El ministerio comunica al sector que no está en su agenda abrir más la puerta a las aplicaciones. La CNMC ha denunciado la normativa actual ante la Audiencia Nacional por considerar que establece restricciones a la competencia
Estibadores, autopistas de peaje quebradas, liberalización del transporte ferroviario de pasajeros… la lista de asuntos que el Ministerio de Fomento tiene en cartera pendientes de resolución en el corto y medio plazo es amplia. Pero en esta extensa agenda no figura modificar la normativa que regula la actividad de aplicaciones dedicadas al transporte colaborativo como Uber, Cabify o BlaBlaCar. Así se lo transmitió el viernes de la semana pasada el director general de Transportes Terrestres, Joaquín del Moral, a los representantes de Fedetaxi.
Varios miembros de la comisión de gobierno de la patronal del taxi se reunieron con el alto cargo de Fomento para abordar el asunto de la posible modificación del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT). En los últimos días, se habían desatado rumores en el sector sobre un posible cambio en la norma que regula el servicio de transporte de viajeros en turismos de alquiler con conductor (VTC) por la que se rigen servicios como los ofrecidos por las plataformas digitales Uber y Cabify.
Los comentarios se habían originado a raíz de una consulta pública colgada en su web por el departamento que dirige Íñigo de la Serna en cumplimiento de la nueva ley de transparencia y buen gobierno. Pero según la patronal del taxi, Del Moral transmitió al colectivo que no está en la agenda del ministerio modificación alguna de una regulación que, además, está pendiente de lo que dictaminen los tribunales.
Desde que se aprobó en 2015, la ROTT ha suscitado el rechazo no sólo de las compañías directamente afectadas por su aplicación sino de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo que dirige José María Marín Quemada se ha posicionado abiertamente en contra de cualquier restricción a la competencia en el sector del transporte de viajeros por carretera. En abril del año pasado interpuso un recurso ante la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional para remover las, a su juicio, «restricciones injustificadas a la competencia» que incluye la ROTT. Varios son los límites que la CNMC cree que se deberían eliminar. El más polémico, la obligatoriedad de que para conceder una licencia VTC deban existir al menos treinta de taxi, lo que «impide que ambos medios compitan entre sí y que los viajeros puedan beneficiarse de más disponibilidad de vehículos, menor tiempo de espera y mejores tiempos», según argumenta Competencia. El organismo también está en contra de que los VTC no puedan recoger clientes en la calle como lo hacen los taxis y sólo puedan transportar a aquellos que hayan contratado previamente sus servicios. Tampoco considera justificado que las licencias para este tipo de vehículos sólo puedan ser utilizadas en la comunidad autónoma en la que se solicitan y algunos requisitos técnicos que se piden a los coches como que tengan un máximo de diez años de antigüedad o que sean necesarios un mínimo de siete vehículos para operar en el mercado.
En opinión de la CNMC, todas esta «restricciones» van «en contra de la unidad de mercado, carecen de justificación económica, obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio nacional y reducen el bienestar». En un informe posterior publicado en junio del año pasado, Competencia cifraba los perjuicios para la sociedad de estas restricciones en 324 millones de euros al año.
Frente a la posición de la CNMC, el sector del taxi argumenta de Uber y las aplicaciones similares no tienen «nada de colaborativas», «generan precariedad» y arruinan a miles de autónomos.
La denuncia de la CNMC ante la Audiencia Nacional no es el único procedimiento judicial pendiente de respuesta por parte de los tribunales. El Tribunal Supremo podría romper definitivamente la proporción de treinta taxis por cada licencia VTC que establece la ROTT si unifica doctrina a favor de las empresas como Uber y Cabify, lo que perjudicaría enormemente al sector del taxi. Aunque en julio de 2013 la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT) estableció ya esa proporción de treinta a uno, algunos tribunales superiores de justicia autonómicos entienden que la limitación sólo es de aplicación desde la aprobación en 2015 de la ROTT. Por ese motivo, han dado la razón a algunos de los que solicitaron 3.000 nuevas licencias VTC en toda España en ese periodo de dos años transcurrido entre la aprobación de ambas normativas. Otros tribunales, sin embargo, consideran que la limitación rige desde 2013 y las han denegado. Para acabar con la dicotomía, la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Transportes, está presentando recursos de casación ante el Supremo para que unifique doctrina.