La investigación amenaza a la consellera por ser la presidenta del consejo de la sociedad
El fiscal pide una nueva imputación mientras la Udef rastrea ordenadoresLos sobresueldos empezaron con José Ramón García Antón, ex conseller fallecido

JUAN NIETOValencia

La investigación del caso Vaersa continúa en una fase muy incipiente, pero el nombre de la consellera de Infraestructuras y coordinadora general del PPCV, Isabel Bonig, ya suena en la Fiscalía de Valencia. No sólo el suyo, también el del ex consellerJuan Cotino, imputado en Gürtel, y el de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, investigada en la operación Brugal.

El juez que investigó y cerró el caso Emarsa, Vicente Ríos, instruye desde junio una querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra varios gestores de Vaersa, empresa pública vinculada a Medio Ambiente, a raíz de una denuncia que presentó la Confederación General del Trabajo (CGT) por el pago irregular de pluses de productividad, cuya cuantía asciende a casi dos millones de euros. Días después de admitirse a trámite la querella el juez ordenó la detención del ex director general de Vaersa, Enrique Simó, y su predecesor, Felipe Espinosa. Ambos, según fuentes cercanas al caso, admitieron que se hinchaban las nóminas de altos cargos de Vaersa sin control, pero matizaron que los representantes del Consell en la empresa pública estaban al corriente. De ahí que los nombres de Cotino, Ureña y Bonig suenen cada vez con más fuerza.

Estos pagos ilegales se vienen realizando desde el año 2006. En esa anualidad, una parte de los abonos contaban con el visto bueno del Consell, pero la otra no. A partir de 2007 se hincharon las nóminas sin la autorización de Hacienda, y se continuaron abonando hasta 2011, fecha en la que Bonig llega al Consell.

La dirigente, el recambio de Alberto Fabra para la jefatura de la Generalitat si el presidente fracasa, se convirtió en presidenta del consejo de administración en agosto de 2011. Días después de que la Policía detuviera a los ex directores de Vaersa, Isabel Bonig defendió que la imputación de Felipe Espinosa era administrativa -el Código Penal no distingue estas cuestiones- y que fue él quien «puso fin» al pago de la productividad a directivos de Vaersa y a la contratación de asesoría jurídica externa, «y así se demostrará, hay prueba documental».

Los investigadores no lo tienen tan claro como Bonig y el juez autorizó ayer el volcado de teléfonos y ordenadores intervenidos a los detenidos. Fiscalía, además, ha pedido una nueva imputación de un alto cargo no aforado que no ha sido acordada

Publicado por el Mundo.