El Gobierno avala que los funcionarios usen Uber y Cabify en sus traslados y no sólo taxis

La Intervención del Estado aclara, tras una consulta de la Seguridad Social, que los empleados públicos deberán contar con un permiso expreso de un jefe para viajes con VTC.

Un usuario con la app de Uber en su smartphone.

La dura competencia entre los taxistas y los coches con licencia VTC, los que usan plataformas como Uber o Cabify, sigue extendiendo sus frentes. Tras la batalla por la proliferación de nuevas legislaciones restrictivas para la expansión del negocio del alquiler de vehículos con conductor (VTC), el Gobierno avala ahora que los funcionarios utilicen Uber o Cabify en sus traslados por motivos de trabajo.

La Intervención General del Estado (IGAE), adscrita al Ministerio de Hacienda, ha confirmado oficialmente que los empleados públicos puedan utilizar coches con licencia VTC y pasar gastos para que les sean devueltos en sus desplazamientos por motivos de trabajo, una fórmula para la que se utilizan hasta ahora los taxis de manera mayoritaria.

Hacienda avala el uso de Uber y Cabify en la respuesta que da la Intervención del Estado a una consulta de la Seguridad Social sobre la utilización de este transporte alternativo por parte de los empleados públicos y en la que se solicitaba aclaración sobre cómo se debían justificar los gastos en caso de coger un VTC.

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De hecho, la propia Intervención General del Estado confirma en su respuesta, a la que ha tenido acceso El Independiente, que en la legislación vigente al respecto ya se recoge la posibilidad de utilizar taxis y vehículos de alquiler con y sin conductor para desplazamientos de trabajo.

Pero la legislación vigente, un real decreto de 2002, no recoge una mención expresa acerca de los VTC ya que se redactó en un momento en que su uso no era tan generalizado como en la actualidad ya que no existían las plataformas online que han popularizado el servicio.

La Intervención del Estado también llama la atención sobre el hecho de que en la última resolución con instrucciones sobre comisiones de servicio, elaborada conjuntamente en 2012 por la Secretaría de Estado de Función pública y por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, tampoco recogía ninguna una mención explícitamente a los vehículos VTC.

Es esta falta de referencia expresa al uso de compañías como Uber o Cabify la que ha provocado las dudas sobre si su uso estaba permitido para los empleados públicos. Fuentes de Hacienda aseguran que en ciertos ámbitos de la Administración ya se están utilizando VTC de manera común. Pero que su uso estaba permitido, a la vista de la consulta formal realizada por la Seguridad Social, es algo que no todo el sector público tiene tan claro.

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En todos los casos, tanto para el taxi como para las VTC, hace falta la autorización expresa de un superior para poder utilizarlo. Pero la Dirección General de Costes de Personal de la IGAE considera que el uso de Uber o Cabify debe tener un carácter aún más excepcional, ya que no cuentan con tarifas oficiales fijas sino que el precio se establece libremente en función de la demanda del momento.

¿Qué dice la ley?

La normativa actual establece que los funcionarios deben utilizar de manera prioritaria los servicios de transporte regulares. Sin embargo, contempla que de forma excepcional y previa autorización, se pueda, si el coste es menor o si no hay otra opción, utilizar el vehículo propio del funcionario, un taxi o un vehículo de alquiler con o sin conductor. La IGAE subraya que en la normativa actual sólo se refiere a los taxis, y no a otras opciones de transporte, para realizar traslados desde aeropuertos, estaciones de tren y puertos.

La respuesta  de la Intervención de la Administración del Estado, fechada el pasado 9 de mayo, confirma que los servicios de Uber o Cabify pueden usarse siempre que haya una autorización previa -como se exige también con los taxis- en una serie de supuestos: desplazamientos dentro del término municipal; desde el lugar de inicio del servicio hasta el destino y el regreso, incluidos los traslados que se produzcan en ese destino; y en desplazamientos desde o con destino a estaciones de tren, autobuses, puertos y aeropuertos.

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Hacienda deja claro que los funcionarios solo podrán hacer uso de los VTC bajo autorización expresa previa. Este es un matiz muy importante puesto que se entiende que la elección vendrá dada, no solo por la necesidad en un momento puntual, sino también por criterios de precio y calidad del servicio. Más aún, precisa el documento que “la determinación del medio de transporte a utilizar corresponde a quien autorice la comisión de servicio”.

Por último, el documento también aclara que, a la hora de justificar el gasto a reembolsar, será necesario presentar, no solo el justificante correspondiente, sino también la documentación que acredite la contratación del servicio. “Se podrá presentar la factura expedida y recibida vía Internet en formato PDF”, detalla el organismo.

VTC y taxi no son lo mismo

Ahora bien, el Gobierno hace hincapié en todo momento en que taxi y VTC se trata de dos medios de transportes que no son equiparables. “No son equivalentes ni en su regulación ni en su autorización”, señala el documento, para añadir que “el taxi está configurado, en nuestro ordenamiento jurídico, como un transporte público discrecional de viajeros sometido a unas obligaciones que no tiene el transporte VTC y una de ellas, la principal, es la sujeción a una tarifa máxima”.

De esta forma, Hacienda se cubre las espaldas, puesto que abrir las puertas a la cobertura de gastos por el uso de este tipo de vehículos podría reavivar las protestas del taxi, que piden cuanto menos igualdad de condiciones para evitar lo que consideran una competencia desleal por parte de los VTC.

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Publicado por El Independiente.

Quién es quién en el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Valencia

Los concejales responsables de las nuevas áreas del Ayuntamiento de Valencia. De izquierda a derecha: 1ªfila: Sandra Gómez, Sergi Campillo y Guiseppe Grezzi; 2ª fila: Pilar Bernabé, Pere Fuset e Isabel Lozano; 3ª fila: Ramón Vilar, Luisa Notario y Aarón Cano./LP
Los concejales responsables de las nuevas áreas del Ayuntamiento de Valencia. De izquierda a derecha: 1ªfila: Sandra Gómez, Sergi Campillo y Guiseppe Grezzi; 2ª fila: Pilar Bernabé, Pere Fuset e Isabel Lozano; 3ª fila: Ramón Vilar, Luisa Notario y Aarón Cano. / LP

Compromís logra su pretensión de tener nueve áreas de Gobierno pero no consigue unificar Movilidad y Protección Ciudadana

Á. S.

Á. S.ValenciaSábado, 13 julio 2019, 12:37

Tras más de un mes de tensas y difíciles negociaciones, Compromís y PSPV han logrado hoy cerrar un acuerdo de Gobierno satisfactorio para ambos. El gobierno municipal tendrá finalmente nueve áreas. Compromís se quedará con cinco mientras que el PSPV dirigirá cuatro, con un marcado ‘mestizaje’ dentro de algunas de ellas, como Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos, y con otras donde no se mezclarán los concejales, como Movilidad, que compartirán Giuseppe Grezzi y Lucía Beamud, o Participación, Derechos e Innovación de la Democracia, que se partirán Ramón Vilar y Elisa Valía. Alcaldía mantiene las competencias sobre Relaciones con los Medios e Innovación y Gestión del Conocimiento (Carlos Galiana), Inspección General y Evaluación de los Servicios (Luisa Notario) y Hacienda (el mismo Vilar)-

Así, las nueve áreas serán Gestión de Recursos, encabezada por Luisa Notario (Compromís); Protección Ciudadana, con Aarón Cano (PSPV) como regidor de área; Bienestar y Derechos Sociales, coordinada por Isabel Lozano (Compromís); Educación, Cultura y Deportes, con Pere Fuset (Compromís) al frente; Desarrollo y Renovación Urbana y Vivienda, encabezada por Sandra Gómez (PSPV); Movilidad Sostenible y Espacio Público, dirigida por Giuseppe Grezzi (Compromís); Ecología Urbana, Emergencia Climática y Transición Energética, de Sergi Campillo (Compromís); Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y Ocupación, con Pilar Bernabé (PSPV) como delegada; y Participación, Derechos e Innovación Democrática, liderada por Ramón Vilar (PSPV).PUBLICIDAD

Tello, Galiana, Beamudy Ramón se quedansin gestionar áreas después del acuerdo

Especialmente llamativo ha sido el trasvase de Vivienda, que ha pasado de València en Comú, que ya no está en el Consistorio… a Compromís. Será Lozano la concejala delegada, lo que llama la atención porque es la única regidora de la formación econacionalista en el área ‘monocolor’ de Desarrollo y Renovación Urbana. Además, el PSPV había deslizado un especial interés por gestionar Vivienda, dado que ninguno de los dos socios de Gobierno estaba de acuerdo con la gestión de la marca blanca de Podemos había hecho de la cuestión en el anterior mandato y por la relación entre este área y Urbanismo. Finalmente, se queda en manos de Compromís.

Los nacionalistas recuperan Viviendatras la criticada gestiónde València en Comú

El organigrama municipal está formado por estas nueve áreas, con sus correspondientes concejalías:

Acuerdo para el Ayuntamiento de Valencia

“Detrás del conflicto de las VTC hay una trama de poder financiero, amiguismo y puertas giratorias”

José Miguel Fúnez, portavoz de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, denuncia que “nombres relevantes” de la vida política y económica española controlan las licencias de Uber y CabifyPor José

Cartel repartido por los taxistas en Barcelona.

El conflicto de las licencias de VTC−que ha llevado a la huelga a miles de taxistas y al colapso en Madrid y Barcelona−, está destapando una supuesta gran trama de intereses formada por elites financieras y políticas que hasta ahora permanecía oculta. Así lo asegura al menos José Miguel Fúnezportavoz de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, quien sugiere en una entrevista en exclusiva para Diario16 que detrás de la crisis en el sector hay un problema de “puertas giratorias”, de amiguismos y de influencias entre ciertas altas esferas que pretenden hacer negocio a costa de acabar con el taxi tradicional.

Luego detrás del conflicto del taxi hay mucho más que un problema laboral…

Esto es un problema que ha generado la Administración. Hay 12.000 autorizaciones de VTC ahora mismo a nivel nacional que están en manos de 26 personas, y de esas 26 personas el 80 por ciento de las autorizaciones están en manos de ocho. No más. Yo tengo en mi poder ahora mismo una operación de 195 millones de euros hecha el pasado mes de junio. Y le cuento cómo nos ha llegado, porque puede ser que haya sido por casualidad o puede ser perfectamente que nos lo hayan dejado con intención. A nosotros en cierta ocasión nos llega un pendrive de alguien que se le ha caído en el taxi de un compañero. Cuando él sube a su casa y lo mira se queda flipado, hablando en el argot de la calle. Al abrirlo en nuestra oficina nos encontramos con que una asesoría de inversión contratada por ciertas personas, entre ellos José Antonio Parrondo [expresidente de la Asociación Gremial del Taxi] y alguno más, lo que hacen es buscar inversores para hacer una compra de alrededor de 4.000 autorizaciones, cuando el PP había sacado un real decreto en noviembre de 2017 diciendo que las autorizaciones no se podían vender ni transmitir. Bueno pues empezamos a investigar y nos encontramos con que en todo esto hay una parte que son los propietarios de las VTC −que cuando se sepa quiénes son la gente entenderá dónde está el negocio− y que detrás está el BBVA, que ha sido el que ha abierto los créditos para que esas autorizaciones (que son autorizaciones, no licencias) se compraran por 50.000 o 60.000 euros. El BBVA ha dado muchísimos préstamos para ello. Detrás de ello también está una empresa de inversión de riesgo que se llama Seaya Ventures, en la que está su hija, Beatriz González…

¿La hija de…?

La hija de Francisco González, presidente del BBVA. Luego empezamos a ver cómo hay gente que se está moviendo alrededor de todo esto, siendo contratada por las empresas que están creando el conflicto. Ciertamente Uber y Cabify no tienen coches y no tienen empleados, no tiene nada, es una mera aplicación informática. Pero claro, nos encontramos al señor Íñigo de la Serna, anterior ministro de Fomento, que ha sacado diferentes reales decretos, inclusive el que sacó elevando a rango de ley aquella famosa frase del 1-30 −una autorización de VTC por cada 30 taxis− y nos lo encontramos en una empresa que se llama Nec que se dedica a la implantación de sistemas de tecnología y comunicación en las ciudades. Luego tenemos al señor Ildefonso Pastor, que hace tres años, cuando salió del Partido Popular de Valladolid, ha sido diputado y senador por el PP, y que le contrata Uber. Nos encontramos al señor Isaac Martín Barbero, que trabajaba en el Ministerio de Fomento en el momento en que estaba gobernado por el Partido Popular y que trabaja para Cabify. Nos encontramos al señor Xavier Cima, que es el marido de Inés Arrimadas…

De eso ha hablado usted en televisión…

Efectivamente, Cima era diputado catalán y está hoy en Uber. Tenemos a Rosauro Varo, el hijo de Amalia Rodríguez, diputada en el Congreso por el Partido Socialista Obrero Español. Acumula miles de VTC y está en la operación que le he dicho antes de los 195 millones de euros junto con fotografías, wasaps, email, audios con los Garrigues, gente bastante importante que cuando vean ustedes las fotos les va a interesar. Seguimos: tenemos al señor Jaime Castellanos, que es banquero y cuñado de Emilio Botín. Acumula miles de VTC y las tiene metidas en Uber y Cabify. Tenemos al señor Pedro del Corro, que tiene miles de VTC y es consejero de Mediapro y Globomedia y las explota a través de Uber y Cabify. Y tenemos a Bernardo Hernández, que es un ex consejero de Uber y Yahoo en España y acumula miles de VTC que explota a través de Uber y Cabify. A todo esto tenemos más gente, más nombres relevantes, sobre todo el que le he dicho antes, Seaya Ventures, que es una empresa de capital de riesgo, donde encontrará usted a Beatriz González, la hija de Francisco González, presidente del BBVA. No tenemos problema en enseñar toda la información y fotografías que hay en ese pendrive que casualmente se dejaron en un taxi…

Entiendo entonces que alguien se deja un pendrive en ese taxi y ahí consta la información…

Sí, y le comento por qué. En este pendrive barajamos la posibilidad de que la empresa que busca los inversores y llega a unos acuerdos lo redacta en dos demandas: una de ellas hemos comprobado a través de nuestro abogado que está interpuesta. Todo viene redactado perfectamente. Ellos llegan a un acuerdo para buscar inversores en el que hay un fijo y un variable. Pues una vez conseguida la inversión y de haber pagado el fijo el variable no se lo pagan. Estamos hablando de un millón y pico de euros. ¿Qué hace esta empresa? Pues toda la documentación que tiene de conversaciones, de reuniones, de emails, de wasaps, de fotos, todo, lo coge y hace una denuncia por impago de su trabajo. Y ese pendrive está en nuestras manos.

¿Qué piensan hacer con esa información?

Pues mire usted, esa información disponemos de ella hace ya un tiempo, pero da la casualidad de que como hay personas tan sumamente relevantes hay un acto de cobardía en nuestro país y no hay por dónde meterle mano. Nosotros nos encontramos con que, habiendo confiado en alguna prensa que creemos que está manipulada, lo hemos dado y no ha salido nada a la luz ni a nadie le interesa sacar a la luz todo esto. Lo ponemos a disposición de los medios de comunicación para que se pueda ver que lo que decimos nosotros realmente es cierto punto por punto porque nosotros conocemos a la gente y estamos detrás de todo esto.

La conclusión es que el problema de las licencias de VTC es algo mucho más profundo que un simple conflicto laboral entre taxistas y otras empresas que quieren entrar en el sector: hablamos de políticos y de poder financiero con una serie de intereses…

Efectivamente, detrás de todo esto hay una trama de poder financiero y lo que llamamos en este país el amiguismo. Esto, como nosotros decimos, es una historia de puertas giratorias. El problema que tiene el sector del taxi es que nosotros los taxistas somos microempresas y ahí no existen las puertas giratorias, por eso claro, es difícil apoyarlo. Pero me gustaría explicarle que cuando en televisión hay ciertas personas, ciertos contertulios que lanzan una opinión yo, con todos mis respetos, creo que deberían estudiar un poco más el tema para dar ciertas opiniones, porque yo puedo poner aquí, encima de la mesa, documentación que es pública: sentencias de los tribunales, sentencias del Tribunal Constitucional, sentencias del Tribunal Supremo. Si queremos que en este país se cumpla la ley lo primero que tenemos que hacer es respetar lo que dicen los tribunales. Existe separación de poderes, no puede ser que el poder legislativo esté haciendo caso omiso a lo que el poder judicial puede llegar a decir.

Publicado por Diario 16


Los autónomos en crisis podrán librarse de hasta el 75% de su deuda con Hacienda y la Seguridad Social

autonomos
Autónomos (Foto: iStock)

El Tribunal Supremo acaba de dar un gran balón de oxígeno a los autónomos españoles con deudas con Hacienda y la Seguridad Social. La Ley de Segunda Oportunidad que se aprobó en 2015 (Real Decreto-ley 1/2015 del 27 de febrero) dejaba fuera la exoneración de los créditos con el Fisco español, lo que convertía a la norma que daba a los empresarios personas físicas la posibilidad de comenzar de nuevo en papel mojado. A partir de ahora, una sentencia del Supremo (STS de 381/2019, de 2 de julio) permitirá a los autónomos que puedan librarse de hasta el 75% de su deuda con Hacienda y la Seguridad Social y comenzar de cero. Consulta aquí la sentencia.

El Supremo amplía en dicha sentencia la capacidad de los juzgados de lo mercantil para actuar sobre las deudas con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, que la Ley dejaba, hasta ahora, fuera de exoneración. La nueva jurisprudencia permitirá que los autónomos puedan tener una segunda oportunidad real, ya que la deuda con el Fisco y la Seguridad Social se convierte, en muchas ocasiones, en el mayor quebradero de cabeza para los empresarios personales.

Con fecha de dos de julio, la sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por la Agencia Tributaria (AEAT) contra una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (diciembre de 2015), en la que se daba la razón a una persona que se había acogido a la Ley de Segunda Oportunidad. El fallo no solo deja en manos de los juzgados de lo mercantil el fraccionamiento de la parte no exonerable del crédito público (hasta ahora Hacienda tenía la última palabra), sino que “de facto abre la puerta a que a los deudores se les condone más de la mitad de la deuda contraída con las administraciones públicas, en concreto el crédito ordinario subordinado (intereses, recargos, sanciones y un 50% de la cuota)”, según la asociación de autónomos ATA.

El resto —el crédito privilegiado, aquel que tiene prioridad de pago— podrán abonarlo en un plan de pagos fraccionados de hasta cinco años que tenga en cuenta su capacidad económica real. Es decir, en la práctica los autónomos en crisis podrán ver cómo los tribunales les perdonan hasta el 75% de la deuda con Hacienda y la Seguridad Social, según las fuentes consultadas por OKDIARIO.

Hasta ahora la Ley de Segunda Oportunidad había sido un auténtico fracaso. Apenas 9.000 personas se habían acogido desde su entrada en vigor en julio de 2015, una cifra muy lejana de los más de 100.000 que se han beneficiado de medidas similares en Alemania o Francia, según las estimaciones de Centro de Estudios sobre la Ley de la Segunda Oportunidad, que emplea datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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El pronunciamiento del Tribunal Supremo limita, en gran medida, la situación preferente de la Administración tributaria ante la solicitud de exoneración de las personas físicas sometidas a un proceso concursal. ATA solicita al Gobierno que remiende la Ley de Segunda Oportunidad para adaptarla a la sentencia del Supremo.

Publicado por Ok diario.