Quiere saber qué hizo hasta ahora para cumplir una medida cautelar de hace tres años, que ordenó que el Ejecutivo impidiera la actividad de la empresa en Buenos Aires.
La Prohibición
El 13 de abril de 2016, al día siguiente de que Uber comenzara a operar en Buenos Aires, la Justicia en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad dictó una medida cautelar ordenándole al Gobierno porteño que impidiera su actividad.
Lo hizo tras una presentación del Sindicato de Peones de Taxi de la Capital.
Pero ni esa medida ni otros reveses judiciales alcanzaron para frenar a la empresa que conecta a sus «socios conductores» con personas que necesitan hacer un viaje.
Ya en 2018, la Sala II de la Cámara de Apelaciones de ese fuero le pidió al juez a cargo de la causa que monitoreara el cumplimiento de la cautelar, en vista de «la inacción de las partes involucradas».
Ahora, el titular del Juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo, Víctor Trionfetti resolvió ampliar esa medida cautelar de 2016.
Lo hizo a partir de las comunicaciones de la AFIP, que le reclaman impuestos impagos a Uber.
Para empezar, el juez le libró un oficio a la Agencia Gubernamental de Control para que informe en un plazo de 20 días si Uber o alguna empresa vinculada a Uber presentaron algún pedido de habilitación para el servicio de transporte público de pasajeros.
Y para que si eso ocurrió, informe en qué fecha y envíe los antecedentes administrativos.
También le libra un oficio al Jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, para que también en un plazo de 20 días informe de manera detallada «cuáles han sido las medidas concretas adoptadas por la Administración destinadas a hacer efectiva la cautelar dictada en fecha 13/4/2016, que se encuentra firme».
El juez recuerda que aquella medida le ordenó al Ejecutivo porteño que «arbitre medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa Uber B.V. o Uber Technologies INC o cualquier sociedad bajo ese nombre, razón social y tipo de actividad descripta en la Ciudad hasta que se dicte sentencia definitiva».
Por eso, ahora Trionfetti le pide al Gobierno que precise «cuáles fueron las directivas, planes, protocolos, actuaciones, proyectos y toda otra actividad de gestión en el ejercicio del poder de policía» para garantizar el cumplimiento de esa cautelar.
En su fallo, el juez amplía esa cautelar para que alcance a las 14 empresas vinculadas con Uber mencionadas en las comunicaciones de la AFIP.
Por último, el juez Trionfetti ratifica que el Gobierno porteño «deberá adoptar de modo inmediato las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrollen estas empresas en materia de transporte de pasajeros en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
La Justicia de Argentina dice al Gobierno que prohíba operar a Uber
Trato hecho. La empresa conjunta entre los grupos BMW y Daimler para servicios de movilidad, incluido el uso compartido de automóviles de DriveNow y car2go, también ha superado el último obstáculo administrativo.
La autorización de las autoridades antimonopolio de EE.UU. dió luz verde prácticamente un mes después de la autorización de la Comisión Europea y 9 meses después del anuncio oficial de la operación, que tuvo lugar el pasado mes de marzo y fue precedido por una serie de rumores.
Con las respectivas plataformas, los dos fabricantes alemanes ya tienen 43 millones de clientes en el mundo y 20.000 automoviles compartidos distribuidos en 30 grandes ciudades.
Daimler AG y BMW Group acordaron oficialmente fusionar sus servicios de movilidad urbana en una sola compañía controladora en marzo de 2018 con una participación del 50 por ciento cada uno.
LA FUSIÓN
Ahora, quieren unificar sus servicios en cinco categorías creando cinco empresas conjuntas: Reach Now, Charge Now, Park Now, Free Now y Share Now.
Ambos fabricantes de automóviles planean invertir 1.000 millones para fomentar estos servicios de movilidad urbana en los próximos años. Ya hay 60 millones de personas que utilizan uno de los 14 servicios disponibles actualmente.
Vamos a repasar los detalles. Free Now es el nombre de la compañía de viajes, que incluye mytaxi, Kapten, Clever Taxi y Beat. Esos servicios combinados operan en 130 ciudades en 17 países. Hive, una nueva compañía de e-scooter, también es parte de Free Now.
MYTAXI
La empresa mytaxi ya envió un correo electrónico a sus clientes diciendo que la compañía cambiará el nombre de su servicio a Free Now.
También informó a los taxistas asociados a la app que encarecerá las comisiones de los servicios.
El problema de mytaxi radica principalmente en su base de datos. Los clientes afines al taxi que usan la app, serán captados por mytaxi.
Recordemos también que FACUA-Consumidores en Acción instó a la multinacional alemana a que corrijiese una serie de condiciones contractuales que considera contrarias a la legislación española y comunitaria de defensa de los usuarios.
Asimismo, un tribunal de Frankfurt declaró ilegales por “competencia desleal” los agresivos descuentos de la aplicación.
DUMPING
Según denunció Elite Taxi, la empresa incurre en la práctica conocida como dumping, prohibida a nivel internacional en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio firmado en 1947. Consiste en “vender un producto por debajo de su precio, incluso por debajo de su coste de producción, con el fin de eliminar empresas competidoras y apoderarse del mercado”.
LAS OTRAS MARCAS
No está claro qué va a pasar con las otras marcas. Chauffeur-Privé recientemente cambió su nombre a Kapten, por lo que parece que las aplicaciones y los servicios no se fusionarán de la noche a la mañana.
Charge Now ya existe y es una red de puntos de carga públicos para automóviles eléctricos. También proporciona un servicio de etiqueta blanca para los fabricantes de automóviles. Así que nada está cambiando allí.
Park Now combina un servicio existente llamado ParkNow (lo sé, es confuso), ParkMobile, RingGo y Park-line. Como los nombres sugieren, todos ellos operan servicios de estacionamiento.
Share Now tiene que ver con servicios de flotas. Daimler y BMW tenían cada uno su propio servicio, DriveNow y Car2Go; ahora están bajo el mismo techo.
Responderá a la empresa que se comprometió en julio a trasladar su domicilio fiscal a España. La compañía acusó a Pablo Iglesias de mentir en el debate de Atresmedia
photo_cameraPablo Iglesias, en la plaza del Reina Sofía.
Hace una semana, Cabify emitió un inusual comunicado en el que acusaba al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de mentir en el debate televisado por Atresmedia al atribuirle que no pagaba sus impuestos en España. Ahora, la formación morada prepara la respuesta a la multinacional.
“La empresa española cumple al 100% con sus obligaciones fiscales en España y paga el 100% de los impuestos que genera su actividad en nuestro país”, aseguró la multinacional en el comunicado.
La empresa llamó a Iglesias a la responsabilidad: “Cabify considera que sería un signo de responsabilidad pública e iría en beneficio del emprendimiento y la economía nacional evitar declaraciones que no se ajusten a la realidad de una empresa que es un referente en el ecosistema emprendedor español, como Cabify, ya que si se hace se estaría cuestionando al propio emprendimiento español y su imprescindible aportación a la sostenibilidad de la economía nacional”.
Cabify lamentó “las dudas generadas” por Iglesias y aseguró que “las aportaciones estimadas a las arcas públicas en 2018 por la actividad generada en España por Cabify fue de 40 millones de euros”. “A título individual, la aportación de Cabify para el mismo periodo asciende a 8 millones de euros (IVA, IRPF y cotizaciones)”, añadió.
Podemos prepara la respuesta
Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a la dirección de Podemos, Pablo Iglesias no está dispuesto a dejar pasar esta oportunidad para volver a cargar contra la compañía y reiterar el mensaje que ha mantenido en los últimos meses.
La cúpula de la formación prepara un contundente comunicado similar al que lanzó el pasado mes de julio, en plena guerra con el sector del taxi, y en respuesta a otra carta de uno de los fundadores de Cabify, Juan de Antonio.
“Vuestra sede sigue en Delaware”
Según las fuentes consultadas, el eje central del documento de respuesta que prepara Podemos será reprochar que, nueve meses después, la sede de Cabify siga en Delaware y de que utilice técnicas de elusión fiscal para pagar menos impuestos en España.
Le afeará también que intente “censurar” la opinión de Podemos sobre el negocio que desarrollan las empresas de VTC. Y mostrará su asombro porque una multinacional con sede en un paraíso fiscal considere que puede impedir expresar su postura a una fuerza política que representa a casi cuatro millones de personas.
Cabify se comprometió a trasladar su sede
Pese a las explicaciones ofrecidas por la compañía, lo cierto es que Cabify mantiene efectivamente su matriz en Delaware, un territorio en Estados Unidos que es considerado un paraíso fiscal de facto por su ventajoso sistema tributario.
El pasado mes de julio, en la primera gran batalla de la guerra del taxi, Cabify se comprometió a trasladar a España su sede fiscal, algo que todavía no ha sucedido. “Ya no nos van a poder acusar de estar en un paraíso fiscal. Es algo que ya teníamos previsto, pero que hemos querido adelantar para cerrar de una vez esta discusión”, explicó entonces en una entrevista a El Independiente, Mariano Silveyra, country manager en España.
El directivo de Cabify ya advirtió de que este cambio es “complejo y lleva su tiempo”, pero el partido de Pablo Iglesias le recordará ahora que ya han pasado nueve meses desde aquellas palabras y todavía no se ha completado el traslado.
El principal atractivo de Delaware es que concede una exención de impuestos para todas las compañías que coloquen entre sus fronteras su residencia fiscal, sin importar su procedencia, siempre y cuando no operen dentro de su territorio. Es decir, una empresa española podría establecerse allí y ahorrarse los impuestos siempre y cuando su actividad se limite a nuestro país.
Un enfrentamiento que viene de lejos
Podemos y Cabify mantienen desde hace tiempo un enfrentamiento a costa de la actividad de la empresa de coches de alquiler con conductor. La firma defiende que tributa en España y que cumple con todos los requisitos legales, mientras la formación política la acusa de elusión fiscal y explotación a sus trabajadores.
Tanto Iglesias como otros líderes de Podemos, entre ellos la portavoz y número dos, Irene Montero, el portavoz de la Comisión de Fomento, Rafa Mayoral, el secretario de Organización y Programa, Pablo Echenique, o el fundador y ex dirigente Juan Carlos Monedero, se han mostrado siempre públicamente a favor del sector del taxi.
Un informe jurídico del despacho de abogados Garrigues realizado para la empresa Vector Ronda, propietaria de cerca de 2.000 autorizaciones VTC (vehículo de alquiler con conductor) para transporte de viajeros con conductor, advierte a la compañía y al resto del sector de que sus actuales licencias quedarán reducidas a “papel mojado”, literalmente, dentro de cuatro años cuando su uso quede limitado a trayectos interurbanos, tal y como establece el real decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 28 de septiembre para regular al sector. El Pleno del Congreso decidirá el jueves si convalida o deroga el Real Decreto Ley.
El despacho considera que limitar la validez de estas autorizaciones para sacarlas de los trayectos urbanos -que quedarán limitados a los taxistas salvo que ayuntamientos y CCAA utilicen sus nuevas competencias para aprobar nuevas licencias- supone una “expropiación encubierta” por parte del Gobierno, ya que el 90% del uso de las actuales autorizaciones es utilizada hoy para realizar recorridos dentro de una misma ciudad bajo plataformas digitales como Uber y Cabify.PUBLICIDAD
En este sentido, el informe advierte del daño que genera esta medida sobre la seguridad jurídica del país. “Al dejar de ser efectivas para prestar el tipo de servicio de las mismas para el que fueron solicitadas, éstas se convertirán, en su gran mayoría, en simple papel mojado con un valor próximo a cero”, avisa el texto al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Esta conclusión supone un auténtico mazazo para sus actuales propietarios que amenaza cualquier proyecto de futuro de las compañías. Algunas como Cabify, que combina la titularidad de autorizaciones con el desarrollo de su plataforma digital, estaban incluso sondeando su salida a Bolsa el próximo año.
Nueva normativa
La nueva normativa de Fomento supone hoy por hoy una gran victoria de los taxistas al poner fecha de caducidad a sus rivales sobre el asfalto. No obstante, el decreto deja a modo de “indemnización en especie” un plazo de cuatro años para que los actuales titulares de VTC recuperen sus inversiones.
El plan de estos grupos es aprovechar este tiempo para crecer y extenderse por nuevas ciudades de la geografía española, casi duplicando el número de vehículos que tienen ahora mismo en operación. Uber, por ejemplo, prepara su desembarco en Bilbao y Valencia de la mano de Moove, propietaria de miles de autorizaciones. No obstante, entes locales y autonómicos ya pueden regular sus condiciones de circulación y contratación para aproximarlas a la de los taxistas en lo que se refiere a horarios, características de los vehículos…
Las empresas ya están analizando las vías para hacer llegar al ministro José Luis Ábalos sus reclamaciones por vía administrativa, en las que se argumenta que el plazo dado es insuficiente y reclaman una prórroga adicional de dos años que viene estipulada en el decreto. Si Fomento rechaza el nuevo plazo o no se pronuncia, las empresas podrán acudir a la vía judicial.
Indemnizaciones
“El sistema indemnizatorio previsto parece muy alejado del poder establecer un verdadero equilibrio entre los daños provocados por la expropiación y la indemnización planteada. En ningún caso podrá alcanzar el valor real de los derechos expropiados”, establece Garrigues.
Este informe se suma al realizado por el abogado especializado en transporte José Andrés Díez para la patronal Unauto dentro de la ofensiva legal que pretende activar el sector de las VTC si esta semana se convalida en sede parlamentaria el real decreto-ley. El Gobierno aún no ha logrado el apoyo a su texto normativo tras anunciar hace unos días el PDeCAT que genera “enormes incertidumbres” para la Generalitat. Las regiones han pedido a Fomento un compromiso por escrito de que la habilitación competencial no supondrá una oleada de reclamaciones contra las propias autonomías para exigir una indemnización próxima a los 3.750 millones.
Ambos textos jurídicos concluyen que la nueva normativa viola varios artículos de la Constitución al no estar justificada la “urgencia y necesidad” requerida para ser tramitado por la figura del real decreto-ley. Además, insisten, supone una “modificación encubierta” del régimen competencial de las autonomías, por lo que debería haber sido tramitado como ley orgánica.
El sector está buscando apoyos entre los grupos parlamentarias y las comunidades autónomas para lograr un recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque fuentes del sector creen que la vía más favorable para tratar de torpedear la nueva regulación se producirá por la consulta de un tribunal ordinario al Constitucional.
La empresa norteamericana, conocida en todo el mundo por sus polémicas con el sector del taxi, tiene previsto salir a cotizar este mismo mes de mayo.
“Modelo de negocio peligroso”, “imposibilidad de ser rentable”, “evitar entrar en el valor hasta que las caídas de precios lo dejen en un nivel más aceptable”, “asediada por sus competidores”, “la conflictividad con los conductores crecerá”, “la ratio de viajes está decayendo en algunas ciudades”, “se frena el crecimiento de la facturación”, “no se parece a Amazon ni remotamente”, “una empresa que pierde la fascinante cifra de 3.000 millones al año”… los analistas bursátiles norteamericanos parecen tenerlo claro: meter dinero en la salida a bolsa de Uber es una jugada de alto riesgo con grandes posibilidades de pérdida, al menos en momentos iniciales.
La empresa californiana, conocida en todo el mundo por sus polémicas con el sector del taxi, que no son exclusivas de España, tiene previsto salir a cotizar este mismo mes de mayo en una OPV de alto riesgo. Desde Bloomberg se apunta a que podría captar 10.000 millones de dólares y ser valorada en 100.000 millones, quedando muy cerca de la salida a bolsa que protagonizó Facebook en 2014. Con una diferencia no irrelevante: la empresa de Mark Zuckerberg ya tenía cuando salió a bolsa un modelo de negocio publicitario rentable, mientras que la empresa fundada por Travis Kalanick, que tuvo que abandonar la dirección envuelto en un sinfín de polémicas, batalla por el momento en varios frentes sin conseguir ganar dinero con ninguno.
Parón en el crecimiento
El consenso de los analistas norteamericanos respecto a la posibilidad de rentabilizar la inversión en Uber es abrumador: la compañía depende de un crecimiento exponencial de sus ingresos y precisamente en los últimos trimestres este crecimiento se ha frenado: de enero a marzo facturó en su negocio principal (la competencia al taxi) entre 11.300 millones y 11.450 millones de dólares, lo que supondría un 1% menos que el último trimestre de 2018.
Aunque en Navidades siempre hay más demanda de casi todo que el resto del año, también de viajes bajo demanda, hay quienes piensan que un servicio emergente que depende de un alto crecimiento y en los meses previos a su salida a bolsa debería de crecer con gran fortaleza. Sin embargo Uber no lo está consiguiendo
Y es que la competencia es feroz en sus distintos segmentos, como Uber Eats. Guste más o menos su marca, lo cierto es que el transporte a través de apps se está convirtiendo prácticamente en una commodity que todas las empresas pueden realizar sin una especial inversión tecnológica. Esto hace que la posibilidad de Uber de generar valor es escas.
Recorte de costes
Otros expertos consideran que Uber está atrapado en un problema de costes que le deja por el momento muy lejos del break even. La compañía necesitaría recortar notablemente la retribución de cada uno de sus ‘partners’ conductores para obtener más beneficio por cada carrera. Pero esto, en un entorno de cada vez mayor conflictividad con sus conductores que reconoce la propia multinacional, no es tan fácil.
La empresa parece empeñada en buscar la rentabilidad eliminando uno de los actores de su negocio: el conductor, que pese a cobrar en ocasiones salarios bajos es un intermediario que impide el beneficio. Por ello, Uber necesita desesperadamente, apuntan los analistas, que llegue el coche autónomo, una tecnología donde compite con gigantes como Google. Sin embargo, ¿será implementada regulatoriamente esta tecnología a tiempo para salvar las peligrosas cuentas de la multinacional?
Problemas regulatorios
Mención aparte merecen los problemas regulatorios a los que se enfrenta la compañía por todo el mundo. Si alguna ventaja tiene Lyft respecto a Uber es que la compañía opera exclusivamente en Estados Unidos y Canadá y está especializada en estos dos mercados. Ello supone que el coste regulatorio está bastante descontado.
Sin embargo, Uber ha dado el salto a geografías muy diferentes y complejas como son las propias europeas (donde está teniendo sus principales problemas), India o Hispanoamérica, por poner ejemplos. En cada una de ellas, su esfuerzo para adaptarse a la regulación está costando muchos dolores de cabeza.
La empresa intenta a largo plazo laminar al conductor, un intermediario que impide el beneficio
En definitiva, la llegada de Uber al parqué está cosechando más críticas que elogios. Sin ir más lejos hasta columnistas del New York Times han criticado que la empresa “sea lo mejor que pueda ofrecer Silicon Valley, porque si esto es así, Estados Unidos necesita un camino para encontrar nuevas ideas que realmente merezcan la pena”
Fomento denuncia a 2.256 VTC dentro de un plan de inspección
El nuevo Plan se centra en las infracciones más recurrentes, después de que uno de cada dos vehículos resultaran sancionados en 2018
Los servicios de Inspección de Castilla y León y la Guardia Civil cuentan ya con más herramientas para redoblar los controles sobre los VTC y combatir la competencia desleal con el taxi. Para ello, existe un sistema electrónico que permite conocer los servicios contratados y comprobar si respetan la regla que les obliga a realizar el 80 por ciento de su trabajo en la comunidad en la que recibieron la autorización.
De esta forma, los servicios de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente incorporan un nuevo sistema informático, habilitado por el Ministerio de Fomento, para la consulta de las comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor. Esta medida, dependiente de la Dirección General de Transporte Terrestre, persigue facilitar el control del cumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios VTC mediante un registro electrónico.
De este modo, cualquier VTC demandado deberá dejar rastro mediante una comunicación a este registro, lo que permitirá consultar los datos del servicio. Para ello, existen dos formas de acceso, una a través de una aplicación web disponible en el portal del Ministerio de Fomento y otra mediante un servicio web que permitirá a las empresas integrar esta comunicación en sus propias aplicaciones informáticas.
En ese sentido, este registro VTC permite a los órganos de control de la Junta la consulta y el control tanto de la contratación previa al inicio de los servicios, como de la regla de la habitualidad, según la cual el 80 por ciento de los servicios VTC deben ser prestados en la comunidad autónoma donde se encuentre domiciliada la autorización. Este avance tecnológico se suman a otros como el procedimiento sancionador por vía telemática o el pago con tarjeta en controles en carreteras, actualmente en pruebas o el sistema de control biométrico para los cursos de Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Igualmente, también ha incorporado ‘tablets’ en los controles en carretera, la implantación de revisiones por vía telemática o la conexión con las bases de datos de la Tesorería de la Seguridad Social.
El nuevo Plan de Inspección de Transporte por Carretera pivota sobre 19 líneas de actuación,que en el caso de las mercancías se centra en el peso, las cooperativas de trabajo, los productos peligrosos y los profesionales no residentes. En el caso de los viajeros tendrán en cuenta el cumplimiento de las condiciones de concesiones, el transporte escolar y los servicios VTC.
También pondrán especial énfasis en la vigilancia sobre los tiempos de conducción y descanso, las manipulaciones del tacógrafo y el limitador de velocidad o la formación de los conductores.
Sanciones
Las nuevas acciones parten de las 37.625 inspecciones realizadas, que dieron lugar a 18.558 sanciones. De ellas, la mayoría se interpusieron en los controles de carretera con 35.424 vehículos, a las que se sumaron 656 visitas a empresas con 1.841 vehículos. Además, se vigilaron 28.690 vehículos de transporte de mercancías y 2.728 de viajeros con autorización nacional, mientras que entre los internacionales, se actuó sobre 5.468 de mercancías y 109 de viajeros.
En la provincia de Ávila se controlaron 2.844 vehículos; en Burgos, 2.874; en León, 4.891; en Palencia, 3.989; en Salamanca, 5.507; en Segovia, 3.529; en Soria, 4.987; en Valladolid, 3.787, y en Zamora, 4.857.
Respecto a las denuncias encabeza el ranking de 2018 Soria con 3.188, seguida de León con 2.966; Zamora, con 2.264 y Valladolid, con 2.256. Menor número se contabilizaron en Ávila (1.239), Burgos (1.263), Palencia (1.997), Salamanca (1.893) y Segovia (1.492). Además, se registraron 1.181 inmovilizaciones, de las que 476 se dieron en Palencia, 128 en Valladolid y 108, en Zamora.
En relación a los tipos de infracciones, los tiempos de conducción y descanso motivaron el 71,76 por ciento de las denuncias, con 13.318, a las que siguieron las interpuestas por excesos de peso, con 2.330, que supusieron el 12,55 por ciento. Además, las referidas a la autorización para el transporte dieron lugar a 1.890, un 10,18 por ciento. A ellas se suman las centras en la carencia y manipulación del tacógrafo, con 845, un 4,5 por ciento.
En las campañas especiales, destaca la referida al transporte escolar en la que se controlaron 538 vehículos, de los que 147 resultaron denunciados. Además, en relación al transporte integrado -escolar y general-, se realizaron 204 sobre otras tantas rutas, con 3.272 pasajeros. Tan solo se pusieron ocho sanciones.
Finalmente, sobre las VTC, se controlaron 25 centros de afluencia masiva, donde se formularon dos denuncias. Además, se inspeccionaron a 50 empresas, lo que supuso un control de 296 vehículos, de 4.73 contratos/hojas de ruta, con tres sanciones.
El PP derogará el “Decreto Ábalos”, que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y del taxi, que faculta a comunidades autónomas y ayuntamientos a regular su actividad, en el caso de que gobierne tras las elecciones generales del 28 de abril.,Esta derogación tiene como objetivo garantizar “la libertad de elección del usuario” e incrementar “las oportunidades del taxi para adaptarse a las nuevas formas de movilidad”, según el programa electoral de
Agencia EFE
Tiempo de lectura: 1′ 08 abr 2019 – 13:56 Actualizado 13:57
El PP derogará el “Decreto Ábalos”, que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y del taxi, que faculta a comunidades autónomas y ayuntamientos a regular su actividad, en el caso de que gobierne tras las elecciones generales del 28 de abril.
Esta derogación tiene como objetivo garantizar “la libertad de elección del usuario” e incrementar “las oportunidades del taxi para adaptarse a las nuevas formas de movilidad”, según el programa electoral del PP que ha trascendido este lunes.
El Partido Popular se refiere al real decreto del Ministerio de Fomento por el que se modificó la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de VTC, que entró en vigor el pasado 30 de septiembre y que pretendía garantizar un equilibrio entre la oferta de servicios en esa modalidad de transporte y la que representan los taxis, dada la conflictividad registrada por entonces, según publicó el BOE un día antes.
Esta nueva normativa facultaba a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor, en los que se incluyen Uber y Cabify, con un régimen transitorio de cuatro años.
El PP ha incluido en el punto 315 de su programa electoral derogar este decreto, con el fin de poner “al ciudadanos y su libertad de elección como eje”.
La derogación de este decreto se enmarca en el “modelo de ciudad abierto” que propone el PP en su programa, en el que “se aprovechen todas las posibilidades que brinda la tecnología para transformar los municipios en mejores lugares para vivir”.
Este real decreto se aprobó a raíz de las movilizaciones que emprendió el sector del taxi que pretendían limitar la actividad de las VTC.
La Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha entregado este martes al sector del taxi y de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) un borrador de propuestas para la ordenación y modernización del sector del transporte discrecional en vehículos turismo, entre las que figuran la posibilidad de que los taxis realicen servicios cobrando por plaza, o crear “estaciones de VTC en el perímetro de los núcleos urbanos”.
Así lo ha dado a conocer la propia Consejería en una nota en la que explica que el documento trasladado a estos sectores cuenta con casi 500 páginas y el departamento que dirige Marifrán Carazo pretende que sea “un punto de partida para la negociación entre los afectados”.
El objetivo, según la Consejería de Fomento, es “alcanzar soluciones que permitan la deseada convivencia pacífica y ordenada del sector, en aras del interés general de los usuarios”.
De esta manera, entre otras propuestas, la Consejería plantea “la posibilidad de que el taxi ofrezca un precio cerrado al usuario en los servicios precontratados”, así como “la posibilidad de realizar servicios cobrando por plaza”.
También, “para propiciar el cumplimiento de la legislación española”, la Junta propone “la intensificación de las labores de inspección con el incremento en un 50%, así como con el plan de choque de nuevos inspectores, que supondrá el incremento de la plantilla en un 50%”.
Igualmente, para “propiciar el cumplimiento de la legislación y facilitar el control y la inspección de los servicios”, desde Fomento “se propone la creación de una web de control andaluza que se nutra de la web estatal y permita complementar aquellos campos de los que ésta carezca”. Además, “se elaborará una instrucción para la correcta implementación de ambas webs de control”.
La Junta también propone la firma de convenios de colaboración de la Administración autonómica “con los ayuntamientos que lo requieran para la formación en las labores de inspección y control de los servicios”, así como “la creación de comisiones provinciales del taxi para el fomento y creación de áreas de prestación conjunta”.
También desde Fomento “se propone la implantación de programas de transporte a la demanda en medio rural en todas las provincias andaluzas”, así como “exigir al Estado que equipare la capacitación de los conductores VTC a la de los taxistas”, y “la incorporación a la flota de las VTC al menos un 20% de vehículos ECO en empresas con más de cinco autorizaciones”, además de “la adaptación de al menos un 5% de la flota a personas de movilidad reducida para aquellas empresas con más de 15 vehículos VTC”.
ESTACIONES DE VTC
Respecto a la creación de estaciones VTC ubicadas en el perímetro de los núcleos urbanos desde donde se atenderán los servicios, desde la Junta se explica que esta medida tiene “carácter transitorio”, siendo de aplicación “durante los cuatro años establecidos en el RDL 13/2018”.
Según defiende Fomento, es una medida que se encuentra “alineada con la ordenación estatal que ha propiciado el gobierno alemán, francés e italiano”, y contempla que los VTC tengan que volver a dichas estaciones cuando completen sus servicios “salvo que tengan otro servicio precontratado”.
La localización de las estaciones “se determinará mediante la aplicación de criterios técnicos que permitan mantener el servicio que actualmente ofrecen las VTC”, según detalla la Junta, que incide en que “esta medida tiene como objetivo fundamental mantener la operatividad y efectividad del servicio VTC y, a su vez, ordenar la actividad propiciando el cumplimiento del artículo 182.1 del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) en el que se establece la necesidad de precontratación del servicio y se limita la posibilidad de la circulación por la ciudad en busca de clientes”.
La propuesta de la Dirección General de Movilidad “permite la utilización de las bases propias de las VTC siempre que se encuentren fuera del ámbito marcado y, para el control efectivo de la actividad, se propone la creación de una web de control andaluza que se nutra de la web estatal y permita complementar aquellos campos de los que ésta carezca”.
RATIOS DE TAXIS Y VTC
Desde la Consejería de Fomento apuntan que, desde 2009, con la entrada en vigor de la ley 25/2009 de 22 de diciembre –la denominada ‘Ley Omnibus’–, que propició la liberalización del sector de transporte por carretera en vehículo turismo, hasta la actualidad, con el reciente decreto ley 13/2018 de 28 de septiembre –“el llamado ‘Decreto Ábalos’–, se ha producido “un desequilibrio en el sector del transporte de viajeros en vehículos turismo debido al incumplimiento de la ratio 1/30 (relación VTC/Taxi), estando actualmente en Andalucía en una ratio 1/5 y con posibilidad de incremento debido a las autorizaciones judicializadas”.
En la actualidad hay 9.403 licencias de taxi y 1.988 de VTC en Andalucía, según especifica la Junta, que concreta que, por provincias, Almería presenta un ratio 1/6 –con 87 VTC frente a 503 taxis–; Cádiz, un ratio de 1/10 –116 VTC y 1.160 taxis–; Córdoba, un ratio de 1/11 –con 68 VTC por 773 taxis–; Granada, un ratio de 1/7 –125 VTC y 861 taxis–; Huelva, un ratio de 1/4 –100 VTC por 391 taxis–; Jaén, un ratio de 1/135 –404 taxis por sólo tres VTC–; Málaga, un ratio de 1/2 –2.664 taxis y 1.256 VTC–, y Sevilla, 233 VTC por 2.287 taxis, lo que supone un ratio de 1/10.
Fomento subraya que “ha solicitado al Gobierno central, sin éxito, que propicie la ordenación y regulación del sector para evitar la disparidad de soluciones que se están planteando en el territorio nacional y que pueden dar lugar a futuras indemnizaciones que deberán soportar las arcas públicas y por ende los ciudadanos de nuestro país”.
Agrega que, “dado el reducido interés del Gobierno central en resolver el conflicto”, la Consejería pretende “dar respuesta al problema y propiciar el encuentro de los afectados en una solución equilibrada y consensuada”.
En esa línea, la Consejería se ha reunido con los principales agentes afectados –taxis, VTC tradicionales, VTC de aplicaciones móviles, consumidores y usuarios, Agencia de la Defensa de la Competencia Andaluza y Federación Andaluza de Municipios y Provincias–, y, como se les trasladó a los representantes de los taxistas en la última reunión, en 45 días la Dirección General de Movilidad ha elaborado un estudio “pormenorizado” de la situación desarrollando ocho bloques de trabajo.
En concreto, dichos bloques son un diagnóstico de la situación actual y de las soluciones existentes en el mundo, un diagnóstico de la situación en España, la normativa reguladora en España sobre el sector del transporte discrecional de viajeros en vehículos turismo, análisis socioeconómico, de la oferta y de la demanda, y la posición tanto de las autoridades de la Competencia como de los usuarios y consumidores.
El borrador de propuestas entregado al sector incluye estudios que concluyen que, “con todas las Estaciones de VTC que se plantean, se cubriría al menos el 80% de las zonas urbanas en el mismo o menor tiempo que la media actual, alrededor de ocho minutos”.
Con esta medida se pretende “evitar el criterio subjetivo de un intervalo de tiempo como medida de precontratación que, además de ser difícilmente controlable, es un criterio cuestionable por los tribunales, así como por las Agencias de la Competencia”.
Además, según la Dirección General de Movilidad, “en el diagnóstico de la situación internacional llevado a cabo no se ha localizado dicho criterio de precontratación en ningún país del mundo”.
Así, la propuesta de Movilidad “se fundamenta en hacer cumplir la legislación existente en materia de precontratación y captación de viajeros en viario público, propiciando la ordenación de la actividad”, según concluye la Junta.
Mario Silveyra, director de Cabify en España, en el Adda. Foto: RAFA MOLINA
1/04/2019 –
ALICANTE. La compañía española de VTC Cabify ha decidido mantener su actividad en la Comunitat Valenciana pese a la entrada en vigor, este martes, del decreto del Consell para regular su actividad con diversas limitaciones. Así lo ha avanzado la firma en un comunicado este lunes en el que, si bien no explicita su decisión de mantener la actividad, señala que “está operando con normalidad” y que “trabaja ya para analizar el texto publicado y también para adaptar su modelo operativo a aquellos requisitos impuestos por la normativa autonómica”.
La aprobación del decreto, que se ha publicado este lunes en el DOGV tras ser aprobado el pasado viernes por el pleno del Consell, ha dejado en el aire la llegada de Uber a Alicante, donde iba a operar desde el pasado febrero. De momento, la compañía norteamericana no se ha pronunciado sobre su futuro en València, donde lleva implantada tres meses. Sin embargo, Cabify sí apuesta por mantener su negocio en las dos capitales donde opera desde 2018, pese a lamentar las restricciones que a su juicio supone el citado decreto.
El comunicado esgrime que la empresa tiene más de 300.000 usuarios registrados en la Comunitat Valenciana, y lamenta que la Generalitat ceda al “sector más radical del taxi” en su normativa, que según la empresa “pone en peligro 500 empleos en el sector” en la Comunitat. No obstante, avanza que “seguirá primando el compromiso con sus usuarios, sus colaboradores y con las ciudades de la región”.
La compañía expresa en el comunicado su deseo de que “en un futuro próximo sea posible tener un marco de trabajo común entre el sector del taxi y la VTC que permita la construcción de un modelo de movilidad en la ciudad orientado a reducir considerablemente el uso del vehículo particular”. Para ello, asegura, “la compañía sigue dispuesta a hablar y trabajar con la Administración para abrir nuevas vías”. El comunicado termina lamentando de nuevo una “normativa perjudicial para la movilidad de los ciudadanos” que “traerá a sus ciudades menos libertad de elección, más esperas, más congestión y, también, más contaminación”.
Cabify, asegura, “continuará buscando soluciones y siempre poniendo por delante de cualquier otra consideración la defensa del empleo y de los intereses de los más de 300.000 usuarios registrados en València y Alicante”. Cabify cuenta con 500 vehículos operativos en la Comunitat, de los que 30 prestan servicio en Alicante.
Los potenciales votantes de Podemos son los que presentan un porcentaje más elevado regular a favor del taxi. En concreto, un 36% de ellos preferiría priorizar las condiciones de trabajo del taxi frente a las VTC. Estos datos forman parte de la encuesta realizada por Metroscopia y la asociación de vehículos con conductor Unauto, que recoge la opinión pública con respecto a las alternativas de movilidad urbana.
La guerra entre el taxi y las VTC parece estar más calmada, al menos por el momento. El conflicto, además de para que cada bando reivindique sus condiciones laborales, ha servido para que un sector de la población que desconocía el VTC como alternativa a los taxis esté al tanto de la existencia de estas empresas.
Un total de 1.270 entrevistas a través de teléfonos móviles han determinado que un 69% de la población conoce el servicio de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), frente a un 11% que no conoce esta alternativa y un 20% al que le suena. Los porcentajes resultantes de la encuesta son bastante positivos para las VTC, a pesar de esto, resulta curioso como los posibles votantes de cada formación política sostienen una opinión diferente, o no tanto.
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Los votantes posibles del PSOE y Unidas Podemos registran los porcentajes más proclives al sector del taxi, mientras que Vox, Ciudadanos y PP se muestran más pro VTC. En relación a los puestos de trabajo que generan compañías como Cabify o Uber todos afirman que es una realidad cierta. Sobre la cuestión de la competencia desleal aparece el mayor desacuerdo y entre votantes de cada partido, pero también se registra la mayor división de opiniones ente votantes de un mismo partido.
En el caso de Unidas Podemos reina la equidad: un 49% piensa que estas empresas de transporte son competencia desleal, y un 41% considera lo contrario. En el otro extremo está el Partido Popular que apunta a un 19% de encuestados que creen que es competencia desleal para el taxi, pero un 77% en desacuerdo con esta afirmación. El resto de grupos políticos se sitúan entre estos dos rangos.
Además de estas dos polémicas cuestiones, la opinión de los encuestados sobre cuál será el futuro de la movilidad en las ciudades a lo que la mayoría, independientemente de la formación política, apuesta por VTC; o sobre el impacto positivo de Uber o Cabify en la movilidad urbana, planteamiento que obtiene un resultado igualmente positivo para los vehículos de transporte con conductor; o sobre la libertad del ciudadano a elegir el método de transporte, con una respuesta que muestra el acuerdo de los encuestados. Estos tres interrogantes conforman el mapa de la encuesta de Unauto y Metroscopia.
¿QUIÉN DEBERÍA REGULAR?
Además de la muestra mencionada, ha tenido lugar una sobremuestra en Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Estas comunidades autónomas que incluyen a las principales ciudades en las que operan las VTC: Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia se muestran levemente dispares en cuanto al organismo competente para regular el conflicto.
En el caso de la Comunidad Valenciana, el 65% de los encuestados apuesta por el Gobierno central y el 15% para el gobierno autonómico, el mismo porcentaje que para el ayuntamiento de cada localidad. En Cataluña,a pesar de ser la más polémica, el 49% se decanta de igual manera por el Gobierno Central, pero en la comunidad catalana el 25% prefiere en segundo lugar al ayuntamiento frente al 20% que apuesta por la Generalitat.
En la Comunidad de Madrid y Andalucía la propuesta del Gobierno central es mayoritaria con un 56% y un 67% respectivamente. Ambas regiones prefieren los ayuntamientos ante el gobierno autonómico.
Desde Unauto aseguran que han mantenido reuniones con todas las formaciones políticas que han mostrado disposición, pero no pueden ocultar el temor ante una posible regulación que les perjudique ante el incierto escenario político que se plantea en España. El vicepresidente nacional de Unauto VTC, Rafael García Tapia propone un futuro en el que entramos todos, tanto taxis como VTC. Por ello apuestan por una desregularización del taxi que incluya libertad de horarios o de tarifas entre otras medidas, así será posible una competencia leal en el sector de la precontratación.
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