De la Serna logra el apoyo político para ‘blindar’ al taxi y esquivar una liberalización de las VTC en el Supremo

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presenta ayer la ampliación de una autopista en Santander.

  • Llama al resto de fuerzas políticas para presentar un real decreto-Ley que perpetúa el ratio 1/30 entre VTC y taxis
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asumido en persona el reto de lograr un gran pacto político en torno al taxi que permita blindar a este sector frente a la «competencia en condiciones de desigualdad» con grupos como Uber o Cabify. De la Serna ya ha mantenido contactos directos con representantes de otros partidos políticos para lograr apoyo en la convalidación del real decreto-Ley que Fomento quiere llevar de forma inminente a Consejo de Ministros con el objetivo de perpetuar el ratio 1/30, explican distintas fuentes parlamentarias a EL MUNDO.

Esta restricción establece la concesión de una licencia VTC para el alquiler de vehículos con conductor -usadas por las plataformas digitales- por cada 30 de taxi. El Gobierno busca adelantarse con esta maniobra a la sentencia del Tribunal Supremo que juzgará si el ratio 1/30 y otras restricciones aprobadas por Fomento en 2015 sobre el sector son legales. Se prevé que la resolución del Alto Tribunal se conozca en las próximas semanas tras la vista de conclusiones celebrada el pasado martes. De la Serna ha advertido a sus interlocutores de que una sentencia desfavorable del Supremo podría conllevar como consecuencia la autorización de miles de nuevas licencias VTC, propiciando el hundimiento del valor de las de taxi y arruinando al sector.
Además del límite en las licencias, el Supremo deberá pronunciarse sobre la restricción a la circulación de los vehículos VTC entre autonomías -la norma actual establece que un 80% de los recorridos debe realizarse en la región donde obtiene la licencia- y la obligación de contar con una flota mínima de 7 vehículos de gama media para obtener el título.
La estrategia de Fomento ha sido bien aceptada en un primer momento – «a falta de conocer la letra pequeña del decreto», aseguran fuentes parlamentarias- por todos los grupos políticos con amplia representación en el Congreso. PSOE, Ciudadanos y Podemos están de acuerdo en apoyar la convalidación de la nueva Ley con el fin de crear un «periodo de transición ordenada» hacia un nuevo modelo de movilidad en el que convivan taxis y VTC.

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El partido que dirige Pedro Sánchezse muestra partidario de apoyar el 1/30 siempre y cuando se abra luego un debate sobre la modernización del sector, tal y como ya ha intentado promover a través de una iniciativa parlamentaria. Coincide en este punto con Ciudadanos, que dará su apoyo a la convalidación con el compromiso de que Fomento reúna a la mesa sectorial del transporte para iniciar la reforma del taxi. El partido naranja apunta en sus propuestas de reforma del taxi a la flexibilización de las tarifas -permitiendo precios fijos para servicios precontratados, como los VTC- y la supresión de restricciones territoriales.
Uno de los primeros apoyos que dejó encauzado De la Serna ha sido el de Podemos, partido que incluso ha participado en sus protestas en la calle. «Nos han tendido la mano conocedores de nuestra férrea defensa de los taxistas. A la espera de conocer el texto, creemos que un acuerdo puede ser muy positivo para todo el país», explican desde esta formación.
El director general de Transporte de Fomento, Joaquín del Moral, había trasladado en distintos encuentros con el sector la voluntad del Gobierno para aprobar un real decreto-Ley que blinde la normativa del taxi. No obstante, fuentes oficiales de este departamento dijeron la pasada semana desconocer estas intenciones a preguntas de este medio.
El Gobierno tendrá que justificar a través de esta figura su «urgente y extraordinaria necesidad». De hecho, todavía quedaría margen para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -que pide la liberalización del sector- interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional. Precisamente, una de las últimas veces que el Gobierno utilizó esta vía fue para aprobar la indemnización a la plataforma de gas Castor en Castellón, que el pasado mes de diciembre fue anulada por el tribunal constitucional al no estar argumentada su «urgencia»

El partido que dirige Pedro Sánchezse muestra partidario de apoyar el 1/30 siempre y cuando se abra luego un debate sobre la modernización del sector, tal y como ya ha intentado promover a través de una iniciativa parlamentaria. Coincide en este punto con Ciudadanos, que dará su apoyo a la convalidación con el compromiso de que Fomento reúna a la mesa sectorial del transporte para iniciar la reforma del taxi. El partido naranja apunta en sus propuestas de reforma del taxi a la flexibilización de las tarifas -permitiendo precios fijos para servicios precontratados, como los VTC- y la supresión de restricciones territoriales.
Uno de los primeros apoyos que dejó encauzado De la Serna ha sido el de Podemos, partido que incluso ha participado en sus protestas en la calle. «Nos han tendido la mano conocedores de nuestra férrea defensa de los taxistas. A la espera de conocer el texto, creemos que un acuerdo puede ser muy positivo para todo el país», explican desde esta formación.
El director general de Transporte de Fomento, Joaquín del Moral, había trasladado en distintos encuentros con el sector la voluntad del Gobierno para aprobar un real decreto-Ley que blinde la normativa del taxi. No obstante, fuentes oficiales de este departamento dijeron la pasada semana desconocer estas intenciones a preguntas de este medio.
El Gobierno tendrá que justificar a través de esta figura su «urgente y extraordinaria necesidad». De hecho, todavía quedaría margen para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -que pide la liberalización del sector- interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional. Precisamente, una de las últimas veces que el Gobierno utilizó esta vía fue para aprobar la indemnización a la plataforma de gas Castor en Castellón, que el pasado mes de diciembre fue anulada por el tribunal constitucional al no estar argumentada su «urgencia»

Publicado por el Mundo.

Cuenta atrás para el Gobierno: Uber se prepara para barrer al taxi con 30.000 VTC

Fomento ha esperado tanto a resolver el conflicto del taxi que ahora se encuentra con un problema: 30.000 licencias VTC que podrían entrar en vigor por una carambola judicial

Foto: Foto: madrid.org.
Foto: madrid.org.

El futuro del taxi, Uber y Cabify se decide ahora mismo mientras usted lee estas líneas. Unos y otros viven pendientes de dos acontecimientos clave: la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre la liberalización o no del sector, y el real decreto que el Gobierno planea aprobar este viernes o el viernes 27 para dejar sin efecto ese mismo fallo del Supremo. Es una jugada ‘in extremis’: saltarse al alto tribunal para seguir imponiendo barreras a la actividad de Uber y Cabify. Sin embargo, Fomento ha esperado tanto a hacerlo que se va a encontrar con un serio problema de última hora: alrededor de 30.000 licencias VTC solicitadas desde 2015 hasta hoy que, por una carambola jurídica, podrían entrar en vigor para acabar de reventar por completo al taxi.

Se trata de las licencias que se han ido solicitando en toda España desde el 20 de noviembre de 2015. En esa fecha, el Gobierno cerró el grifo de los permisos VTC con la aprobación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), y estableció el famoso tope de 1/30 (una VTC por cada 30 taxis). En teoría, todas las licencias solicitadas con posterioridad serían denegadas. Pero muchas empresas de transporte las fueron pidiendo en previsión de un posible cambio legislativo en el futuro. Ese cambio puede llegar ahora en forma de liberalización por parte del Supremo. Y las peticiones se han disparado.

MANUEL ÁNGEL MÉNDEZ

Los datos de los tres últimos años en Madrid sirven de ejemplo. En 2016, apenas se solicitaron 1.800 licencias VTC; en 2017, 1.600; pero en lo que va de año esa cifra ha volado a las 6.000 peticiones, con picos de 1.000 por día, según datos de la comunidad. Se estima que en toda España la bolsa total de licencias a la espera de luz verde ronda las 30.000. Esas son justo las que ahora pueden quedar aprobadas dependiendo de cómo y cuándo llegue la sentencia del Supremo y cómo y cuándo aterrice el real decreto del Gobierno.

“Es muy sencillo. Si el Supremo mueve ficha antes que el Gobierno, anuncia su sentencia y liberaliza el sector, esas 30.000 licencias VTC quedarían aprobadas y se podrían pedir miles más antes del real decreto de Fomento. Si ocurre al revés, y llega primero el real decreto y luego la sentencia del Supremo liberalizando el sector, las 30.000 licencias quedarían aprobadas pero no se podrían pedir más”, explican fuentes del sector. La razón, según apuntan especialistas jurídicos, es que la nueva ley del Gobierno no tendría efecto retroactivo, pero la sentencia del Supremo sí.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. (EFE)
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. (EFE)

Su puesta en marcha efectiva no sería tan directa y sencilla. “Es muy probable que la administración bloquease todas esas licencias en caso de que se diera este supuesto. Hablaríamos entonces de procesos judiciales que podrían durar de dos a cuatro años hasta dirimir la aprobación final o no de las licencias. Pero es una ventana legal que podría darse dadas las circunstancias actuales”, explica una fuente del sector.

En otras palabras: Fomento llega tarde a taponar una inundación para salvar al taxi y se le pueden colar 30.000 permisos más. Teniendo en cuenta que hoy en día hay alrededor de 7.000 VTC activas en España (frente a 69.000 del taxi), solo esas 30.000 adicionales supondrían ya un golpe de muerte al sector. Y hay una empresa que está al acecho y sería la única y gran beneficiada de todo este galimatías judicial: Uber.

Directivos de la multinacional estadounidense están de hecho contactando a las grandes empresas VTC españolas para animarlas a pujar por las 30.000 licencias en el aire. Una de esas empresas es Moove Cars, gigante que cuenta con casi 8.000 licencias en su poder y que ha firmado un acuerdo con Uber para operar casi 5.000 en su plataforma. Sin embargo, ni Moove ni el resto de sus competidores están de momento por la labor. El motivo: quieren proteger su inversión.

Protesta de taxistas en Madrid el pasado verano. (EFE)
Protesta de taxistas en Madrid el pasado verano. (EFE)

Curiosamente, estos ‘amos’ de las licencias VTC en España (Moove Cars, Gesstaxi, Vector…) se están uniendo al taxi para empujar al Gobierno a aprobar un real decreto ‘in extremis’ saltándose al Supremo (y la separación de poderes). Todos menos Uber desean que se apruebe la nueva ley. Una liberalización del sector, como pretende la CNMC, supondría una avalancha de nuevas VTC y la caída del precio de los permisos. Las millonarias inversiones de decenas de empresarios, de repente, no valdrían casi nada.

Cabify es el otro ‘bicho raro’: ahora mismo prefiere que las cosas se queden como están a optar por una liberalización completa. “Lo dijo su propio abogado en la vista previa en el Supremo esta semana. Ellos quieren mantener el ratio actual real de VTC y taxis, un 1/9 o 1/7, no el 1/30. ¿Por qué? Han hecho una inversión brutal y quieren rentabilizarla. Además, son dueños de licencias a través de participaciones accionariales en empresas. Si hay una avalancha de nuevas VTC, ellos también perderían mucho dinero“, explica una fuente del sector.

Si hay una liberalización, Uber se come el pastel. Y si no la hay, a corto plazo habría tablas, pero a largo, Uber barrerá a Cabify

Una liberalización total o parcial supondría encima algo todavía más preocupante: la victoria del más fuerte, de la compañía con más dinero en los bolsillos. Y solo hay una en España que gana en ese frente: Uber. Sus 21.000 millones de dólares de financiación frente a los 400 millones de Cabify hacen que la batalla entre ambos sea ridículamente desigual.

Es quizás la mayor paradoja del puzle legal que se avecina: ver a enemigos máximos (taxi, Cabify e inversores y empresas de VTC) unidos ahora para apoyar al Gobierno en su real decreto antiliberalizador solo por puro interés económico. Unos y otros contienen la respiración ante la sentencia del Supremo, que tal vez no llegue hasta la semana que viene, ya que aún no se ha producido el señalamiento de votación y fallo. Si esto ocurre, el Gobierno tendrá la ventaja de mover primero. Pero la partida no ha hecho más que empezar.

Publicado por el Confidencial.