Según recomienda la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en la España rural tanto unos como otros podrían hacer un buen servicio. Esta posibilidad ya estuvo sobre la mesa durante las negociaciones del llamado ‘decreto Ábalos’.
- OKDIARIO
- 03/02/2020 13:09
La CNMC pide a las administraciones que tengan en cuenta a los taxis y a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en lugar de autobuses o ambulancias para determinadas rutas de transporte sanitario, laboral o escolar sobre todo en los pueblos pequeños.
OKDIARIO ya informó en septiembre de 2018 de que el Ministerio entonces de Fomento liderado por José Luis Ábalos ya contemplaba sustituir autobuses por VTC y taxis en la España rural como modo de dar salida a estas licencias de forma más eficiente.
CNMC cree que con este movimiento se pueden reducir costes y además dar un buen servicio a los usuarios. El regulador presidido por José María Marín Quemada cree que son «más convenientes» para «zonas rurales con baja densidad de población».
En el caso del transporte sanitario, apunta a la asistencia programada a centros hospitalarios para recibir tratamientos como diálisis, radioterapia o rehabilitación. También lo estima óptimo para el desplazamiento regular de empleados públicos.
El estudio de la comisión parte de las «quejas» que asegura haber recibido en los últimos años de operadores de transporte que consideran que las administraciones competentes les excluyen «injustamente» de los concursos públicos para realizar este tipo de traslados.
En su informe, constata que, en España, las rutas de transporte escolar y laboral se realizan «mayoritariamente en autocares», y las sanitarias, «en ambulancias».
Así, tras analizar medio centenar de licitaciones de este tipo de transportes realizadas por las administraciones en los últimos años, la CNMC concluye que en alguna de ellas «se ha restringido la participación de operadores, resultando en ocasiones perjudicados los taxis y los operadores de VTC».
Ahorro público
Además, estima que estas limitaciones, «en muchas ocasiones fruto de las regulaciones», han supuesto «un mayor coste para las arcas públicas y menores incentivos para prestar un servicio de calidad».
De esta forma, todo ello incumple el principio de «buena regulación», al habilitarse unas dotaciones «no necesarias y proporcionadas para el interés general».
Por todo ello, recomienda «evitar las discriminaciones entre licencias de taxi y VTC, y que el operador tenga que disponer de una licencia local de transporte».
Asimismo, insta a las administraciones a no imponer un determinado vehículo en función del número de pasajeros de la ruta, a «aclarar» la regulación del transporte sanitario no asistido y no urgente, y, además, a fijar una duración de las adjudicaciones del servicio «que no resulte excesiva en función de las inversiones que haya que realizar».
