Fuentes socialistas admiten que si se lo hubiesen enseñado a las regiones no lo hubieran aprobado
- Los antidisturbios desalojaron a los taxistas acampados en el Paseo de la Castellana / Efe
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Pese a que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el de la Comunidad de Madrid son los que están soportando el envite del sector del taxi por la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), lo cierto es que a ambos ejecutivos regionales no les ha quedado otra que lidiar con un conflicto que les ha caído de más arriba, del Gobierno central.
Y además, que les vino impuesto en unas condiciones con las que ni estas dos ni el resto de comunidades autónomas estaban de acuerdo. El decreto-ley del Ministerio de Fomento aprobado en septiembre por el Consejo de Ministros y convalidado un mes después por el Congreso de los Diputados, que establece el marco general de funcionamiento de los VTC y que delega en las autonomías su regulación, fue redactado de espaldas a los ejecutivos regionales. Fuentes parlamentarias socialistas admiten que «de haberles enseñado el decreto tal y como se aprobó, no hubiese salido adelante. Se hubiesen empezado a introducir cambios y la norma no se habría aprobado».
Fomento, añaden, se limitó a mantener reuniones con las comunidades en las que les ofreció detalles del decreto, pero nunca llegó a mostrarles un borrador. El departamento que dirige José Luis Ábalos priorizó sacarlo adelante ante la presión que estaba ejerciendo el sector del taxi a lograr un documento de mayor consenso que tal vez hubiera evitado conflictos y movilizaciones como los que se han vivido las dos últimas semanas en Madrid y Barcelona.
Las comunidades autónomas nunca quisieron hacerse cargo de regular el sector de los VTC. Y no sólo las gobernadas por el Partido Popular (Madrid, Galicia, La Rioja, Castilla y León y Murcia). En una reunión convocada por el Ministerio de Fomento a primeros de octubre, después de que el decreto hubiese sido aprobado ya por el Consejo de Ministros, hasta once regiones reprocharon al departamento de Ábalos su forma de proceder por no haberles consultado los puntos cruciales de una norma que ahora deben aplicar ellos. Entre las autonomías que criticaron la gestión estaban el País Vasco, Cataluña, Canarias, Aragón, en la que Gobierna el PSOE, y Cantabria, en la que los socialistas son el aliado en el que se apoya el Partido Regionalista de Cantabria. Otros territorios, como la Comunidad Valenciana, también de gobierno socialista, prefirieron no cargar las tintas en este encuentro. Sin embargo, públicamente habían reconocido con anterioridad su poco entusiasmo por tener que regular el sector.
A la sensación que tenían de que Fomento les traspasaba las competencias sobre las VTC para quitarse de encima el problema, las autonomías sumaron después como argumento para rechazar su gestión las dudas que les generaba el decreto de Fomento sobre quién debería hacerse cargo de las posibles indemnizaciones a que podrían tener Uber o Cabify si los tribunales les dan la razón en sus reclamaciones. Su patronal, Unauto, ya prepara la artillería legal después de que haya advertido en los últimos meses de que cualquier cambio legal que consideren que limite su actividad será recurrido ante la Justicia. Y entienden que la precontratación de sus servicios con hasta una hora de antelación introducida por la Generalitat de Cataluña lo es.
Por eso, podrían reclamar hasta un máximo de 1.000 millones de euros en el que caso de Cataluña. Una cantidad que, según advierte Unauto, se puede disparar si el decreto-ley de la Generalitat les obliga a cerrar y tienen que afrontar indemnizaciones a conductores, empresas de «leasing» o cancelar contratos. Aunque Ábalos ha asegurado que, de haberlas, las afrontaría el Estado porque las normas autonómicas emanan del decreto de Fomento, lo cierto es que la normativa estatal no recoge nada por escrito. Por ello, los nacionalistas catalanes han exigido que, durante el trámite de enmiendas al que se está sometiendo el decreto en el Congreso, se reconozca tal circunstancia por escrito.