Paralizada la concesión de 35 licencias para Uber o Cabify en Córdoba

La Junta asegura que ha suspendido las autorizaciones para equilibrar el sector del taxi, previo informe municipal

CORDÓPOLIS

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Taxis de Córdoba
Taxis de Córdoba

La Junta de Andalucía lleva paralizadas cerca de 1.000 solicitudes, en concreto 992 peticiones, de autorizaciones para vehículos de transporte concertado VTC, en aras de “equilibrar la proporción entre estos vehículos y los taxis”, para lo cual ha ido requiriendo informes a los ayuntamientos, que debían ser denegatorios, una vez recibidas las sentencias favorables a otorgar más licencias de VTC. En concreto, en Córdoba son 35 las licencias paralizadas. Este tipo de autorizaciones son las que usa Uber o Cabify para operar.

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha explicado a Europa Press que la Junta parte de la premisa y del compromiso adoptado en las reuniones con los taxistas de “ir tomando decisiones que fueran acercando la proporción que dice la ley y que hoy está rota por el agujero y ventana legal que había a falta de una reglamentación”.

Leaderboard Header Primera – Periódica Hammam – Hammam Al-Andalus

Ha apuntado que las decisiones administrativas de la Junta están inspiradas en el hecho de considerar que “se había traspasado el umbral de proporción del 1/30 –un vehículo VTC por cada 30 licencias de taxis–“, pero ha apuntado que “en los tribunales se interpretaba que no, al no estar en vigor la nueva norma”, por lo que los tribunales “merced al agujero legal”, han ido dando la razón a las empresas de VTC y aceptando vía sentencias la autorización de más licencias.

“La conclusión es que, en cumplimiento de las sentencias estimatorias, la administración automáticamente había concedido las licencias, hasta ahora”, ha explicado López.

No obstante, ha indicado que la Junta “en el ámbito de sus capacidades ha actuado para acercarse a la realidad práctica”, de manera que “se debe buscar la manera para que convivan de forma armoniosa los dos subsectores”.

Felipe López ha explicado que la Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto en marcha una serie de medidas para alcanzar un equilibrio entre taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC), entre las que se encuentra la denegación de nuevas autorizaciones de VTC si los ayuntamientos estiman que son necesarias.

En ese sentido, ha explicado que la Junta “ha cambiado el automatismo” ante las sentencias judiciales dictadas que llevaban a retrotraer el expediente y finalmente autorizarlo. “Antes aceptábamos el pronunciamiento de los tribunales y autorizábamos las licencias, pero ahora estamos actuando de una manera que permite cumplir las sentencias pero nos permite regular las autorizaciones de VTC”, ha añadido.

Así, según ha referido, la Junta puede “en base a una disposición de la propia norma”, solicitar un informe municipal, una vez que se haya dictado una sentencia estimatoria de las peticiones de licencias de las VTC, y no “estar en un mero automatismo de aceptar la sentencia”.

La Junta pregunta de esta forma a cada ayuntamiento “si entiende que esta petición es razonable para que le sea concedida y otorgada la licencia, y si el ayuntamiento dice que no, entonces estamos denegando esas peticiones de autorizaciones de VTC”, pero todo ello tras las sentencias estimatorias a favor de las VTC que se vayan produciendo.

La Junta ha decidido solicitar informe municipal a los ayuntamientos para resolver las solicitudes de autorizaciones de VTC, ya que “son las administraciones locales quienes están más cercanas a la realidad del municipio y quienes deben expresar su parecer al respecto”. En caso de que tal informe resultara negativo, la Consejería denegará las autorizaciones de VTC.

Datos por provincias

En concreto, se han paralizado la concesión de 44 autorizaciones de licencias para VTC en Almería –una vez dictadas sentencias estimatorias–; diez en Algeciras (Cádiz); 35 en Córdoba; 35 en Granada; 366 licencias paralizadas en Málaga– a las que se sumarán otras 497 pendientes de sentencia que se prevé que tengan el mismo camino, según el consejero–; y diez en Sevilla.

El consejero ha explicado que en la mayor parte de los casos se han denegado o se van a denegar tras recibir informes municipales negativos. El consejero ha precisado que estas decisiones administrativas pueden ser recurridas por los peticionarios “pero éstos no podrán invocar que hemos denegado las licencias invocando la proporción 1/30, que según los tribunales no estaba en vigor en los años 2010, 2011, 2012 y 2013”.

“Nosotros hemos cumplido las sentencias, y la paralización y denegación se está efectuando en base a ese proceso, otra interpretación contenida en la norma, de que los ayuntamientos pueden emitir un informe sobre la pertinencia o no de que haya más licencias de vehículos VTC; nosotros estamos consultando a los ayuntamientos y, teniendo en cuenta su opinión, decimos que no, pero no hemos traspasado el 1/30”.

El consejero considera que aparte de esas medidas tomadas por la Consejería, “el Gobierno central debe tomar medidas en el ámbito de su responsabilidad para ir a la proporción 1/30”.

“Todas las que nos están llegando las trasladamos al ayuntamiento, que toma una posición y por el momento prácticamente todos han sido pronunciamientos desfavorables”, ha aseverado López, quien ha resaltado que “los ayuntamientos están siendo receptivos”.

“Está dentro de nuestra responsabilidad de cumplir con los compromisos”, ha aseverado López, quien ha rechazado la petición de los taxistas a Junta y ayuntamientos que regulen una licencia para VTC en el ámbito urbano, como en Madrid o Barcelona, toda vez que el consejero considera que “se trata de legislación básica del Estado, por lo que crear esa nueva licencia supondría crear VTC andaluzas”.

“Reglamentar desde aquí sería añadirle otro problema al que ya existe, pues sería una autorización de VTC de ámbito andaluz, y esa frontera no la podemos traspasar”, ha añadido el consejero, quien ha valorado que el Gobierno haya aceptado el planteamiento de la Junta de que el registro telemático sea de ámbito nacional, “pues no sería operativo hacerlo sólo en algunas comunidades autónomas”

Publicado por Cordopolis.

Los ayuntamientos podrán limitar la actividad de Uber y Cabify en Balears.

El Govern incluirá en la Ley de Transportes la exigencia de una licencia municipal para que los vehículos de alquiler con chófer puedan prestar servicios urbanos – La Conselleria trabajará contrarreloj para afrontar la entrada de nuevos coches VTC

F. Guijarro Palma 28.12.2017 | 08:43

Imagen de una asamblea de taxistas para tratar la creación de su empresa de VTC.

Imagen de una asamblea de taxistas para tratar la creación de su empresa de VTC. G. Bosch

Los ayuntamientos van a tener la capacidad delimitar la actividad que puedan desarrollar las plataformas Uber, Cabify y similares en Balears. El Govern ha decidido introducir en la Ley autonómica de Transportes la exigencia de contar con unalicencia municipal para aquellos vehículos de alquiler con conductor (VTC) que pretendan prestar servicios urbanos, es decir, los trayectos que se desarrollan dentro de una misma población, de forma que en este aspecto queden equiparados a los taxis.

El director general de Transportes, Jaume Mateu, destaca que el objetivo es que esta medida pueda entrar en vigor antes de que concluya la tramitación de 960 autorizaciones de VTC en Balears, que inicialmente fueron denegadas pero que una sentencia del Tribunal Supremo ha obligado a reiniciar. Es decir, se va a trabajar ‘contrarreloj’ para que esta reforma en la citada ley pueda aplicarse durante el próximo año.

La decisión de la conselleria de Movilidad es simple. Si un vehículo de alquiler con conductor mantiene la forma de trabajar clásica que se ha desarrollado hasta ahora en las islas (como la contratación por parte de un tour operador para que desde Calvià o Alcúdia acuda al aeropuerto a recoger a un cliente), podrá trabajar sin ningún tipo de obstáculo si dispone del permiso autonómico. Pero si lo que hace es prestar un servicio urbano, en el que no sale del municipio (como ejemplo, recoger a un cliente en la Plaza de Cort para llevarlo a Son Espases), deberá contar para ello también con una autorización de su ayuntamiento. Es decir, si desarrolla una labor idéntica a la de un taxi, deberá disponer de una licencia similar a la que necesita este último. Y será decisión de cada Consistorio fijar el número de este tipo de autorizaciones que está dispuesto a dar. O si no quiere otorgar ninguna, una posibilidad en absoluto descartable bajo el argumento de que se trata de un servicio que ya está cubierto por el taxi.

Relevancia para Balears

Esta iniciativa tiene una especial relevancia en estos momentos. En Balears hay actualmente algo más de 200 automóviles con autorización autonómica para poder operar como coches de alquiler con conductor. El problema radica en que esta cifra se puede multiplicar durante los próximos meses, lo que está generando importantes tensiones en el seno del sector del taxi.

La empresa Ares Capital está tramitando 260 nuevas licencias de VTC en las islas (inicialmente se le fueron denegadas pero el Supremo ha obligado al Govern a reiniciar el procedimiento), y lo habitual es que, de conseguirlos, ceda estos permisos a plataformas como Uber y Cabify. Para equilibrar este posible aumento de la competencia, la Federación Independiente del Taxi de Balears (Fitib) está tramitando a su vez otras 700 a través de su empresa Balear de Servicios Discrecionales. Eso puede suponer la entrada en el mercado de casi mil nuevos coches de alquiler con chófer en las islas, con un tipo de actividad que podría ser similar a la de los taxistas. El riesgo de una guerra entre sectores resulta evidente.

Es por ello que el Govern va a intentar que la necesidad de la citada licencia municipal entre en vigor antes de que se complete la tramitación de esos más de 900 nuevos permisos para VTC, lo que conllevaría limitar de forma considerable su posible actuación (descartaría que los coches pudieran desarrollar servicios urbanos, recortando de forma drástica su rentabilidad). Pero el director general de Transportes no oculta que los plazos para llegar a tiempo están muy ajustados, de ahí la pretensión de que la reforma de la Ley de Transportes se complete antes de que concluya la próxima temporada turística.

Apoyo de taxistas y Cort

La medida prevista por el Govern fue reclamada el pasado día 21 por el Pleno del Ayuntamiento de Palma, y además con el apoyo de todos los grupos políticos, con una intervención a favor de la misma del presidente de la asociación de taxistas de CAEB, Antoni Bauzá.

Hay que tener en cuenta que por su tamaño y población, este municipio será previsiblemente el que va a registrar el mayor número de peticiones de las nuevas licencias que la conselleria de Territorio pretende exigir y, consecuentemente, en el que más tensiones se pueden registrar entre los VTC y los taxitas.

El nerviosismo de estos últimos se entiende no solo por el riesgo de que Uber y Cabify entren en las islas de la mano de las licencias que tramita la empresa Ares Capital. Según reconoce Jaume Mateu, una de las infracciones habituales detectadas durante el pasado verano en la campaña de inspección desarrollada por esta Conselleria ha sido el desembarco de VTC llegados de la península por un tiempo superior al permitido por la ley (no pueden trabajar más de un 20% de su tiempo fuera de su comunidad autónoma).

Eso explica que durante los días 17, 18 y 19 de enero los taxistas isleños vayan a votar la creación de su propia empresa de VTC, gracias a las 700 autorizaciones que están tramitando, para así competir (y “ahogar”) con Uber y Cabify en el caso de que éstas se implanten finalmente en el archipiélago.

Publicado por el diario de Mallorca.

Europa desmonta la patraña de Uber.

Europa desmonta la patraña de Uber

22.12.2017 | 08:32

Europa desmonta la patraña de Uber

La patraña de la economía colaborativa se ha inflado hasta el extremo de que se necesitan decenas de sentencias y centenares de abogados, para sentenciar que la empresa de transportes Uber es una «empresa de transportes» y no solo una ONG que explota a sus empleados en condiciones tercermundistas.

La superchería de la bondad intrínseca de cualquier iniciativa fabricada digitalmente procede de los militantes en las sectas sociales, a veces llamadas redes. En su ignorancia radical, trabajan gratuitamente para gigantescas compañías, bajo la coartada de que alimentan su vanidad.

Además, los adictos a la religión depredadora GAFA –Google, Amazon, Facebook, Apple– transpiran un instinto de superioridad casi sobrenatural. Sienten el soplo del espíritu, mientras acatan una supremacía que no tiene nada que envidiar a los robber barons de un siglo atrás, por citar una expresión de traducción superflua.

Una vez que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha situado el fenómeno en su dimensión estrictamente económica, los espiritistas que no espiritualistas de las sectas sociales harán bien en repasar el rosario de accionistas de Uber. Allí encontrarán bancos como Morgan Stanley o Goldman Sachs, que siempre se han distinguido por su visión solidaria. También han aportado miles de millones de euros los fondos soberanos de Arabia Saudí y China, cuyo compromiso con los derechos humanos es la envidia del planeta.

Pasando del telescopio al microscopio, la asamblea de los taxistas demuestra que no aspiran a liquidar Uber, sino a sustituirla. De nuevo, se trata de copar la actividad con licencias limitadas, en contra de los principios de libre competencia que animan a la UE. Si al lado de un bar se puede abrir otro bar sin que el anterior tenga derecho a protestar, no existe impedimento para que se pueda obrar de igual manera con todo tipo de comercio o de transporte. De hecho, así predica Bruselas, pero aquí Madrid no invoca a Europa con el mismo énfasis que en la crisis catalana. Se desobedece la ley, y listos.

Publicado por la opinión.

Los taxistas rechazan convocar una huelga indefinida

Los taxistas rechazan convocar una huelga indefinida

Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, sostiene que «el usuario no debe pagar la desidia de las Administraciones»

 

El sector del taxi descarta, por el momento, convocar una huelga indefinida. Así lo ha confirmado Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid y de la Asociación Nacional del Taxi tras la asamblea que ha celebrado este lunes el gremio. «El usuario no debe pagar la desidia de las Administraciones», ha afirmado Sanz.

Tras los paros realizados el pasado 29 de noviembre, los taxistas plantearon la opción de convocar este lunes una huelga indefinida. Esta medida ha sido descartada por el momento, aunque la Federación Profesional del Taxi sí ha planteado «realizar otras formas de protesta», como concentraciones frente a la sede de Ministerios y otras instituciones.

La razón de esta «tregua», según Sanz, es que debe haber un consenso entre todas las organizaciones del sector para tomar una medida tan drástica como una huelga indefinida. La Federación, por tanto, se reunirá con otras asociaciones –como Fedetaxi, la patronal del sector– antes de llevar a cabo nuevas movilizaciones. «No es el planteamiento del taxi convocar huelgas», ha insistido Sanz.

Las movilizaciones del gremio se producen debido a la distorsión producida entre licencias vehículo con conductor (VTC, con las que operan Uber y Cabify) y las de taxi. Según los taxistas, la ley establece un ratio de una VTC por cada treinta taxis cuando en la práctica existe un ratio cercano al 1:7. Esta relación puede verse aún más comprometida, ya que los tribunales están concediendo nuevas VTC por un vacío legal. Hace escasas semanas, el Supremo autorizó la transmisión de 80 nuevas autorizaciones.

La semana pasada, Fomento admitió esta distorsión, pero recordó que este hecho se debe a autorizaciones procedentes de los juzgados. Además, el Ministerio reiteró que está preparando un real decreto para limitar la tramsmisión de licencias VTC a dos años después de su obtención. El sector del taxi asegura sin embargo que estas autorizaciones deben ser «intransferibles».

 

Se ha anunciado la firma de un decreto para implantar un licencia urbana que permita, en el ámbito de la AMB, limitar el uso de las VTCs a la proporción 1/30.

Se pone en marcha la licencia urbana en la AMB

4 de diciembre de 2017

Comunicado de ATC

 

Esta mañana se ha realizado la reunión, convocada por el propio Ayuntamiento, de las asociaciones del sector con Ada Colau.

Posteriormente, la sra.Colau -como alcadesa de Barcelona y presidenta de la AMB- junto con la sra. Mercedes Vidal, ha convocado una rueda de prensa en la que se ha anunciado la firma de un decreto para implantar un licencia urbana que permita, en el ámbito de la AMB, limitar el uso de las VTCs a la proporción 1/30.

Teniendo en cuenta los plazos previstos, esta licencia estaría operativa en marzo 2018 y afectaría a todas las autorizaciones (las pendientes y las ya concedidas).

Es pronto, todavía, para “lanzar las campanas al vuelo”, pero creemos que es una muy buena noticia y que se podría aplicar en todos los municipios del estado español.

Desde ATC y Antaxi (que en su día ya presentamos un estudio jurídico, facilitado por Gabriel Moragues presidente de la Asociación Independiente de las Islas Baleares, que avalaba esa posibilidad) apostamos por luchar en todos los frentes y conseguir que la ciudad de BCN y la AMB hiciese suyo el tema de la licencia urbana (como una forma de que las autoridades municipales asuman sus competencias en cuanto a la aplicación del 1/30 en el ámbito metropolitano) ha sido siempre uno de nuestros objetivos.

Nos felicitamos y, sobre todo, felicitamos al sector y a tod@s nuestr@s compañer@s que están cada día al pie del cañón. También al resto organizaciones: nos toca ahora no bajar la guardia y actuar con decisión, responsabilidad y la máxima unidad posible

¡¡¡Juntos podemos!!!

SE CONVOCA A LOS TAXISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA A LA MANIFESTACIÓN DE MADRID EL PRÓXIMO DÍA 29 DE NOVIEMBRE PARA LUCHAR CONTRA LA LIBERALIZACIÓN DE LAS VTC

SE CONVOCA A LOS TAXISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA A LA MANIFESTACIÓN DE MADRID EL PRÓXIMO DÍA 29 DE NOVIEMBRE PARA LUCHAR CONTRA LA LIBERALIZACIÓN DE LAS VTC

  • Se hará un paro de 20 horas del Servicio de Taxi en toda la Comunidad Valenciana, con servicios mínimos hospitalarios gratuitos.
  • Se ocuparán las paradas de Taxi de Estaciones y Aeropuertos durante las 20 horas que dure el paro.

 

Las Organizaciones de Taxistas de toda España han convocado una manifestación en Madrid el próximo día 29 de Noviembre para exigir al Gobierno de España que se solucione la situación insostenible creada por la liberalización de VTC.

Hoy, día 21 de Noviembre se han reunido todas las Asociaciones Representativas de la Comunidad Valenciana con los siguientes acuerdos:

  • Apoyar desde la Unidad del sector las movilizaciones previstas para el próximo día 29 de Noviembre en Madrid.
  • Convocar a todos los taxistas de la Comunidad Valenciana a ir con nuestros Taxis para demostrar que el taxi de toda España está unido.
  • Convocar un paro absoluto de 20 horas en toda la Comunidad Valenciana desde las 6:00 horas del día 29 hasta las 2:00 horas del día 30.

 

COMPAÑERO TAXISTA, EL PROXIMO DIA 29 DE NOVIEMBRE ESTA EN JUEGO TU FUTURO Y NO PUEDES FALTAR

 

HAY MOTIVOS SUFICIENTES PARA DECIR ¡BASTA YA!

SI QUIERES PARAR LA LIBERALIZACION DEL SECTOR VENTE A MADRID

EL TAXI UNIDO PARA DEFENDER EL SERVICIO PUBLICO

EL TAXI UNIDO QUE CON SUS IMPUESTOS MANTIENE AL PAIS

EL TAXI UNIDO PARA DEFENDER AL USUARIO

 

O CUMPLEN SUS PROMESAS O

LA CREMÀ SERÁ EL 29 N EN MADRID

Andalucía denegará VTCs si los ayuntamientos no las ven necesarias

Artículo original: gacetadeltaxi.com

El consejero de Fomento y Vivienda , Felipe López, ha informado al Parlamento andaluz de la intención de la Junta de denegar nuevas autorizaciones de VTC “si los ayuntamientos estiman que no son necesarias”.

Esta es una de las medidas a adoptar por el Gobierno andaluz para alcanzar un equilibrio entre taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC). López ha señalado que los esfuerzos de su Consejería “se concentrarán en reducir el riesgo de graves desequilibrios en la ordenación del sector de transporte de viajeros en vehículos turismo”.

Por ello han solicitado a los ayuntamientos un informe municipal para resolver las solicitudes de autorizaciones de VTC, ya que “son las administraciones locales quienes están más cercanas a la realidad del municipio y quienes deben expresar su parecer al respecto”. En caso de que tal informe resultara negativo, ha explicado, la Consejería denegará las autorizaciones de VTC.

López ha advertido de que la situación actual, con una proporción 1/10 en vez de 1/19 como era en 2014, puede ser aún más compleja una vez que los juzgados resuelvan todos los procedimientos pendientes de aquellas VTC que solicitaron ejercer la actividad hasta 2015. ”Ahora -tras sentencias estimatorias- la Consejería se ve obligada a valorar de nuevo las solicitudes, punto en el que hemos acordado introducir el informe municipal sobre la conveniencia de autorizar más VTC”, ha aclarado el consejero.

Refuerzo en el control

Asimismo, la Consejería se ha comprometido a reforzar la labor de control de esta actividad a través del Plan Coordinado de Inspección del Transporte de Andalucía con medidas que permitan mejorar la eficacia con los ayuntamientos y la Policía Local para intensificar la labor inspectora en los núcleos urbanos.

Eso sí, desde la Junta se pide al Ministerio de Fomento que adopte cambios, como la exigencia de desarrollo efectivo de la actividad en un plazo de tres meses y la recuperación del requisito del número mínimo de conductores, “de tal manera que se garantice la existencia de una verdadera actividad de transporte”. Ambas reivindicaciones, ha asegurado López, fueron expuestas por el Gobierno andaluz en el último encuentro mantenido con el Ministerio el pasado 12 de septiembre.

Las meteduras de pata de Cabify en su comunicación del caso Mara Fernanda

Cabify se adelantó a los resultados de la investigación de la Fiscalía y confirmó que Mara Fernanda sí que llegó a su destino. Uno de sus mayores desatinos en el seguimiento de la desaparición de la joven mexicana.

Las meteduras de pata de Cabify en su comunicación del caso Mara Fernanda
@Cabify_Mexico

La fatídica noticia no tardó en confirmarse ante los medios. Mara Fernanda Castilla había sido encontrada muerta el viernes 15 de septiembre después de haber desaparecido durante un trayecto en Cabify el 8 de septiembre. Todos los indicios apuntaban al propio conductor de la tecnológica, puesto que las cámaras de seguridad revelaban que si bien el trayecto había concluido a ojos de la aplicación, la chica nunca llegó a bajarse del vehículo.

Un día después de haber encontrado el cuerpo de la joven, la Fiscalía comunicó que tras el análisis forense se confirmó el hecho de que Mara Fernanda había fallecido por estrangulamiento y golpes severos tras sufrir abusos sexuales. Los últimos datos apuntan a que el chofer podría ser condenado a 85 años: 60 por el delito de feminicidio, 20 por violación y 5 más por privación ilegal de la libertad.

Inmediatamente, organizaciones contra el maltrato a la mujer bajo los lemas #YoSoyMara y #TodasSomosMara han organizaron una serie de protestas en Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Nuevo León y Guadalajara. Las primeras de ellas celebradas durante el domingo 17 y el resto previstas para el lunes 18 con el objetivo de frenar toda una serie de asesinatos contra mujeres.

Foto: El Universal

Cabify no da la talla

Hasta ahora Cabify, empresa original de España y competidora directa de Uber en algunas de sus geografías, había conseguido esquivar la cuestión de la seguridad en el uso de su aplicación. Al contrario que Uber que ha estado en el punto de mira en varias ocasiones por casos de abuso a usuarias, resueltos muchos de ellos en condenas de cárcel contra conductores por estas cuestiones, especialmente en México. La cuestión es que esta novedad para Cabify ha pasado factura a la compañía, que ha sido altamente criticada por algunos de sus comentarios y el trato de la información referente al fallecimiento de Mara Fernanda.

Las bases legales de Cabify explican que “el usuario exonera a Maxi Mobility (Cabify) de cualquier responsabilidad derivada del servicio de transporte prestado por los terceros transportistas”. O lo que es lo mismo, de cualquier responsabilidad respecto a lo que sus conductores puedan hacer.

En este sentido, esta fue la primera respuesta que la tecnológica esgrimió para atender a las demandas públicas que se les amontonaban. Cientos de usuarios, a través de las redes sociales, solicitaron a Cabify que diese una respuesta ante las contradicciones que se presentaban en el caso. Por un lado, en el primer comunicado oficial de la compañía ante los medios explicada que Cabify había mantenido comunicación con el socio que brindó el servicio, quien la noche del 9 de septiembre rindió su declaración de hechos de manera voluntaria ante el Ministerio Público”. Horas después, Cabify añadió que su colaboración con la Fiscalía se había completado incluyendo detalles sobre el viaje y otros datos adicionales que, por motivos de seguridad, no podían ser compartidos con los medios de comunicación. Pero no era suficiente, ya que el tono usado en las redes sociales por la compañía tenía todos los tintes de no asumir responsabilidad.

Ósea que saben que el chofer la dejo en su casa ?los videos de seguridad muestran otra cosa @Cabify_Mexico

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Por qué @Cabify_Mexico miente a sus usuarios sobre la desaparición de  y después borra sus respuestas 

La opinión pública se les echó encima ante lo que parecía una primera defensa a la posición del conductor de la compañía por encima de lo sucedido. La primera respuesta de Cabify ante los medios fue que, en efecto, Mara había terminado su trayecto; lo cual alejaba a la compañía de las causas del asesinato. Pero no había pruebas para afirmar esta cuestión que, de hecho, se vio negada cuando las cámaras de seguridad revelaron que Mara no llegó a su destino. De hecho, algunos usuarios confirmaron que tras responderles sobre la desaparición de Mara, la posición de la tecnológica fue la de afirmar que la joven había llegado a su destino.

A la lista de desatinos se sumó la cuestión de que Cabify, según su comunicado, verifica la identidad de sus conductores para mejorar la seguridad de la compañía, además de realizar exámenes de tóxicos y antecedentes. La realidad es que el conductor acusado de asesinato tenía malos antecedentes como conductor en Uber y las direcciones entregadas a Cabify para su identificación eran falsas.

Una mala estrategia de comunicación sobre un grave suceso que ha pillado por sorpresa a Cabify.

Uber y Cabify: las CC.AA. decidirán si crean un registro de actividad de VTC

Es la propuesta del ministerio de Fomento, que acaba de enviar a las distintas partes interesadas.

El Gobierno dejará en manos de las Comunidades Autónomas la creación de un registro de actividad de viajes de los coches de alquiler con conductor (VTC). Así se recoge en el Real Decreto que prepara para regular el sector, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El documento señala que las Autonomías que “por delegación del Estado hubieran asumido las competencias en materia de autorizaciones […] podrán hacer que los titulares de esas autorizaciones les comuniquen, antes de su inicio, la prestación de cualquier servicio que haya de desarrollarse íntegramente en su territorio”.

Se trata de uno de los dos puntos esenciales del Real Decreto que ha sido remitido esta misma mañana a las partes. La parte justificativa del documento reconoce que se ha detectado “un fuerte movimiento especulativo que convierte las autorizaciones (de VTC) en objeto de comercio tan pronto son expedidas por la Administración”.

Para poner fin a estas prácticas, el texto señala que las licencias “no podrán ser transmitidas hasta que hayan transcurrido dos años desde su expedición original”; excepto en “supuestos de transmisión por jubilación; incapacidad física o legal del titular; o en favor de los herederos en caso de muerte”.

De este modo, el Gobierno pone encima de la mesa su postura en torno a la guerra que mantiene el sector del taxi con las plataformas de VTC como UberCabify. Los implicados han rechazado dar opiniones sobre el contenido hasta que terminen el análisis.

Se mantiene la cuota

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Fedetaxi considera “insuficiente” el contenido del Real Decreto. En primer lugar porque su intención era conseguir que la transmisión de licencias se prohibiera durante -al menos- cinco años. 

De hecho, los representantes del sector trasladarán su inquietud sobre estas normas a Fomento en las próximas semanas a través de los distintos órganos de consulta en donde están representados.

Por último, el reglamento que prepara el Ejecutivo contempla que los coches de VTC tengan que cumplir “con las condiciones técnicas” que se recogen en la Ley de Transportes. En ella, además, se mantiene el ratio de 1 VTC por cada 30 de taxis.

El ‘lado oscuro’ de Cabify

Más de 10 horas de trabajo, sueldos que algunos meses apenas rozan los 800 euros, despidos sin previo aviso… varios trabajadores de Cabify, y otros que han dejado de serlo, denuncian a Madridiario las condiciones de empleo que exigen varias de las empresas que operan bajo el ‘paraguas’ de la compañía líder del mercado de VTCs.

En 2011, Juan de Antonio creaba una startup española que, seis años más tarde, domina el negocio de los VTC en España. El objetivo era ofrecer vehículos con conductor “que no fueran taxis” para hacer disfrutar al usuario de una experiencia “única”. Así nació Cabify.

Con un logo que representa “el cariño” que la empresa pone en cada servicio que realiza, la compañía se ha hecho un hueco en un mercado difícil que cuenta con una competencia feroz por parte de Uber y de los taxis.

La receta de su éxito radica en el servicio que prestan sus conductores. Una botella de agua, elección libre de músicaventanas tintadas, precio fijo y un servicio -normalmente- más barato que el prestado por los taxistas son atractivos que cada día reclaman más usuarios y que tienen un precio que no pagan ellos. Esa tarifa va a cargo de los trabajadores, que repiten un mantra común: “Mataríamos por ser taxistas y por tener sus condiciones”.

Así de sinceros se muestran varios conductores con los que Madridiario ha contactado para desvelar las condiciones bajo las que desarrollan su actividad. Las principales quejas se concentran en tres ámbitos: horas trabajadas, sueldo y precariedad.

J.L., uno de los extrabajadores de la empresa que no quiere facilitar su nombre completo, explica que “en teoría” se firman ocho horas pero que son un total de 10 y media las que deben estar de servicio. “Nosotros tenemos que tener la aplicación abierta durante, al menos, 12 horas, a las que hay que restarle un descanso de 90 minutos”, declara. Completando este tiempo, las empresas que les contratan -a través de las que Cabify oferta su servicio- también les marcan un mínimo de facturación: 3.000 euros.

En este punto, si alcanzan esa cifra, Cabify se queda un porcentaje (19 por ciento). El dinero restante se reparte entre el trabajador (43 por ciento) y la empresa ‘subcontratada’ (57 por ciento). Si la facturación no alcanza tal nivel, el sueldo del trabajador queda reducido a 800 euros. Además, que no cumplan con este objetivo “debilita”, según los trabajadores, su posición, pues cada semana se producen despidos “masivos”, en los que se vieron afectados tanto J.L. como F.M., otro de los conductores consultados. El motivo fue su “lentitud”, algo que ponen en entredicho ya que, según sus cálculos, “estaban cumpliendo con los mínimos”.

Otra queja recurrente es la forma en la que les despidieron, con un mal trato incluido por parte de sus superiores. “A mí me echaron sin aviso previo. Un día iba a comenzar mi jornada laboral y no me funcionaba la aplicación. Llamé a mi jefe y me dijo que ya no contaba conmigo. No hacía falta que me avisara con antelación porque estaba en la fase de prueba estipulada en mi contrato y no lo hizo”, cuenta uno de ellos.

Por su parte, fuentes de Cabify se desvinculan totalmente de estas acusaciones. La compañía se escuda en su forma de negocio, que sigue un modelo de “agencia de viajes”: no cuenta ni con vehículos propios ni con licencias, sino que “proporciona servicios de terceros a los usuarios a través de la aplicación”.

De esta forma, niega que exijan una facturación mínima, que marquen un horario y que tengan una relación con los empleados que vaya más allá “de la prestación del servicio en cada momento”. Cualquier otro tipo de relación se canaliza a través de sus empresas, que están sometidas a un control de su actividad. También se exige que cumplan la normativa fiscal, laboral y de transportes, auditándose periódicamente dicho cumplimiento, explican.

Nota: los trabajadores consultados por Madridiario son empleados de empresas que cuentan con licencias VTC y que prestan servicio a través de la app en nombre de la compañía. Esto no quiere decir que todos los trabajadores de Cabify cuenten con estas condiciones, pues pueden variar según la empresa que les contrate o su condición de autónomos.

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