Los taxis y la aplicación Uber

JOSEP VALOR

LA MAYORÍA, si no todos los negocios, requieren certificaciones o licencias para operar: desde los hospitales a los bares, de las aerolíneas a los cines. Todo el mundo entiende que hay un contrato entre las autoridades competentes en la materia y la aerolínea propietaria del avión en que nos subimos que no hace necesario que pidamos en la puerta del avión que el piloto nos exhiba sus credenciales o que el mecánico nos certifique que el avión es seguro para volar. Se supone que el regulador existe para que estos requisitos se cumplan. Y es interesante darse cuenta que si se dispone del capital necesario, uno puede, siguiendo los pasos adecuados, crear su propia aerolínea y enfrentarse al mercado con las todopoderosas marcas globales o con las pequeñas regionales. Nadie se lo va a impedir; cumpla los requisitos de seguridad, arriesgue su dinero, y allá usted con su aventura.

Es curioso que en algunos negocios existan regulaciones adicionales. Uno no puede abrir un estanco, una farmacia o establecerse como taxista. Para hacerlo se necesita un permiso especial: hay un número máximo de establecimientos por ciudad. Limitar la competencia es un recurso válido cuando se requieren inversiones masivas para empezar un negocio de servicio público y el Estado decide incentivar la iniciativa privada protegiendo la competencia para garantizar el retorno a la inversión.

En este momento, hablemos de los taxis, la mayor inversión para establecerse es la compra de la licencia a otro taxista, no la adquisición de un vehículo; es decir, la mayor parte del capital se destina a la compra de un derecho limitado por una regulación obsoleta. ¿Tiene sentido que los usuarios tengan que sufrir un servicio de capacidad limitada y pagar un extra para que el taxista pueda devolver al banco los 100.000 euros, más intereses, que le ha pagado a un señor que se ha jubilado?

El problema de Uber que molesta a la industria del taxi no es que ponga en contacto a personas que requieren un transporte con otras dispuestas a transportarles y que no cumplen los reglamentos de seguridad ni pagan sus impuestos. En absoluto. Si los conductores de Uber fueran autónomos, pagaran sus impuestos y sus coches pasaran las mismas revisiones que los taxis, las movilizaciones de sector seguirían ahí. Uber no hace nada distinto que no hagan las aplicaciones MyTaxi, Hailo u otras que van a aparecer. Permite que los viajeros soliciten un taxi, sepan dónde se encuentra, y muy importante, que exista un sistema de valoración del taxi y del taxista para que el cliente pueda decidir si cerrar el trato con un coche en concreto o no.

Ayuntamientos y Estado deben darse cuenta de que las regulaciones que existen por motivos ancestrales y que limitan la competencia sólo consiguen encarecer el servicio y bajar la calidad. Nuestro país ya tiene suficientes problemas como para que nos dediquemos a proteger colectivos que han heredado privilegios que la tecnología ha hecho obsoletos. Hay que buscar una solución para las personas que han invertido en un activo inútil (una licencia de taxi) pensando que la regulación les iba a proteger a costa del resto de los ciudadanos, pero no hay que perpetuar una situación que es de por sí insostenible. Si no se hace, Uber (o quien ocupe su lugar) va a convertirse en la manera habitual de conseguir transporte, y lo van a prestar personas sin el coche asegurado, sin pagar impuestos, y sin pasar las revisiones. Es mucho mejor dar una licencia a todo aquel que cumpla los requisitos técnicos necesarios. No hagamos que sea más difícil hacer el taxi que empezar una aerolínea.

Josep Valor es profesor del IESE, Universidad de Navarra

Publicado por el Mundo.