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UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA
EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
- Hoy día 10 de Mayo de 2018, el Congreso de los Diputados ha aprobado convalidar el Decreto Ley Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, elevando a rango de Ley el 1/30 sin carácter retroactivo y el 80/20 que limita los servicios que pueden hacer las VTC fuera de su Comunidad.
- Asimismo, el Congreso ha decidido no iniciar un Proyecto de Ley que podría solucionar con más garantías el desequilibrio evidente y real entre Taxis y VTC.
- ANTAXI se ha reunido durante toda la semana con los principales Partidos Políticos para solicitar que se inicie un Proyecto de Ley que devuelva el equilibrio.
- ANTAXI, seguirá luchando por una Ley que nos proteja si se conceden más VTC y se desmarca totalmente de otras Organizaciones que dicen que ya está todo solucionado y hay que competir.
Hoy día 10 de Mayo de 2018, el Congreso de los Diputados ha aprobado convalidar el Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, elevando a rango de Ley el 1/30 sin carácter retroactivo y el 80/20 que limita los servicios que pueden hacer las VTC fuera de su Comunidad.
De los 350 Diputados, 305 han votado a favor de convalidar el Real Decreto, apuntar que el Partido Ciudadanos con 32 Diputados se ha abstenido.
Ha quedado patente que el sector del Taxi está siendo atacado, que el Gobierno ha sido lento en buscar soluciones lo que ha beneficiado al evidente fraude y especulación en la concesión de VTC y que gracias a las manifestaciones del 2017 (convocadas por ANTAXI junto a otras Organizaciones) esto se está debatiendo en el Congreso de los Diputados.
Asimismo, se ha debatido en el Congreso la necesidad de iniciar un Proyecto de Ley que podría solucionar con más garantías el desequilibrio evidente entre Taxis y VTC, con el resto de problemas que el Decreto Ley no soluciona, agravado si el Supremo tumba el Reglamento (Rott) de 2015.
En cuanto a la votación sobre iniciar un Proyecto de Ley, a favor 118 y en contra 222, con Podemos y Ciudadanos a favor y PP y PSOE en contra.
ANTAXI se ha reunido durante toda la semana con los principales Partidos Políticos para intentar convencerlos de la necesidad en que se inicie un Proyecto de Ley que resuelva las concesiones masivas de VTC anteriores al Real Decreto y devuelva el equilibrio entre Taxis y VTC de forma real, sin dejarlo todo en las decisiones judiciales, pero al parecer ha pesado más la Organización “mayoritaria” que dice que ya está todo solucionado y hay que competir.
ANTAXI, seguirá luchando por medidas que solucionen el problema, ya sea con una Ley Nacional, con la licencia urbana de VTC o aplicando el Articulo 14 de la Lott (“El Gobierno podrá suspender, prohibir o restringir total o parcialmente, por el tiempo que resulte estrictamente necesario, la realización de alguna o algunas clases de servicios o actividades de transporte objeto de la presente Ley, ya fueren de titularidad pública o privada, por motivos de defensa nacional, orden público, sanitarios u otras causas graves de utilidad pública o interés social) pero que devuelva el equilibrio (1/30) de forma real entre Taxis y VTC.
LA JUNTA DIRECTIVA
Empieza la guerra entre Cabify y el taxi de Barcelona
Ada Colau ha aprobado el reglamento que regulará las licencias VTC en la ciudad
Una usuaria subiendo a un taxi en Barcelona / MIKI
Ha sucedido. Tal como estaba previsto, el Pleno del Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona(AMB) que lidera Ada Colau ha aprobado este 27 de febrero la regulación para los vehículos de menos de nueve plazas.
En el documento, que se ha impulsado en pleno Mobile World Congress (MWC), se especifica que solo podrá haber una licencia de alquiler de vehículo con conductor (VTC) por cada 30 de taxi. Aplicando este criterio 1/30 solo se podrían otorgar 348 licencias y actualmente hay operando 799. En este sentido, supondrá un obstáculo para Cabify.
“La batalla está servida”, ha declarado el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, a Metrópoli Abierta. “Tienen los días contados”, ha añadido. El organismo encargado de hacer cumplir la nueva reglamentación será el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET).
Según ha especificado AMB en un comunicado, con este marco reglamentario Barcelona pretende “dar respuesta a la problemática en la que se encuentra hoy el sector del taxi que se encuentra amenazado a causa de la rotura de la proporcionalidad de VTC en relación al número de taxis debido a la modificación de la Ley de Transportes y de su Reglamento, así como de la última sentencia del Tribunal Supremo que resolvió favorablemente las peticiones de licencias VTC”.
A partir de este momento, las partes disponen de 30 días hábiles para hacer sus respectivas alegaciones. “Aquí no hay sitio para especuladores, explotadores y encantadores de serpientes”, ha reivindicado el portavoz guerrillero refiriéndose a Cabify y Uber. Los taxistas de Barcelona encaran la nueva regulación con optimismo. “Los vamos a echar y haremos justicia por primera vez en este país”, ha concluido con énfasis Tito Álvarez.
LA CONFEDERACIÓN DE TAXISTAS AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA AGRADECE AL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA LA MUESTRA DE APOYO AL SERVICIO PÚBLICO DEL TAXI
- La Moción del Ayuntamiento de Valencia insta al Gobierno Autonómico y al Gobierno de España a utilizar todos los medios necesarios para devolver el equilibrio entre taxis y VTC.
- Los principales Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y de toda España han presentado mociones similares de apoyo al Servicio Publico del Taxi.
- La sociedad necesita de actos valientes como este, que refuercen los derechos de los ciudadanos a un Transporte de garantías contra un Transporte fraudulento y sin garantías.
- Finalmente los representantes de cada comunidad tienen que solucionar lo que el Gobierno de España no ha querido o no ha sabido solucionar.
El pasado día 22 de Febrero de 2018 se ha aprobado una declaración institucional de apoyo al sector del Taxi en el Ayuntamiento de Valencia, con la suma de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento.
Dicha Moción trae como puntos principales, instar al Gobierno Autonómico y al Gobierno de España a:
- Devolver el equilibrio de 1 VTC por cada 30 Taxis que marca el Reglamento de la Ley de los Transportes Terrestres (Rott).
- Creación de una autorización específica de VTC para poder hacer servicios urbanos (con origen y destino dentro de la Comunidad Autónoma)
- Establecer un tiempo mínimo de 2 horas en la contratación de los servicios de VTC para eliminar la inmediatez en este tipo de servicios.
- Reforzar la inspección y sanción para detectar y eliminar las prácticas de intrusismo y captación ilegal de clientes en áreas de influencia del Taxi.
- Modificar el Rott en cuanto a los servicios de VTC con respecto al origen, destino y recorrido de los servicios urbanos que prestan.
- Planes de ayuda al sector del Taxi para permitir y fomentar su profesionalización y su viabilidad (prejubilaciones, adaptación de vehículos para personas con movilidad reducida, vehículos eléctricos, reconocimiento de enfermedades profesionales, etc).
El Ayuntamiento de Valencia se suma así a decenas de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas de toda España que ya han presentado mociones de apoyo al Servicio Publico del Taxi, sin ir más lejos, en la Comunidad Valenciana, los Ayuntamientos de Castellón, Alicante, Elche, y Orihuela han aprobado en los últimos meses mociones similares.
Ahora solo falta de los Gobiernos Autonómico y Nacional recojan estas propuestas y las lleven a cabo para conseguir el Transporte discrecional de garantías que los ciudadanos se merecen, dejando de beneficiar intereses económicos de multinacionales que se llevan la riqueza fuera de nuestro País.
BRAVO POR ESTE AYUNTAMIENTO QUE DEMUESTRA ESTAR CON SUS CIUDADANOS VELANDO POR EL TRANSPORTE DE CALIDAD QUE VALENCIA SE MERECE
LA JUNTA DIRECTIVA
València apoya unánimemente al taxi y pide control para evitar el intrusismo
València apoya unánimemente al taxi y pide control para evitar el intrusismo
València, 22 feb (EFE).- El Ayuntamiento de València muestra este jueves el apoyo unánime de todos los grupos municipales al taxi a través de una declaración institucional donde reclama a la conselleria competente y al Gobierno central que regulen los vehículos con conductor y controlen más para evitar el intrusismo.
El concejal de Movilidad Sostenible de València, Giuseppe Grezzi, ha anunciado antes del pleno esta declaración institucional, que se leerá al finalizar la sesión plenaria y a la que todos los grupos se han comprometido a dar su apoyo.
En la declaración se advierte que la posible liberalización del taxi y de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) supondrá una “masificación” de vehículos en las ciudades y la “pérdida económica” tanto para las 7.000 familias que viven del taxi en la Comunitat como, “a largo plazo, de las arcas del Estado si las multinacionales consiguen apoderarse del sector”.
Aseguran que taxi y VTC compiten por el mismo mercado “y si no se respetan las reglas de convivencia entre ambas actividades se producen situaciones de intrusismo que actualmente están perjudicando seriamente al sector del taxi en todo el Estado y en cada pueblo o ciudad” de la Comunitat.
Recuerda las denuncias de desequilibrio entre ambos sectores y que “no se respeta” la normativa que impide a los VTC prestar el servicio de transporte discrecional de viajeros en turismo que circulan por la vía pública y se “invaden áreas reservadas al taxi”, además de usar aplicaciones informáticas para captar clientes que “vulnera el requisito legal exigible a las VTC”.
Por ello, València insta al Ministerio de Fomento y a la conselleria competente en Transporte a que utilicen todos los mecanismos de control sobre las autorizaciones VTC, se planteen exigir a las VTC una autorización de funcionamiento urbana o instaurar un certificado de capacitación, entre otras medidas.
También se insta al Gobierno a poner en marcha un plan de ayudas al sector del taxi y a la Conselleria a reforzar la actividad inspectora y sancionadora, y a ambos les insta además a establecer un procedimiento para exigir una base de operaciones a las VTC para evitar la captación irregular de viajeros en la vía pública. EFE
Colau asesta un duro golpe a Uber y Cabify: limita el número de licencias
Colau asesta un duro golpe a Uber y Cabify: limita el número de licencias
Aplicará a rajatabla el criterio de una licencia VTC por cada 30 de taxi, y exigirá una autorización por cada vehículo.
Ada Colau está a punto de dar el paso definitivo para estrechar el cerco a la actividad de Uber y Cabify en Barcelona. Lo hará con el nuevo reglamento municipal que regulará el transporte discrecional de viajeros en vehículos de menos de nueve plazas. En él se señala que -una vez entre en vigor- sólo podrá haber una licencia de alquiler con conductor (VTC) por cada 30 de taxi.
De este modo, el Ayuntamiento de la ciudad Condal da un puñetazo en la mesa y abandera la defensa del sector del taxi. Ésta es una de las peticiones históricas del sector, quienes consideran que superar ese umbral supone que Uber y Cabify puedan hacerles la competencia de manera desleal y, sobre todo, desregulada.
Abre la puerta, eso sí, a variar el número de licencias VTC que funcionen por la ciudad, aunque “en ningún caso podrán superar el límite de 1/30”, sentencia.
El nuevo reglamento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, será aprobado el próximo 27 de febrero. En él se considera que las VTC “han dejado de estar dirigidas a determinados tipos de servicios especiales; y se han convertido en un medio más de transporte de vehículo de alquiler con conductor, en clara y evidente coincidencia con los servicios tradicionalmente prestados por el taxi, del que sólo le separa la contratación previa, las características del vehículo y la modalidad de cobro sin taxímetro”.
Así que la necesidad de limitar las licencias que puedan utilizar Uber y Cabify viene también motivada por la necesidad de buscar la “sostenibilidad ambiental y económica, y a estos efectos se imponen acciones de restricción del tráfico rodado en las ciudades, especialmente en episodios de fuerte contaminación”. Por tanto, no parece lógico llenar las calles de coches que rueden por la ciudad.
La limitación 1/30 es la principal clave de esta normativa que, además, establece la necesidad de una autorización previa para realizar transporte urbano; es decir, los servicios que empiezan o acaban dentro de Barcelona. Así que requiere de una autorización municipal para cada vehículo, y en ella tendrá que estar reflejada también el titular de la misma. Sin ella no podrán trabajar ni Uber ni Cabify en la ciudad Condal, y no exime de tener que solicitar cualquier otra licencia autonómica o nacional que sea exigible para el negocio.
Esos permisos podrán ser explotados directamente por el titular o por los asalariados que tenga contratados en régimen laboral. Será la AMB (Área Metropolitana de Barcelona, de quien dependen los servicios públicos) quien otorgue las licencias, y se hará en los procesos que se fijen para otorgarlas y, una vez presentadas las solicitudes, “el procedimiento de adjudicación se hará por sorteo entre quienes cumplan los requisitos exigidos”.
Dentro de los requisitos que se van a exigir, está el contar con las licencias y autorizaciones pertinenes a nivel autonómico y nacional; así como acreditar la titularidad de la VTC en el momento de solicitar el permiso para operar en Barcelona. Además, deberán acreditarse “el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social; incluyendo las condiciones del centro de trabajo”. Se entregará de forma ilimitada, aunque habrá que renovarla anualmente.
Los conductores
Ninguna empresa podrá solicitar licencias para coches futuros, ya que tendrá que acreditar que cuenta con él para pedirla. Además, tendrá que contar “con una póliza de seguros que cubra los riesgos determinados por la ley; y en caso de que haya más de un conductor, reflejar esta circunstancia”. Y, por supuesto, cumplir con la normativa medioambiental de la ciudad.
Establece que los servicios tengan que ser concertados con anterioridad, es decir, que no podrán coger clientes a pie de calle. Se creará un registro electrónico de viajes.
La norma establece también todo un catálogo de infracciones. Las divide entre muy graves, graves y leves. Irán desde los 250 euros a los 4.000 euros. Se exige, también, la limitación en la tasa de alcoholemia a la de conductores profesionales, y la prohibición de negarse a atender un servicio cuando lo solicite una persona con problemas de movilidad o que sea ciega.
La reacción de los taxistas
Desde Élite Taxi, su portavoz Tito Álvarez, ha explicado a EL ESPAÑOL que este reglamento es un primer paso, en el que se recoge lo más importante para ellos: la limitación 1/30. Sin embargo, cree que “falta un tiempo mínimo para la contratación que, para nosotros, debería ser de tres horas”.
Álvarez asegura estar convencido de que “la CNMC y UNAUTO (patronal de VTC) lo van a impugnar, pero confiamos en el equipo de Colau, porque si no lo vieran claro lo hubieran redactado de otra manera”.
Se ha mostrado confiado en que esto sea sólo el primer paso, y en que “otros Ayuntamientos tomen ejemplo” y sigan el mismo camino que Barcelona.
Elite Taxi es, precisamente, la asociación que más ha batallado este tema en la ciudad Condal. Lo ha hecho, además, desde la AMB, en donde cuenta con la mayoría de la representación del sector.
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La Federación Sindical del Taxi de València cederá sus vehículos para difundir las campañas del Consell contra la violencia machista y a favor de la igualdad.
- Alberto Ibáñez agradece el apoyo de este sector “estratégico” para luchar contra la violencia machista.
- En la actualidad, un total de 7.426 personas a título personal y 693 entidades se han adherido al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.
El secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, ha señalado que la Federación Sindical del Taxi de València y provincia está dispuesta a ceder sus vehículos, voluntariamente, para que sirvan de soporte para difundir las campañas institucionales impulsadas por la Conselleria de Igualdad del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Ibáñez ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de dicha Federación quienes han manifestado su apoyo al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista y han propuesto iniciativas para colaborar con los objetivos de la igualdad real entre hombres y mujeres.
Alberto Ibáñez ha agradecido el apoyo expuesto a su departamento de este sector “estratégico” para colaborar en la lucha contra la violencia machista y que, a su juicio, demuestra que el Pacte ha conseguido “sumar todas las sensibilidades sociales de toda la sociedad valenciana”.
En este sentido, el secretario autonómico de Igualdad ha señalado que, en la actualidad, un total de 7.426 personas a título individual y 694 entidades se han adherido al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.
Adhesiones que, según ha subrayado, evidencian el “respaldo y compromiso social” de los valencianos y valencianas para acabar con el “terrorismo machista”, al tiempo que ha celebrado que el Pacte esté cumpliendo con su objetivo de “socializar y visibilizar la violencia” y además de lograr “unidad de acción, recursos suficientes y sinergias para hacer efectivos los compromisos”.
El PP se compromete con los taxistas a desregular y flexibilizar el sector
![El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha comprometido con los taxistas a desregular y flexibilizar el sector, al tiempo que ha pedido […]](https://www.infotaxi.net/wp-content/uploads/2012/07/taxi-madrid1.jpg "El PP se compromete con los taxistas a desregular y flexibilizar el sector")
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha comprometido con los taxistas a desregular y flexibilizar el sector, al tiempo que ha pedido paciencia en 2018 a los conductores en general ante los cortes de calles que van a llegar.
Lo ha trasladado en su visita a las asociaciones del taxi para felicitarles la Navidad. “Queremos estar a vuestra altura, es el mensaje que quiero transmitir a los más de 15.000 taxistas en Madrid”, ha indicado.
Almeida ha señalado que el PP atenderá las demandas de flexibilidad que pide el sector, además de poner sobre la mesa su compromiso para tratar de desregular todo aquello que está perjudicando a los taxistas.
“Si alguien representa la imagen de Madrid sois vosotros, que muchas veces habéis sido injustamente tratados y criticados. Os deseo mucho ánimo y mucho trabajo para el año que viene, que la cosa se va recuperando”, ha declarado el concejal.
“Espero estar a la altura de todos vosotros, a vuestra disposición. Sabéis dónde estamos y no nos perdonaremos traicionar al sector porque para la ciudad sois muy importantes”, ha terminado Almeida./Madridpress.
Los ayuntamientos podrán limitar la actividad de Uber y Cabify en Balears.
El Govern incluirá en la Ley de Transportes la exigencia de una licencia municipal para que los vehículos de alquiler con chófer puedan prestar servicios urbanos – La Conselleria trabajará contrarreloj para afrontar la entrada de nuevos coches VTC
F. Guijarro Palma 28.12.2017 | 08:43
Imagen de una asamblea de taxistas para tratar la creación de su empresa de VTC. G. Bosch
Los ayuntamientos van a tener la capacidad delimitar la actividad que puedan desarrollar las plataformas Uber, Cabify y similares en Balears. El Govern ha decidido introducir en la Ley autonómica de Transportes la exigencia de contar con unalicencia municipal para aquellos vehículos de alquiler con conductor (VTC) que pretendan prestar servicios urbanos, es decir, los trayectos que se desarrollan dentro de una misma población, de forma que en este aspecto queden equiparados a los taxis.
El director general de Transportes, Jaume Mateu, destaca que el objetivo es que esta medida pueda entrar en vigor antes de que concluya la tramitación de 960 autorizaciones de VTC en Balears, que inicialmente fueron denegadas pero que una sentencia del Tribunal Supremo ha obligado a reiniciar. Es decir, se va a trabajar ‘contrarreloj’ para que esta reforma en la citada ley pueda aplicarse durante el próximo año.
La decisión de la conselleria de Movilidad es simple. Si un vehículo de alquiler con conductor mantiene la forma de trabajar clásica que se ha desarrollado hasta ahora en las islas (como la contratación por parte de un tour operador para que desde Calvià o Alcúdia acuda al aeropuerto a recoger a un cliente), podrá trabajar sin ningún tipo de obstáculo si dispone del permiso autonómico. Pero si lo que hace es prestar un servicio urbano, en el que no sale del municipio (como ejemplo, recoger a un cliente en la Plaza de Cort para llevarlo a Son Espases), deberá contar para ello también con una autorización de su ayuntamiento. Es decir, si desarrolla una labor idéntica a la de un taxi, deberá disponer de una licencia similar a la que necesita este último. Y será decisión de cada Consistorio fijar el número de este tipo de autorizaciones que está dispuesto a dar. O si no quiere otorgar ninguna, una posibilidad en absoluto descartable bajo el argumento de que se trata de un servicio que ya está cubierto por el taxi.
Relevancia para Balears
Esta iniciativa tiene una especial relevancia en estos momentos. En Balears hay actualmente algo más de 200 automóviles con autorización autonómica para poder operar como coches de alquiler con conductor. El problema radica en que esta cifra se puede multiplicar durante los próximos meses, lo que está generando importantes tensiones en el seno del sector del taxi.
La empresa Ares Capital está tramitando 260 nuevas licencias de VTC en las islas (inicialmente se le fueron denegadas pero el Supremo ha obligado al Govern a reiniciar el procedimiento), y lo habitual es que, de conseguirlos, ceda estos permisos a plataformas como Uber y Cabify. Para equilibrar este posible aumento de la competencia, la Federación Independiente del Taxi de Balears (Fitib) está tramitando a su vez otras 700 a través de su empresa Balear de Servicios Discrecionales. Eso puede suponer la entrada en el mercado de casi mil nuevos coches de alquiler con chófer en las islas, con un tipo de actividad que podría ser similar a la de los taxistas. El riesgo de una guerra entre sectores resulta evidente.
Es por ello que el Govern va a intentar que la necesidad de la citada licencia municipal entre en vigor antes de que se complete la tramitación de esos más de 900 nuevos permisos para VTC, lo que conllevaría limitar de forma considerable su posible actuación (descartaría que los coches pudieran desarrollar servicios urbanos, recortando de forma drástica su rentabilidad). Pero el director general de Transportes no oculta que los plazos para llegar a tiempo están muy ajustados, de ahí la pretensión de que la reforma de la Ley de Transportes se complete antes de que concluya la próxima temporada turística.
Apoyo de taxistas y Cort
La medida prevista por el Govern fue reclamada el pasado día 21 por el Pleno del Ayuntamiento de Palma, y además con el apoyo de todos los grupos políticos, con una intervención a favor de la misma del presidente de la asociación de taxistas de CAEB, Antoni Bauzá.
Hay que tener en cuenta que por su tamaño y población, este municipio será previsiblemente el que va a registrar el mayor número de peticiones de las nuevas licencias que la conselleria de Territorio pretende exigir y, consecuentemente, en el que más tensiones se pueden registrar entre los VTC y los taxitas.
El nerviosismo de estos últimos se entiende no solo por el riesgo de que Uber y Cabify entren en las islas de la mano de las licencias que tramita la empresa Ares Capital. Según reconoce Jaume Mateu, una de las infracciones habituales detectadas durante el pasado verano en la campaña de inspección desarrollada por esta Conselleria ha sido el desembarco de VTC llegados de la península por un tiempo superior al permitido por la ley (no pueden trabajar más de un 20% de su tiempo fuera de su comunidad autónoma).
Eso explica que durante los días 17, 18 y 19 de enero los taxistas isleños vayan a votar la creación de su propia empresa de VTC, gracias a las 700 autorizaciones que están tramitando, para así competir (y “ahogar”) con Uber y Cabify en el caso de que éstas se implanten finalmente en el archipiélago.
El Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional tres leyes autonómicas de Cataluña
EUROPA PRESSRueda de prensa de Iñigo Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros
EUROPA PRESS
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional tres leyes autonómicas de Cataluña: la ley de consumidores y usuarios, la ley de comercio, servicios y ferias y el decreto ley de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.
Según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, el Consejo de Ministros ha solicitado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de tres recursos de inconstitucionalidad contra esas tres leyes.
Con respecto a la ley del cambio climático, aprobada por el Parlament el pasado uno de agosto,. el Gobierno lo dirige contra los artículos 2.2.e), 4.e), 5, 6, 7, 8, 11, 16.3, 19, 21.4, 24.3, 24.4, 39.3, 40 a 50, 51 y 52, contra las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y séptima, la disposición transitoria tercera y las disposiciones finales quinta y sexta de la ley.
El objeto de la Ley es la regulación de las medidas encaminadas a la mitigación y la adaptación al cambio climático, la definición del modelo de gobernanza de la administración pública con relación al cambio climático y el establecimiento de impuestos como instrumento para actuar contra el cambio climático.
Los artículos impugnados, explica el Gobierno, invaden las competencias que el artículo 149.1 de la Constitución atribuye al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, las bases de régimen minero y energético y legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección.
El recurso de inconstitucionalidad hace expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución, a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos de la ley autonómica objeto de impugnación.
TRANSPORTE DE VIAJEROS
En cuanto al segundo recurso, va dirigido contra el artículo primero de la ley de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, aprobada en agosto pasado, cuya suspensión pide también el Gobierno.
La impugnación se plantea en cuanto el citado artículo vulnera el orden constitucional de distribución de competencias en relación con las atribuidas al Estado en materia de transporte terrestre que transcurra por el territorio de más de una Comunidad Autónoma. También vulnera lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Española y 64 del Estatuto de Autonomía de Cataluña en relación con los decretos leyes, según justifica el Gobierno.
En la medida en que el artículo 1 aborda el establecimiento de reglas relativas a la transmisión de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, señalando en consecuencia normas que determinan el régimen jurídico de las mismas, ha de considerarse que excede el ámbito de las competencias delegadas y, por lo tanto, está invadiendo una competencia que solo corresponde al Estado.
LEY DE COMERCIO, SERVICIOS Y FERIAS
El Consejo de Ministros ha aprobado también recurrir por inconstitucionales varios preceptos de la ley catalana de Comercio, Servicios y Ferias aprobada también en agosto. En concreto, el Ejecutivo se dirige contra los artículos 8.3, 20.6, 36.2.b), 37.1.j) y k), 37.2, 38.5 y .6, 69, 72.1.b), y disposición transitoria primera. Como en los casos anteriores, el Gobierno solicita al TC la suspensión de la norma.
Los artículos impugnados vulneran el orden constitucional, tanto en los aspectos relacionados con los horarios comerciales y la ordenación del comercio interior, como en lo relativo al régimen lingüístico de la actividad comercial y de servicios, según explica el Ejecutivo.
En materia de comercio interior, la Ley catalana resulta controvertida al vulnerar la Ley de Horarios Comerciales y, por otro lado, por incumplir la Ley de Ordenación del Comercio Minorista en materia de promociones comerciales.
RÉGIMEN LINGÜÍSTICO
Sobre el régimen lingüístico, la Ley se impugna por la regulación del régimen lingüístico que regulan el ejercicio de la actividad comercial y la prestación de servicios y las infracciones leves, respectivamente.
De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, no se puede imponer la obligación de uso de cualquiera de las lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, ni establecer régimen sancionador alguno frente a un eventual incumplimiento de unas obligaciones individuales que nunca podrán ser tales. Por ello, el Gobierno estima que los artículos impugnados vulneran la jurisprudencia constitucional y son contrarios al orden constitucional.