El motivo es que este viernes se aprueba el decreto ley de la Generalitat Valenciana que obliga a que la contratación de estos servicios se haga con un cuarto de hora de antelación, según UNAUTO
Uber y Cabify dejarán de operar en Valencia cuando entre el vigor el nuevo decreto ley de la Generalitat que regula las licencias VTC y que está previsto que se apruebe el viernes. El motivo, según explica Ricardo González, portavoz de UNAUTO, la asociación mayoritaria en el sector de alquiler de vehículos con conductor, en la Comunitat Valenciana, es que el decreto ley de la Generalitat Valenciana obliga a que la contratación de estos servicios se haga con un cuarto de hora de antelación.
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Fuentes de Uber y Cabify, han confirmado a Cadena SER que efectivamente dejarán de operar en la ciudad cuando entre en vigor el decreto ley de la Generalitat, si se aprueba el viernes.
El portavoz de UNATO, insiste que este ‘decreto a la catalana’, atenta contra el artículo 38 de la Constitución Española que permite la libertad de empresa y las normas de la Unión Europea donde se permite la unidad de mercado.
Precisamente este jueves se han presentado los resultados de una encuesta de opinión que revela cómo valoran los españoles al sector de las VTC y los últimos cambios en la regulación de las VTC. Según UNAUTO, el 67% de los españoles piensa que las autoridades no deberían limitar la aparición de nuevas formas de movilidad como Uber y Cabify.
Además, el 82% considera que las compañías como Uber y Cabify tienen un impacto positivo en la creación de nuevos puestos de trabajo y para el 76% estas aplicaciones tienen un impacto positivo en la movilidad urbana.
El 81% de los ciudadanos cree que las autoridades deberían liberalizar el sector,igualando las condiciones para que tanto el taxi como los VTC puedan prestar servicio en las mismas condiciones. Además, aseguran que un 60%, cree que la regulación del conflicto entre el sector del taxi y el de las VTC debería corresponder al Gobierno central.
Un 77% de los ciudadanos valora negativamente la regulación aprobada recientemente por la Generalitat de Cataluña, mientras que un 64% está de acuerdo con la decisión de la Comunidad de Madrid de no acceder a las demandas del sector del taxi.