La Federación Sindical del Taxi, junto al resto de asociaciones de la comunidad valenciana, a través de la mesa con el intrusismo, ha abierto una nueva vía judicial que puede ser decisiva en la lucha del sector contra las nuevas plataformas que quieren destruir el taxi.

Artículo original: abc.es

El alto tribunal admite a trámite el recurso de casación de la Generalitat Valenciana contra una sentencia que le obligaba a otorgar 200 licencias a Ares Capital

Uber opera en Madrid desde 2016 - REUTERS

Uber opera en Madrid desde 2016 – REUTERS

El Tribunal Supremo está desempeñando un papel fundamental en la guerra del taxi. Muchas de las solicitudes de licencias VTC (vehículos con conductor, con las que operan Uber o Cabify) solicitadas durante los últimos años están acabando en el alto tribunal. Este ya ha concedido algunas y está previsto que en los próximos meses haga lo propio con cientos más.

Un «aluvión» que, sin embargo, podría terminar siendo distinto al planteado por las empresas que lideran el mercado. El Supremo ha comunicado a través de un auto que estudiará si «resultan posibles las solicitudes de autorizaciones masivas por una sola persona o entidad», una medida que había sido solicitada por la Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI) y la Federación Sindical del Taxi de Valencia.

En concreto, el alto tribunal incluye esta posibilidad, hasta ahora inédita, en un auto en el que admite el recurso planteado por la Generalitat Valenciana contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. Esta obligaba a conceder 200 VTC a Ares Capital, una de las empresas que posee más autorizaciones de vehículos con conductor.

Las licencias fueron solicitadas en 2013, mientras el mercado estaba liberalizado gracias a la ley Omnibús, puesta en marcha en 2009. Meses después, en el mismo 2013, el Gobierno modificó el reglamento e impuso límites a las VTC. Dos años más tarde, el Ejecutivo completó esta reforma con la inclusión en la norma de la relación de 1 VTC por cada 30 taxis.

El Supremo no entra, en su auto, a valorar si la legislación que debe imponerse es la de 2009 o la de 2013. Sí habla de que tiene «interés casacional» resolver esta cuestión, al igual que las «restricciones» aplicables si finalmente se impone la ley de 2013 o la mencionada posibilidad de frenar la concesión masiva de VTC a una sola compañía.

En un comunicado, la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha recordado que la legislación vigente marca que las flotas de VTC deben de estar constituidas por un mínimo de 7 vehículos, cifra que, según el presidente de la asociación, Julio Sanz, «se aleja desmesuradamente de las 1.000 que se han llegado a solicitar en alguna ocasión por una misma entidad».

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