El organismo regulador requiere que no se limite el número de licencias, que un empresario pueda poner una flota y que cada taxista fije sus tarifas
FRANCISCO JIMÉNEZ | MÁLAGA
8 septiembre
¿Se imaginan la posibilidad de llegar a una parada de taxis y poder elegir el que tenga los precios más bajos? ¿Y tener la oportunidad de convertirse en taxista e incluso montar una flota sin tener que esperar a que haya alguna licencia vacante? Este escenario es el que dibuja la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en un severo y contundente dictamen remitido al Ayuntamiento de Málaga en el que le insta a derogar hasta 16 de los 102 artículos de la nueva ordenanza municipal que regula el sector. Aprobada en mayo y en vigor desde el pasado 10 de junio, para la CNMC «obstaculiza significativamente la competencia efectiva en el mercado» al limitar el número de operadores presentes y su capacidad para que cada uno pueda fijar sus propias reglas del juego en precios y calidad, unas «barreras no justificadas» que a su juicio van en contra de los intereses del consumidor. De no cumplirse sus directrices, el organismo estatal dependiente del Ministerio de Industria advierte de que acudirá a los tribunales mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo.
El gobierno municipal pide a la Junta que se pronuncie antes de contestar al ente estatal
Aunque la resolución fue notificada al Consistorio el 24 de julio y éste tenía un mes para contestar, el gobierno municipal no tiene intención de mover ficha hasta que se pronuncie la Junta de Andalucía con el argumento de que «los artículos que se cuestionan son directamente extraídos del Reglamento Andaluz del Taxi». «La ordenanza fue consensuada con el sector y las organizaciones de consumidores, pero antes de contestar a la Comisión de la Competencia hemos pedido información a la Consejería de Fomento», afirma la edil de Movilidad, Elvira Maeso.
Revés para el sector
En este sentido, cabe señalar que aunque la mayoría de las limitaciones reseñadas se dan en toda la geografía nacional, si la CNMC ha puesto sus miras en la capital malagueña se debe a la denuncia previa que el pasado 5 de junio presentó la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (Aumat) para tratar de modificar varios artículos. Un paso que parece que se ha vuelto en contra del colectivo mayoritario del sector ahora que Competencia ha decidido entrar de lleno en toda la ordenanza, en un procedimiento similar al también iniciado en Córdoba y que, de seguir adelante, podría dar un giro de 180 grados al sistema actual del taxi en todo el país.
En este requerimiento previo al recurso judicial, al que ha tenido acceso SUR, una de las propuestas más destacadas es la que plantea que las tarifas oficiales por la prestación del servicio –que cada año fija el Ayuntamiento tras escuchar a las asociaciones representativas del sector, organizaciones de consumidores y sindicatos– solo sirvan como tope máximo, de forma que cada profesional pueda rebajarlo en forma de descuentos o, por ejemplo, no cobrando el trayecto hasta el punto de recogida al cliente que pida un taxi a la emisora.
Otro asunto polémico que está levantando ampollas en el gremio es que, frente a la histórica demanda de las asociaciones de quitar vehículos de la calle al considerar excesivas las 1.434 licencias actuales, el ente regulador apuesta abiertamente por la liberalización. ¿Cómo? Suprimiendo el sistema de cupos vigente (no puede haber más de 2,35 taxis por cada mil habitantes, aunque ahora está en 2,5). En este punto, la CNMC remarca que por mucho que el establecimiento de un ‘numerus clausus’ constituya «una práctica habitual, no deja de ser una restricción a la competencia» y, por tanto, «un requisito prohibido». «No cabe vislumbrar una razón imperiosa de interés general en que se fundamente la restricción al ejercicio de una actividad económica que supone el mecanismo de determinación del número de licencias», apunta.
En esta misma línea, el organismo estatal plantea eliminar la exigencia de que el titular de la licencia sea el conductor y que no pueda compatibilizarla con otras actividades económicas, además de advertir de que la obligación de que la concesión recaiga forzosamente en una persona física o una cooperativa de autónomos en lugar de permitir que cualquier empresario pueda crear su propio negocio «supone una restricción injustificada a la competencia que vulneraría la libertad de empresa».
Igualmente, también se opone a que la licencia sólo se adjudique a conductores con experiencia previa o a que sea necesario obtener un carné específico de Málaga para ejercer en la capital. Por último, el dictamen también apuesta por eliminar las restricciones a la inserción de publicidad en los vehículos y dejar libertad al taxista para poner los anuncios que considere oportunos para generar más ingresos.
se.