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Vídeo de la manifestación del 11 de septiembre en Córdoba
La Secretaría General del Pleno avala la legalidad de la ordenanza del taxi
Un informe respalda que el texto rechazado por la Comisión de la Competencia no contradice la legalidad vigente
«Todos los artículos se ajustan a la normativa vigente y no se aprecia vulneración alguna en materia de defensa de la competencia ni de la unidad de mercado ni de libre prestación de servicios». El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), en el que abogaba por una liberalización del taxi a cuenta de la ordenanza del Ayuntamiento de Córdoba ya tiene contestación. El grupo municipal del Partido Popular, que aprobó el texto durante la etapa de José Antonio Nieto como alcalde, ha pedido un informe a la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba sobre este texto y el resultado es contundente: todo se ajusta a la normativa vigente. Así, recuerda que los servicios de interés general no están incluidos en la directiva europea, que excluye al transporte, según una resolución del propio Parlamento comunitario.
El texto firmado por el secretario general, Valeriano Lavela, encuentra «plenamente justificado y motivado el régimen de autorizaciones y licencias contenidas en la ordenanza», además de la «regulación y reglamentación municipal», puesto que el taxi es «un servicio público impropio», según ha reconocido la jurisprudencia de forma reiterada. Precisamente este jueves terminaba el plazo para que el Ayuntamiento pudiese alegar sobre los 14 puntos de la ordenanza en los que se había detenido la CNMC.
Monopolio y concentración
Es más, el secretario general cree que si se aceptan los criterios de la Comisión Nacional de la Competencia y se desregulara el sector se produciría un efecto contrario, que es el de que haya fenómenos de monopolio y de concentración de la cuota de mercado por parte de sociedades mercantiles concretas. Profesionales de toda España tienen una cita en Córdoba de protesta para el viernes próximo.
Mientras tanto, UGT ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo para solicitar la impugnación de la nueva ordenanza municipal del taxi de Córdoba. La denuncia se centra en los aspectos propios de una organización sindical: condiciones laborales de los trabajadores asalariados, sus derechos y la participación de los agentes sociales y asociaciones de consumidores y usuarios en la organización del servicio público.
CONVOCATORIA DE MANIFESTACION A CELEBRAR EL PRÓXIMO DIA 11 DE SEPTIEMBRE EN CÓRDOBA
FEDETAXI
Organización representativa de los taxistas de España
CONVOCATORIA DE MANIFESTACION A CELEBRAR EL PRÓXIMO DIA 11 DE SEPTIEMBRE EN CÓRDOBA (SALIDA A LAS 10:00 HORAS EN GTA. CIUDAD DE NUREMBERG).
CONTRA LA DESREGULACION DEL SECTOR DEL TAXI Y POR LA SUPERVIVENCIA DE LOS TAXISTAS AUTONOMOS DE TODA ESPAÑA.
CARTA ABIERTA AL SECTOR DEL TAXI
El Sector del Taxi, como servicio público de transporte de viajeros, es un sector de la economía del que participan y viven casi 100.000 familias en toda España y que genera en torno a 4.000 millones de euros anuales de facturación, según nuestras estimaciones, e importantes ingresos a las arcas públicas.
Con una población de 45.000.000 de españoles, existen cerca de 67.000 licencias de taxi de las que el 98,3% son titularidad de trabajadores autónomos, generando así riqueza al conjunto de la sociedad española. Las tarifas del servicio las fijan los ayuntamientos y el servicio se presta con sobre oferta y con unos de los parámetros de calidad y garantías al usuario más altos del mundo.
Lamentablemente, existen muchos intereses de grandes corporaciones para transformar esta realidad y hacer desaparecer la actual estructura del sector hacia un sector en manos de unos pocos operadores que fijen precios y condiciones de trabajo, repartiéndose el mercado y sustituyendo a los actuales autónomos, bien por trabajadores en precario, o en el caso más extremo de Uber, directamente por la economía sumergida. Parece ser,por tanto, que pese a que el Sector (con algunas penosas excepciones) se resiste al control de los grandes capitales,es una pieza demasiado jugosa para que éstos permitanque se quede en manos de profesionales trabajadores autónomos.
El medio para conseguir hacerse con el control del sector es la desregulación legal del taxi, resultando indiferente el color político de turno, pues los intereses corporativos parecen poder con todo.
El primer intento de desregulación fue por vía indirecta en el año 2009 al liberalizar casi por completo el sector del arrendamiento de vehículos con conductor con la Ley Ómnibus. Paradójicamente pese a la sensata oposición de las organizaciones de taxistas a esta Ley, hubo quienes desde el propio sector, la utilizaron de palanca para ahondar en la liberalización de las VTC llegando incluso al Tribunal Supremo para que se anulasen los pocos artículos que sostenían el sistema de protección al taxi y cuya vigencia podía quedar en duda jurídica.
El segundo intento serio de desregulación directa vino por la publicación de la Ley para la Garantía de Unidad de Mercado (LGUM), que pretendía suprimir las licencias de taxi y su numero limitado por la total apertura del mercado, así como la libertad de precios. Nuevamente, gracias a la alerta, trabajo y presión de las organizaciones nacionales se consiguió limitar los efectos de ésta introduciendo una aclaración en su exposición de motivos respecto a su inaplicabilidad parcial al Sector del Taxi. Todo ello en un contexto muy difícil, tras el desgaste que supusieron pocos meses antes las manifestaciones y negociaciones para la aprobación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT),efectuadas con el fin de posibilitar la reversión de la situación creada por la Ley Ómnibus.
El tercer ataque al sector ha sido la pasividad de las distintas administraciones públicas a la aparición de Uber en el sector del transporte urbano de viajeros, presentándose falsamente como abanderado del consumo colaborativo, hasta que por la vía la judicial, y seguidamente política, se ha logrado contener su actividad a la espera de resoluciones judiciales y criterios de la Unión Europea ante lo que es un fenómeno global que sin duda viene a cambiar la realidad de muchos sectores económicos.
En este contexto, aparece un cuarto intento de desregular totalmente el Sector, esta vez por el organismo supervisor-regulador de la Comisión Nacional de los Mercados la Competencia (CNMC), que aparece como un Leviatán ante la debilidad en la que se ha ido paulatinamente dejado a la legislación reguladora del taxi por las normas y sentencias antes citadas; lo que la hace vulnerable (en un ambiente de privatización de todo tipo de servicios públicos) a ser derogadas su reglas básicas por la vía de los Tribunales de Justicia.
Ahora la CNMC, como instrumento de las grandes corporaciones, de los poderosos lobbies económicos y tristemente alentada por denuncias de algunos irresponsables del propio sector que por estulticia atacan a su propio gremio, pretenderá mediante la interposición de un litigio contra las recientemente aprobadas Ordenanzas de Córdoba (similares a las de cualquier otra ciudad de España en lo esencial) que la Audiencia Nacional derogue, por considerar que pueden ser contrarios a los principios de la Unidad de Mercado y Liberalización de Actividades y Servicios:
- Las limitaciones al número de licencias, haciéndolas desaparecer, así como permitir el libre otorgamiento a empresas mercantiles.
- Sustituir a tarifa fija pública del servicio por un sistema de precios máximos, que equivale a precio libre.
- Posibilitar que las licencias de cualquier municipio que sea desregulado carguen pasajeros en cualquier punto de España.
- Que se deroguen pruebas como los exámenes para la cartilla profesional y reglas como la antigüedad máxima de los vehículos.
Para ello ha elegido como laboratorio de ensayos la ciudad de Córdoba, con tan solo 509 licencias, a sabiendas de que resulta así más fácil evitar una respuesta grande de solidaridad y unión del gremio del Taxi.
Dada la preocupante situación en que se encuentra nuestro colectivo y ante la orfandad por la falta de gestos contundentes por parte de las distintas administraciones en claro apoyo al sector del taxi, las organizaciones de taxistas españoles no tienen otra alternativa para impedir la precarización de las condiciones de miles de autónomos y trabajadores del taxi y sus familias que efectuar una nueva convocatoria de movilizaciones, que se iniciarán con la manifestación prevista para el próximo día 11 de septiembre en Córdoba, y a la que es vital que acudan numerosos taxistas de toda España, porque es el futuro de todo el Sector del Taxi de España lo que se está jugando en Córdoba. Si su Ordenanza cae, las demás Ordenanzas del resto del Estado serán anuladas seguida y paulatinamente.
Compañeros taxistas, no tomemos a la ligera este ataque, porque es definitivo, y salgamos todos juntos con una sola voz en defensa del Taxi y los Trabajadores Autónomos que prestamos el servicio.
¡Nos vemos todos en Córdoba!
(Punto de encuentro: Avda. de la Igualdad desde Ciudad de Núremberg con entrada desde Avda. Carlos III, de Córdoba)
MANIFESTACION A LAS 10:00 HORAS DEL PRÓXIMO DIA 11 DE SEPTIEMBRE EN CORDOBA.
¡CONTRA LA DESREGULACION DEL SECTOR DEL TAXI Y POR LA SUPERVIVENCIA DE LOS TAXISTAS AUTONOMOS DE TODA ESPAÑA!
Competencia exige que cada taxi pueda fijar los precios libremente
Un informe demoledor reclama libertad de tarifas, que no haya licencias locales y que pueda haber empresas con flota
Noticia original del 29/08/2015
Imagine que necesita un taxi y que elige al que le cobre menos por la carrera. Al que no tenga bajada de bandera o al que tenga los automóviles más modernos. Pues precisamente ese escenario es el que busca el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en los 14 folios del documento remitido al Ayuntamiento de Córdoba. La aplicación práctica de los criterios pondría del revés la actividad profesional del taxi tal y como se conoce en la ciudad. El Consistorio tiene un mes para anular los artículos señalados o, en su caso, tendrá que enfrentarse a un pleito con Competencia.
Una de las medidas propuestas por Competencia que más han sorprendido en el sector es que se exija poner fin a las tarifas oficiales que aprueba el Ayuntamiento anualmente escuchando al sector. El documento reclama directamente la entrada en vigor de un sistema de libre fijación de precios «fomentando un comportamiento competitivo entre proveedores». En concreto, exige que la ordenanza municipal permita realizar descuentos. Cobrar o no por el tiempo que se tarda en recorrer la ciudad hasta que se recoge el cliente sería cuestión de cada profesional.
La Comisión de la Competencia pone en tela de juicio el actual sistema de licencias locales -que es de uso común- que califica de «injustificado». Así, el dictamen manifiesta que se crean barreras geográficas a la libre actividad económica de forma que, asegura, tendrían que tener un ámbito mayor de forma que un taxista de Zaragoza pudiera operar en Córdoba en pie de igualdad. De hecho, el informe de Competencia propone recortar el poder de las asociaciones gremiales por medio de la anulación de las consultas a las decisiones que le atañen.
Sin licencias máximas
Propone acabar con el sistema de máximos de licencia que en Córdoba se calcula con una ratio de 1,55 vehículos por cada diez mil habitantes. El sector ha defendido a capa y espada este sistema e incluso consiguió que se pudiera modificar en función de la actividad económica. A menos usuarios de taxi, menos vehículos en la calle.
Competencia reconoce que es una práctica habitual establecer «numeros clausus» pero afirma que es una «práctica prohibida». «No cabe vislumbrar una razón imperiosa de interés general en que se fundamente la restricción de una actividad económica», afirma el dictamen, en razones de orden público, seguridad o salud de los consimidores.
El dictamen exige que se prohíba la obligatoriedad de que la licencia sea para una persona física o una cooperativa de autónomos. Lo que viene a decir es que se deben poder crear empresas de taxis, que tengan flotas para cubrir este servicio. El artículo de la ordenanza reproduce el decreto andaluz que, a su vez, tuvo un dictamen negativo del Consejo autonómico de la Competencia.
Permisos sin valor económico
Le reclama, a su vez, que acabe con la norma de que el titular de la licencia tenga que ser conductor. Competencia no entiende por qué alguien no puede tener una empresa de taxis o un solo vehículo y dedicarse, además, a otras actividades económicas. Por último reclama que se elimine todo valor patrimonial de una licencia, que considera «ficticio». Es decir, que no pueda ser alquilada o vendida gracias a la regulación que el propio Ayuntamiento establece. En definitiva, que quien quiera y cumpla las condiciones pueda convertir su automóvil en un servicio de taxi y dedicarse a llevar clientes.
Competencia le dice al Ayuntamiento de Córdoba que establecer requisitos de calidad en el propio servicio no tienen justificación más allá de establecer unos mínimos. Reclama que se anule el artículo que dice que el poseedor de una licencia tiene que ser alguien que ha sido antes conductor durante un tiempo determinado. Exige que no exista un carné municipal habilitante para los profesionales o que se no se tengan en cuenta los cursos gremiales. Por último, considera exagerado que los coches de nuevas licencias no puedan tener más de dos años.
En resumen, se trata de una enmienda a la totalidad de un sistema, que no se quedaría en Córdoba. En todas las ciudades españolas se aplican parecidos criterios y la actividad del taxi se regula más o menos de la misma forma. Si se aplica en la ciudad por orden del Tribunal de la Competencia, el mismo criterio se tendría que aplicar en todas las ciudades y cambiaría así radicalmente la realidad de la profesión.
Fuente: sevilla.abc.es