El nuevo reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sobre licencias de vehículos de alquiler con conductor, los llamados VTC, prevé multas de hasta 6.000 euros para quienes incumplan la nueva normativa, que obliga a contratar estos servicios con una hora de antelación mínima.
El ente supramunicipal prevé aprobar este martes el documento, al que ha tenido acceso Efe, que se acoge a los supuestos que fijó la Generalitat catalana -medioambientales, de congestión y de seguridad- para elevar el período de contratación contemplado en la norma autonómica, de quince minutos hasta la hora.
En caso de que se incumpla este punto, el más controvertido de la norma y el que provocó la marcha de Uber y Cabify de la capital catalana, las sanciones oscilarán entre los 301 y los 1.400 euros, al considerarse una “infracción grave”.
En el mismo epígrafe se recogen prácticas como la captación de clientes en la calle o en puntos reservados para taxis, incumplir los dos días de descanso obligatorios y no disponer de una póliza de seguro en los parámetros exigidos. Como infracción “muy grave” y, por lo tanto, sancionado con hasta 6.000 euros, se contempla la prestación del servicio sin inscripción previa en el Registro de Vehículos o poner en riesgo la seguridad del pasaje, entre otros.
Precisamente, el Registro de Vehículos es una de las claves del nuevo reglamento, ya que los VTC deberán hacer constar en él todas sus carreras: “el día y la hora prevista de recogida, el origen y destino y los recorridos mínimos y máximos previstos”. Asimismo, “los vehículos afectos a los servicios urbanos deberán disponer de un dispositivo homologado que permita acceder a los trayectos realizados y puntos de estacionamiento, de forma georeferenciada y con horarios de prestación”.
Gracias a toda esta información, se podrá fiscalizar que los VTC cumplan con las restricciones que les impone el nuevo reglamento metropolitano, que ha provocado el rechazo del sector incluso antes de salir a la luz. Además de obligar a contratar con un mínimo de 60 minutos de antelación, el reglamento también fija dos días de descanso obligatorio -uno entre semana y otro en fin de semana- para los conductores de VTC, que no podrán captar a pasajeros en la calle y tampoco podrán usar la geolocalización para que los usuarios sepan por dónde están circulando.
En este sentido, la norma subraya que “si el vehículo está circulando sin pasajeros, el conductor tendrá que justificar la inscripción del servicio en el registro de servicio correspondiente o, si es el caso, que se dirige a su lugar de estacionamiento”. A los vehículos inscritos en el registro se les entregará una acreditación, consistente en un adhesivo identificativo que se tendrá que poner en un la parte inferior derecha de la luna delantera del vehículo.
Con todo, en el preámbulo del reglamento el AMB incide en que el objetivo del mismo es garantizar la convivencia “proporcionada” entre taxis y VTC, a partir de la premisa de que prestan servicios “diferentes”
Un grupo de asistentes al MWC fotografía ayer un stand en la primera jornada del congreso.
CARLOS SEGOVIA
26/02/2019 02:38
La organización del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona ha decidido vetar a Cabify en sus conferencias tecnológicas por su choque con la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento que dirige Ada Colau. La considerada mayor startup española queda así fuera, en insólita decisión, de un panel que tiene lugar hoy precisamente para explicar cómo han crecido «las startup en España».
Fuentes oficiales de GSMA, la empresa organizadora del evento, confirman a EL MUNDO el veto y que éste se produce «por temas políticos» y evitar herir sensibilidades. «En la GSMA trabajamos duro para asegurarnos de ofrecer una gran experiencia a nuestros más de 107.000 asistentes durante la semana que asisten al MWC de Barcelona. No somos una organización política, por lo que no está en nuestro ánimo involucrarnos en temas políticos», justifican en la organización.
Cabify, al igual que Uber, anunció el pasado mes su salida de Cataluña tras la nueva legislación de la Generalitat que, en su opinión, cedía ante el sector del taxi y restringía decisivamente su negocio en contraste con la Comunidad de Madrid y otros países del mundo en los que opera.
Un portavoz de Cabify niega a este diario que la empresa fuera a realizar una intervención política en el MWC, sino que se iba a ceñir al tema de la conferencia. Se titula From Zero to Hero: Fastest-Growing Startups in Spain (de partir de cero a convertirse en héroe, las startups de más rápido crecimiento en España) y Cabify iba a ser claro protagonista al ser la primera empresa del país en convertirse en unicornio, apelativo reservado a las tecnológicas que pasan a valer más de mil millones de dólares.
«Estamos sorprendidos de que en un panel sobre este tema quede fuera la mayor startup de España», agrega. La organización espera una presencia de mil inversores de todo el mundo en esto tipo de empresas a lo largo del evento.
La directora de Regulación de Cabify y directiva del Barcelona, Marta Plana, fue invitada el pasado enero a participar en el citado panel junto a Andrés Saborido, el responsable en España de Wayra, filial de Telefónica. De hecho, fue Wayra la encargada de cursar las invitaciones, pero se le instó a eliminar a Plana del panel.
El director de las conferencias en GSMA, Pere Durán, consideró que en este evento que patrocinan, entre otros, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, podía ser contraproducente la presencia de Cabify. En consecuencia, no sólo no permite a Cabify prestar servicio de transporte en Cataluña como antes, sino que tampoco se le permite intervenir en el mayor evento tecnológico internacional del momento.
«Todos entendemos que la tecnología puede tener un efecto polarizador en algunos sectores, y los debates son obviamente muy complejos. En cualquier caso, siempre ponemos por delante los intereses y requerimientos de nuestros asistentes. Cuando la tecnología trasciende a la política, nosotros, como organizadores del evento, no podemos involucrarnos en tanto en cuanto va en detrimento de ofrecer el mejor evento posible», agregan las citadas fuentes de GSMA para explicar el veto.
Sí son aceptados junto a Saborido, Fernando Saiz (Tappx), Diana Piemari (Housers), Jason Harmon (Typeform) y se ha unido Mariano de Beer, director comercial digital de Telefónica. Entre los patrocinadores de las conferencias destaca Banco Sabadell y también participan el propio Estado y Telefónica, entre otros.
Si en Cataluña su Ejecutivo ha conseguido al menos tener de cara a los taxistas a costa de legislar contra los vehículos de Uber o Cabify, en Madrid el Gobierno regional no ha cedido ni un milímetro a las demandas del taxi para posicionarse con los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Sin embargo, en la Comunidad Valenciana, la regulación que plantea la Generalitat, y que supone un pulso directo a las VTC, no sólo no le ha servido para contentar al taxi sino que, además,acabará con toda probabilidad en los tribunales.
Así lo avanzó ayer a este diario el presidente en la Comunidad Valenciana de la patronal Unauto, que agrupa a las empresas con licencias de VTC y donde se integran Uber o Cabify. Ricardo González se mostró muy crítico con las líneas maestras desgranadas por el director general de Transporte de la Conselleria de Vivienda, Carlos Domingo. «Es una aberración, estamos ante un decreto a la catalana que supondrá la desaparición del servicio de VTC en Valencia y Alicante», expresó.
Además, González advirtió de que «la Generalitat va a tener que indemnizar a las empresas de VTC por cambiar las condiciones». Es decir, Unauto recurrirá a los tribunales para exigir indemnizaciones «por daños y perjuicios», que según González podrían oscilar en total entre los 300 y 500 millones de euros solo en la Comunidad Valenciana. Y a ello habría que sumar el medio millar de trabajadores que según Unauto se verán abocados al paro.
Como ya se intuía, la regulación de la precontratación era el asunto que más distanciaba al sector del taxi de las VTC. Mientras la patronal Unauto peleaba por que la Conselleria no les impusiese un tiempo mínimo obligatorio entre la solicitud del servicio y su inicio, las asociaciones del taxi habían reclamado un mínimo de 12 horas.
El departamento que dirige María José Salvador ha optado finalmente por la solución catalana: la contratación de un VTC con 15 minutos de antelación, permitiendo a los ayuntamientos ampliar este plazo. «15 minutos no es admisible», lamentó el presidente de Unauto, quien ya había alertado de que si la regulación iba en esa línea -como finalmente ha sido-, el negocio de las VTC dejaría de tener sentido en la Comunidad Valenciana.
Así que, en palabras de González, «los VTC seguirán dando el servicio hasta el último día antes de la entrada en vigor del decreto». Pero el problema que se le plantea ahora a la Conselleria es doble:al conflicto con las empresas de vehículos de alquiler con conductor se suma la previsible guerra con los taxistas que, pese a las concesiones, consideran la norma del Consell totalmente insuficiente.
Como explicó Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del Taxi de Valencia, «el Consell ha perdido una oportunidad» con esta regulación de las VTC, que al final «no contenta a nadie». De entrada, porque el borrador presentado por la Conselleria no tiene para nada en cuenta la exigencia de los taxistas de fijar una precontratación de 12 horas. «15 minutos es lo que tarda ya en llegar el vehículo», insistió Del Molino.
Es decir, lo que para las empresas de VTC supone un freno claro a su actividad, para los taxistas no cambia nada en la práctica. Y si la propuesta de regulación de la precontratación no ha contentado a nadie, el sector del taxi censura igualmente que la Generalitat trate de pasarle la patata caliente a los ayuntamientos.
«Involucrar a los ayuntamientos nos obligaría a tener que hablar con todos ellos», lamentó Del Molino, pues la situación de cada municipio es diferente y, por tanto, enmarañaría todo el proceso.
Del Molino, que destacó la posición unánime de todo el sector del taxi, no descartó ninguna medida de presión en los próximos días. Aunque los taxistas se van a dar un tiempo para consensuar cómo proceder a partir de ahora e incluso «acercar posturas» con la Administración, lo cierto es que «no se descarta nada». Dicho con otras palabras, una posible huelga del taxi está sobre la mesa.
Convivencia
Y ello a pesar de que la consellera María José Salvador se esforzó por trasladar ayer el mensaje de que el decreto que se está elaborando persigue «establecer una regulación para que los dos sectores puedan convivir y ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio sin conflictos que les puedan perjudicar».
«El objetivo final de la Generalitat es que la ciudadanía reciba el mejor servicio posible y la forma de desplazamiento que cada uno elija no se vea afectada por ningún conflicto», insistió la consellera.
En la actualidad, en la Comunidad Valenciana existen 4.685 licencias de taxi por 323 licencias de VTC, con lo que ya se ha superado la ratio legal de 30 de taxi por cada una de VTC. A partir de ahora, se tendrá que redactar el borrador del decreto que será sometido a información pública. Una vez se recabe el informe de la Abogacía, se aprobará en el pleno del Consell.
¿QUÉ REGULARÁ LA GENERALITAT?
Transporte interurbano.
La Generalitat se centrará en regular los servicios de transporte interurbano que realicen las VTC, dejando en manos de los ayuntamientos la regulación del transporte en el ámbito estrictamente urbano. El argumento oficial es que «no es lo mismo Benidorm que Valencia», pero se abre la puerta a que los consistorios aumenten el tiempo de precontratación, al igual que ha sucedido en Barcelona.
Geolocalización.
Era una de las demandas del taxi, que pedía la prohibición de que los coches de Uber o Cabify estén geolocalizados para operar a través de sus aplicaciones. Con este impedimento, la forma de operar de estas plataformas pierde todo su sentido.
Captación de clientes.
No se permitirá la captación a los vehículos de alquiler que circulen por las vías públicas en busca de clientes, lo que implicará que tendrán que permanecer en sus bases o aparcamientos. Deberán tener menos de 10 años y ser sustituidos por «coches ecológicos»
El concejal de Movilidad de Valencia, Giuseppe Grezzi, lo tiene claro: el mínimo de 15 minutos que ha propuesto la Generalitat para la precontratación de los VTC (Uber y Cabify) son insuficientes. Por ello, el edil ha anunciado que el Ayuntamiento pretende asumir las competencias en la regulación de los vehículos de alquiler con conductor para ampliar este margen a como mínimo una hora.
De esta manera, los usuarios de las plataformas de Uber y Cabify deberán contratar los servicios de este tipo de transporte con una antelación mínima de una hora. Así se lo ha trasladado el concejal a los representantes del taxi con los que se reunió por primera vez para trazar la estrategia del ayuntamiento con respecto a la regulación del sector.
Grezzi copia así al Ayuntamiento de Barcelona dirigido por Ada Colau, la primera institución que anunció su decisión de fijar en una hora el plazo mínimo para la contratación de los VTC. El edil aseguró al término del encuentro con los taxistas que uno de los puntos en los que se ha producido ya un acuerdo es, precisamente, éste, el de la precontratación. «Vamos a estudiar la posibilidad de ampliar los 15 minutos que fijará el decreto del Consell a una hora. De lo contrario, estaríamos ante una situación de competencia desleal», explicó durante su intervención ante los medios.
El anuncio del concejal de Valencia ha caído como un jarro de agua fría en la patronal de las VTC en la Comunidad. El presidente de Unauto, la asociación que engloba a las principales plataformas de VTC como Uber o Cabifi, Ricardo González, se mostró sorprendido con las declaraciones del edil de Movilidad cuando, señaló, todavía no se ha publicado oficialmente el decreto del Consell que debe regular el uso de las licencias VTC.
«No estábamos contentos con el periodo de precontratación de 15 minutos que parece que pretende implantar la Generalitat, pero el anuncio del concejal de Movilidad nos produce indignación», ha asegurado.
Valencia acuerda con el taxi fijar una hora de precontratación para los VTC
El Ayuntamiento de Valencia y el sector del taxi han acordado fijar un tiempo mínimo de una hora de precontratación con los VTC, una medida que podrá hacerse efectiva si se aprueba el decreto de la Generalitat para regular este servicio.
El concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, y los representantes del sector que forman parte de la Mesa del Taxi se han reunido este miércoles para analizar la situación creada con motivo de la regulación de los VTC y han acordado establecer ese mínimo para que no se produzca competencia desleal.
Grezzi ha asegurado a los periodistas que el plazo de precontratación de los VTC de quince minutos no es suficiente para hacer un control efectivo del servicio discrecional que prestan estos vehículos y que otras ciudades como Barcelona y comunidades como País Vasco o Baleares están explorando su ampliación.
Por parte del taxi, el presidente de la Federación Sindical del Taxi y de la Confederación de Taxistas Autónomos, Fernando del Molino, ha explicado que esperaban “más”, aunque una hora les parece “aceptable”, y ha pedido que en próximas negociaciones se regule también sobre los tiempos de descanso de los VTC y el estacionamiento.
En el día de ayer, 19 de
Febrero de 2019, tuvo lugar una reunión entre los representantes de las
Organizaciones Nacionales del sector del Taxi y la Subinspectora General de
Inspección de Transportes en el Ministerio de Fomento.
En esta reunión se presentó
la Pagina Web de Control de servicios de VTC que el sector llevaba esperando
desde 2017, promesa incumplida por el anterior Ministro de Fomento Iñigo de la
Serna que ha materializado por fin el actual Ministro de Fomento José Luis Ábalos.
Lo primero que se
manifestó, es que de acuerdo con el Real Decreto 1076/2017, que regula esta
página Web, el objetivo de la misma es controlar la precontratación en los
servicios de VTC y que no se incumpla el máximo de 20% de servicios fuera de la
Comunidad.
Posteriormente presentaron
el funcionamiento de la misma y la forma de registrar los servicios por parte
de los titulares de VTC o de los autorizados por estos titulares por este orden:
1º Comunicación del servicio
(hasta que el sistema no contesta al presentador del servicio, este no estará
legalmente comunicado) con los siguientes datos:
Matricula del vehículo,
fecha y hora de recogida, datos del viajero, municipio de recogida y municipio
de fin del servicio.
2º Confirmación del
servicio con todos los datos ya comunicados.
ANTAXI manifestó que esta Página Web tiene muchas
deficiencias, ya que el Artículo 2 del citado Real Decreto 1076/2017 dice que
los titulares (y no las plataformas) deberán comunicar por vía electrónica, los
datos reseñados en el Artículo 24 de la Orden FOM 36/2008:
“En cada hoja de ruta se hará constar el nombre y
número del documento nacional de identidad o código de identificación fiscal
del arrendador y el arrendatario; el lugar y fecha de celebración del contrato;
el lugar, fecha y hora en que ha de iniciarse el servicio y el lugar y fecha en
que haya de concluir; la matrícula del vehículo; así como el resto de las
circunstancias que se establezcan, en su caso, por la Administración o que
libremente pacten las partes.”
ANTAXI entiende que si la Pagina Web no refleja todos
estos datos, se estaría incumpliendo el Artículo 2 citado del Real Decreto.
La Subdirectora comunicó
su intención de poner en funcionamiento la Página Web en el mes de Marzo para
ir mejorándola progresivamente, incluyendo las propuestas hechas en la reunión
por parte del sector, a lo que se le contestó que si no incluye estas
modificaciones antes de iniciar su puesta en marcha, el sector volverá a pensar
que es otra promesa incumplida por el Gobierno con una herramienta de control
que no controla casi nada.
ANTAXI SEGUIRÁ LUCHANDO
POR UN SERVICIO PÚBLICO DE CALIDAD PARA EL USUARIO Y POR UN TRABAJO DIGNO PARA
EL TAXISTA
La Confederación de Autónomos no hará más protestas y peleará por endurecer la norma en cada ayuntamiento
J. B. | València 18.02.2019 | 16:45
Protesta de taxis, la pasada semana en València Germán Caballero
La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana ha decidido apoyar la tramitación del decreto para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC) planteado por el Consell para las actividades de Uber y Cabify, con el objetivo de asegurar “al menos” una regulación autonómica. De este modo, pretende iniciar el trabajo con los ayuntamientos para mejorar lo que considera que es una “deficiente” propuesta de regulación.
Así lo ha hecho saber en un comunicado, después de que la semana pasada la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, advirtiera que “si el sector del taxi no acepta este decreto, probablemente no haya decreto, nos quedaríamos como estamos“.
La propuesta del Consell para regular a las VTC incluye: 15 minutos de precontratación mínima para los VTC, elevar a rango de Ley Autonómica la prohibición de circular y estacionar en la vía pública sin contratación previa existente en el Rott, prohibir la geolocalización en las app y dar más competencias a los Ayuntamientos, incluida la de poder ampliar el tiempo de precontratación o poder imponer regulaciones horarias y diarias. El Ayuntamiento de València, donde se vive el mayor conflicto, se ha mostrado abierta a aumentar esa espera en la línea que en Barcelona, donde se contempla fijar una hora.
Desde la Confederación lamentan que la Conselleria “cierra así la negociación” y avisa que el sector tiene aproximadamente un mes para aprobar, publicar y convalidar el Decreto. De no aceptar la propuesta, “ya no dará tiempo a aprobarlo”, advierten.
Este Decreto afectará a municipios grandes y pequeños por lo que la Junta Directiva de la Confederación ha esperado a escuchar “todos los puntos de vista antes de tomar una decisión, ya que no ha conseguido tomarla desde la unidad con el resto de asociaciones de la Comunidad”, ha lamentado.
Con su apoyo a la tramitación del decreto, “al menos aseguramos una regulación autonómica de los VTC, viendo la incertidumbre del futuro político que se ha abierto con la noticia de Elecciones Generales del próximo día 28 de Abril, sumado a las elecciones Autonómicas y Municipales del próximo 26 de Mayo”, argumentan desde la Confederación.
Ante esta situación, la Confederación ha decidido sumarse a la tramitación del decreto, a pesar de que considera que las medidas que plantea son “insuficientes para evitar que las VTC dejen de hacer una competencia desleal al taxi y que esto en definitiva supondrá la precarización paulatina del Servicio Publico del Taxi”.
De hecho, la semana pasada el sector se manifestó para protestar contra el “insuficiente” texto del Consell. La Confederación ha aprovechado para dar la “enhorabuena a los compañeros de toda la Comunitat Valenciana que, una vez más estuvieron, luchando por su sector, además de agradecer profundamente a varios compañeros de Madrid que estuvieron también en Valencia demostrando su apoyo”.
EUROPA PRESS 17.02.2019 – 12:58H Uber y Cabify no dan servicio en Barcelona desde el 1 de febrero por las “restricciones” del Govern al VTC. Un cohe con licencia VTC circulando por Madrid. RICARDO RUBIO/EUROPA PRESS El Ministerio de Fomento prevé poner en marcha el próximo 1 de marzo el registro online al que los vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify, estarán obligados a notificar todos los trayectos de transporte que realicen, según informan fuentes oficiales. Con este registro, Fomento busca garantizar que los servicios de las VTC cumplen con los requisitos que tienen fijados por ley, esto es, que son contratados previamente y no recogen a pasajeros en la vía pública o en grandes recintos como estaciones, aeropuertos, estadios o estaciones. Además, también vigilará que este tipo de transporte cumple con el porcentaje de viajes que pueden realizar fuera de la comunidad autónoma en la que ha obtenido su licencia. No obstante, el registro, que durante este mes de febrero está en pruebas, tendrá una labor sólo informativa durante los dos primeros meses. Así, será a partir del 2 de mayo cuando permita iniciar procedimientos sancionadores en el caso de que detecte eventuales infracciones por parte de las VTCs, según detallaron dichas fuentes. Instrumento de control de las VTC El registro se pone en marcha en virtud del Real Decreto aprobado por el anterior Gobierno en diciembre de 2017, el que también prohibió a los titulares de licencias de VTC venderlas en los dos años posteriores a su obtención. Con este Decreto, promovido por el entonces ministro de Fomento Íñigo de la Serna, se pretendió evitar una burbuja de compraventa de licencias VTC ante las miles que concederán estos años los tribunales como consecuencia del vacío legal registrado en el sector entre los años 2013 y 2015. Asimismo, también se buscaba habilitar un instrumento de control de la actividad del sector de VTC en un intento de atajar el conflicto abierto con el gremio del taxi, que le acusa de intrusismo y competencia desleal. Tras los trabajos y pruebas pertinentes, el Ministerio de Fomento, actualmente dirigido por José Luis Ábalos, baraja poner finalmente este registro en marcha el próximo 1 de marzo. A partir de esa fecha, las firmas como Uber y Cabify tendrán que dar cuenta de todos y cada uno de los servicios que realicen. Regulación de las CC AA Este instrumento online constituye una de las vías que la Administración central tiene para actuar en el ámbito del sector de los VTC, tal como el titular de Fomento indicó en una reciente comparecencia parlamentaria, toda vez que el pasado año aprobó, también por Decreto Ley, habilitar a los gobiernos regionales para que regulen el sector. El registro se pondrá en marcha mientras que los distintos gobiernos autonómicos están haciendo uso de estas competencias de diferente forma. Así, en Cataluña, el Govern ha aprobado una regulación que obliga a contratar las VTC con una antelación mínima de quince minutos. Esta medida, ante la que Uber y Cabify han dejado de operar en Barcelona, está siendo analizada por otras regiones como el País Vasco, Valencia y Aragón, mientras que, por contra, en Madrid, el Ejecutivo regional rechaza implantarla.
14 de febrero de 2019RICARDO RUBIO/EUROPA PRESS – ARCHIVO
Permitirá detectar infracciones y sancionar a partir del 2 de mayo
El Ministerio de Fomento prevé poner en marcha el próximo 1 de marzo el registro ‘online’ al que los vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify, estarán obligados a notificar todos los trayectos de transporte que realicen, según informaron a Europa Press en fuentes oficiales.
Este registro es un instrumento con el que Fomento pretende garantizar que las VTC cumplen con los requisitos que tienen establecidos por ley, esto es, que prestan trayectos contratados previamente y no recogiendo a pasajeros en la vía pública o en grandes recintos como estaciones, aeropuertos, estadios o estaciones.
Además, también permitirá vigilar que este tipo de transporte cumple con el porcentaje de viajes que estos coches pueden realizar fuera de la comunidad autónoma en la que ha obtenido su licencia.PUBLICIDAD
No obstante, el registro, que durante este mes de febrero ha estado “en modo de preproducción”, tendrá una labor sólo informativa durante los dos primeros meses.
Así, no será hasta el 2 de mayo cuando permita iniciar los eventuales procedimientos sancionadores en el caso de que detecte infracciones por parte de las VTCs, según detallaron a Europa Press en dichas fuentes.
El registro se pone en marcha en virtud del Real Decreto aprobado por el anterior Gobierno en diciembre de 2017, el que también prohibió a los titulares de licencias de VTC venderlas en los dos años posteriores a su consecución.PUBLICIDAD
Con este Decreto, promovido por el entonces ministro de Fomento Íñigo de la Serna, se pretendió evitar una ‘burbuja’ de compraventa de este tipo de licencias ante las miles que se espera se concedan estos años los tribunales como consecuencia del vacío legal que el sector registró entre los años 2013 y 2015.PUBLICIDAD
Asimismo, también se buscaba habilitar un instrumento de control para la actividad del sector de VTC, para intentar atajar el conflicto que tiene abierto con el gremio del taxi, que le acusa de intrusismo y competencia desleal.
Tras los trabajos y pruebas pertinentes, el Ministerio de Fomento, actualmente dirigido por José Luis Ábalos, baraja poner finalmente este registro en marcha el próximo 1 de marzo, fecha a partir de la que las firmas como Uber y Cabify tendrán que informar de todos y cada uno de los servicios que realicen.
EN PLENA REGULACIÓN DE LAS CC.AA.
Este instrumento ‘online’ constituye una de las vías que la Administración central tiene para actuar en el ámbito del sector de los VTC, tal como el titular de Fomento indicó en una reciente comparecencia parlamentaria, toda vez que el pasado año aprobó, también por Decreto Ley, habilitar a los gobiernos regionales para que regulen el sector.
El registro se pondrá en marcha mientras que las gobiernos autonómicos están habiendo uso de estas competencias de distinta forma.
Así, en Cataluña, el Govern ha aprobado una regulación que obliga a contratar las VTC con una antelación mínima de quince minutos. Esta medida, ante la que Uber y Cabify han dejado de operar en la Comunidad, está siendo analizada por otras regiones como el País Vasco, Valencia y Aragón, mientras que, por contra, en Madrid el Ejecutivo regional rechaza implantarla.
La instructora, siguiendo un informe de la Fiscalía, considera que en este momento no hay indicios “suficientes, contundentes y claros” para continuar las actuaciones contra dos taxistas
Un bombero ante los vehículos de Cabify quemados. / M.G.
No hay “indicios suficientes, contundes y claros” para atribuir a dos taxistas su participación en el incendio de los nueve coches de la empresa Cabify en la madrugada del 2 de mayo de 2017, durante la Feria de Abril. Este es el principal argumento que ha llevado a la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, a archivar una de las piezas de la macrocausa de la mafia del taxi, en concreto, la que investigó el incendio de los nueve vehículos de esta VTC.
La magistrada ha dictado un auto, con fecha 29 de enero y al que tuvo acceso este periódico, en el que acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de esta causa, una decisión en la que la juez ha valorado el informe realizado por la Fiscalía de Sevilla en el que señala que “en este momento y estado de las investigaciones, concurriendo elementos indiciarios para la imputación pretendida a persona concreta de la autoría de tales hechos, no se estiman suficientes para mantener una acusación”.PUBLICIDAD
Dice la juez que hay indicios para situar a dos taxistas –J. J. F. B. y F. B. H., este último fue detenido por la Guardia Civil como presunto participante en la quema de los vehículos– el “día antes” de los hechos en la gasolinera de Castilblanco de los Arroyos, llevándose uno de ellos una “garrafa de combustible” y conversando largo tiempo entre ellos e incluso uno de los taxistas, precisa la juez, había estado en el aparcamiento de la villa rural de Castilblanco viendo los vehículos de Cabify y hablando con los conductores.
También hay indicios, prosigue la juez, para situar a ambos taxistas en esta localidad sevillana, uno de ellos, J. J. F. B. durante “toda la noche” y F. B. H. “en la franja horaria en la que tiene lugar el incendio”. Sobre este último taxista, la instructora apunta que está “acreditado” que es “partícipe activo en el conflicto contra los VTC y miembro de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi (AHST), estando incurso en la investigación seguida contra la misma por las actuaciones para mantener el monopolio de uso de la parada del aeropuerto”.
La juez recuerda en el auto que las investigaciones se iniciaron sobre las “sospechas” de que una persona que se había identificado como taxista, estuvo haciendo preguntas en las instalaciones de la villa rural de Castilblanco, siendo la misma persona que fue vista el 1 de mayo de 2017 comprando una garrafa de combustible en la estación de servicio del pueblo.
LA JUEZ DEJA ABIERTA LA POSIBILIDAD A REABRIR LA CAUSA SI SE PRACTICARAN NUEVAS DILIGENCIAS
El informe de la investigación del incendio concluye precisamente afirmando que el fuego fue “intencionado” y que se utilizaron agentes aceleradores y que comenzaron en las ruedas delanteras de cada vehículo, propagándose fácilmente a los motores. Además se colocó un candado en la cancela de hierro de acceso al recinto “en un intento de dificultar tanto la entrada de posibles vehículos de extinción de incendios, como la salida de alguno de los vehículos para evitar los daños”.
La magistrada explica a continuación que las investigaciones se centraron en el estudio de los teléfonos móviles de los dos taxistas sospechosos, las llamadas que hicieron y su posicionamiento, lo que situó a F. B. H. esa noche en Sevilla y en localidades muy cercanas, “probablemente prestando servicios en la Feria, salvo entre las 01:28 y las 2:33 horas, en que se le sitúa en Castilblanco de los Arroyos y de nuevo de vuelta a Sevilla, coincidiendo con la franja horaria en la que se comete el incendio”.
Sobre la participación de este taxista en el conflicto del sector con las empresas de VTC, la instructora señala que hay conversaciones grabadas en las que se dirige a estas empresas denominándolas “cucarachas”, cambiando además información sobre dónde estarían estacionados estos vehículos en la Feria y en ese contexto, continúa la magistrada, pronuncia frases del tenor “ya huele a carbón tío”, “a mí me vas a hablar de barbacoas, si a mí me gusta más una barbacoa que a un tonto un lápiz”.
La juez considera además “significativo” que este taxista, que es miembro de Solidaridad del Taxi –la asociación investigada en otra pieza junto a sus líderes–, en una conversación con otro taxista que le comenta que una vez le pincharon la rueda del coche en el aeropuerto, le respondiera que “ya no le iban a hacer nada más allí, lo que permite claramente relacionar estas acciones cuando menos, con la actividad desarrollada por la AHST en relación al monopolio de la parada del aeropuerto de Sevilla”, que se investiga en otra pieza en la que también está imputado F. B. H.
LAS CLAVES DEL AUTO
1 Los indicios no son suficientes La juez, coincidiendo con el fiscal, no aprecia indicios “suficientes, contundentes y claros” para actuar contra dos taxistas
2 Uno compró una garrafa de gasolinaEntre los indicios, señala la instructora que un taxista compró una garrafa de gasolina un día antes del incendio
3 Los teléfonos móviles los sitúan en la villa rural Uno de los taxistas estuvo toda la noche en Castilblanco y el otro en la franja horaria en la que se produjo el suceso
4 Participación en el conflicto con las VTC Un taxista es “partícipe activo” en el conflicto y miembro de la Asociación Hispalense de Solidaridad
5 Insultos a los VTC en los pinchazos telefónicos En las grabaciones, uno de los taxistas se refiere a los VTC como “cucarachas” y afirma que “ya huele a carbón”
6 Las “carencias” de la investigación La defensa pidió anular las escuchas por las “sobresalientes carencias” que había en las pesquisas
Para la juez, no deja tampoco muchas dudas la interpretación igualmente de la conversación que mantiene el 6 de mayo de 2018 con otro taxista, en la que llama “cucarachas cabronas”, “hijos de puta” y “putos perros” a los Cabify y llega a decir “más, más van a salir ardiendo”.
Pero a pesar de todos estos indicios, la juez, de acuerdo con la Fiscalía, concluye que “no concurren suficientes indicios, contundentes, claros, para imputar a los mismos la autoría del delito de dañosintencionados con incendio en el modo pretendido, por lo que sin perjuicio y pendiente de lo que pueda adicionarse a esta investigación en resultas de nuevas diligencias que se practiquen, procede en este momento procesal acordar el sobreseimiento provisional y archivo provisional de las actuaciones”.
EL TAXISTA DETENIDO INSULTÓ A LOS VEHÍCULOS VTC EN LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS PRACTICADAS
La debilidad de los indicios ya fue denunciada por la defensa del taxista F. B. H., quien en julio del año pasado pidió a la juez que anulara las escuchas telefónicas que le fueron practicadas a él y a sus familiares debido a las “sobresalientes carencias” de las que a su juicio adolecía la investigación realizada por la Guardia Civil.
En un escrito, la defensa de este taxista reclamó entonces la expulsión de las grabaciones realizadas a los teléfonos móviles y de las transcripciones de dichas conversaciones. El taxista consideraba, no obstante, que esas escuchas son inútiles a efectos incriminatorios, y solicitaba la exclusión del proceso por las “sobresalientes carencias”.
El sospechoso sostenía en su escrito que después de varios atestados policiales y más de un año de investigación todavía persistían numerosas incógnitas en torno a la quema de los nueve vehículos de Cabify, y así estimaba que no se había esclarecido el papel que tuvo en los hechos el taxista a quien desde un primer momento se identificaba como el principal sospechoso.
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