La Inspección admite que hay centenares en situación irregular y les concede de plazo hasta septiembre para que se registren antes de empezar a imponer sanciones
Los cientos de viudas y taxistas jubilados de la capital grancanaria que son titulares de licencias y no están registrados como autónomos, tienen siete meses más de plazo para regularizar su situación e inscribirse como trabajadores autónomos. Agotado dicho plazo, la Inspección de Trabajo comenzará con la imposición de sanciones. Así lo advirtieron los responsables de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo durante la reunión que mantuvieron hace unas semanas con los representantes de las dos cooperativas de taxis, San Cristóbal y Las Palmas, y la Asociación de Trabajadores Autónomos de Autotaxis (ATAT).
La decisión de Trabajo de dar unos siete meses más de plazo a los titulares en situación irregular para que se den de alta fue rechazada por la Asociación de Titulares de Autotaxi de Canarias (Atlatc) y la Asociación de Asalariados, que acusan a Trabajo de “amparar la ilegalidad” y exigieron que se les aplique la ley ya. Según estas dos asociaciones, que han propiciado con sus denuncias la apertura de dos procesos penales contra los floteros, en la actualidad hay unos 800 titulares de licencia cobrando la pensión, cuyos taxis han sido arrendados de manera ilegal a terceras personas.
Francisco Capellán, director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, reconoció que “todo titular de licencia de taxi tiene que estar registrado como autónomo” y añadió que se puede compatibilizar la explotación de un taxi, como cualquier otro negocio, con la percepción de una pensión de jubilación o viudedad, una situación que se denomina jubilación activa. En ese caso, aclaró, sólo puede percibir la mitad de la pensión, salvo que los ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. En el caso de las viudas, pueden cobrar la pensión en su totalidad, pero están obligados a cotizar como autónomas, por lo que tienen que pagar un mínimo de 200 euros al mes a la Seguridad Social.
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