, reconoce González.

Sin Uber, más tranquilos

El intrusismo laboral ha caído en picado tras el cierre de Uber en España. Con la aplicación, el volumen de detenciones era del 30%. “Era un enorme sistema en el que se defraudaba a Hacienda y a la Seguridad Social, incluso algunas veces los vehículos no cumplían las condiciones ITV reclamadas a este tipo de vehículos”, finaliza el agente.

Publicado por U2B